Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, fue elegido nuevamente gobernador regional de Junín para el periodo 2019-2022. Pero en agosto del 2019 fue sentenciado por corrupción y tuvo que ser apartado del cargo. (Foto: Archivo GEC)
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, fue elegido nuevamente gobernador regional de Junín para el periodo 2019-2022. Pero en agosto del 2019 fue sentenciado por corrupción y tuvo que ser apartado del cargo. (Foto: Archivo GEC)
Rodrigo Cruz

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Desde hace un año, la fiscalía anticorrupción de Huancayo busca que se inicie el juicio oral por presunta malversación de fondos contra el exgobernador de Junín, . Ya la etapa de control de acusación terminó meses atrás y solo esperaban que comience el siguiente nivel del proceso. El Poder Judicial de esa ciudad había fijado para el martes 18 a las 9:30 a.m. la audiencia, pero ese mismo día, el juez Guido Arroyo Ames, del 6to Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, decidió reprogramar la convocatoria para el próximo 7 de junio a la misma hora.

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De acuerdo al magistrado, el juicio oral no podía comenzar debido a que uno de los acusados se encontraba enfermo. Según pudo conocer este Diario, se trata de la exfuncionaria del gobierno regional de Junín Rocío Bonifacio (ex subgerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente). Fuentes de la fiscalía en Huancayo afirmaron que ese mismo martes manifestaron su oposición de cambiar la fecha de la audiencia por el motivo antes expuesto. No obstante, el juez insistió en su postura.

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Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de tres años para el líder de Perú Libre (medida que, de acuerdo a la fiscalía anticorrupción, aumentaría a cinco años a razón de que el exgobernador regional cuenta, desde el 2019, , lo que agravaría su situación). El caso es por el proyecto “Reforestación de la margen derecha del río Mantaro”, valorizado en más de 29 millones de soles y que empezó a ejecutarse en el 2009.

La tesis de la fiscalía es que, a pedido de Cerrón, el gobierno regional de Junín retiró el presupuesto destinado a esa obra y lo direccionó para otras. Entre ellas, el Puente Comuneros. “Lo que se afectó aquí es el principio de legalidad presupuestal”, dijo un representante de la fiscalía a El Comercio. Por este caso, la Procuraduría Anticorrupción confirmó que se ha solicitado una reparación civil de S/100 mil, aunque precisaron que esa pretensión fue planteada por el Ministerio Público.

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El Caso Puente Comuneros también viene siendo investigado por la fiscalía anticorrupción, como parte de las investigaciones del Caso “La Centralita” y los contratos que Martín Belaunde Lossio buscó al interior del país para empresas de su preferencia.

Por este caso, Cerrón tiene comparecencia restringida. Se sospecha que, como parte de una organización criminal, el exgobernador acordó con Belaunde Lossio que la empresa Antalsis resulte beneficiada con la ejecución de esta obra de más de S/20 millones.

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