El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está en la mira de la justicia mucho antes de que su partido sirviera de vehículo político para llevar a Pedro Castillo a la presidencia. Sus presuntos actos ilícitos se investigan desde su primera gestión como presidente regional de Junín.
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Desde entonces, delitos de corrupción, lavado de activos y terrorismo se vienen investigando en el Ministerio Público y procesando en el Poder Judicial. Entre ellos, el que más relevancia ha tenido en el caso “Los Dinámicos del Centro” que inició el subsistema anticorrupción en Junín, pero que tuvo que ser trasladado a Lima por lo complejo que se volvió el caso.
Perú Libre, el partido político fundado por Cerrón Rojas también viene siendo investigado por lavado de activos. A continuación, los casos más importantes que tienen al expresidente regional de Junín como principal implicado en presuntos actos ilícitos.
En más de una oportunidad, Cerrón apeló al argumento de “persecución política” ante las investigaciones fiscales.
“Persecución más clara que el agua. Informe de DIRANDRO dice que no hay nada relevante en las escuchas. La juez dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante. Viene presión mediática e invierte reglas fiscales. ¿Es la forma de administrar justicia?”, escribió en sus redes sociales a finales de agosto sobre el caso Dinámicos del Centro.
Condenado por corrupción
En agosto del 2019, Vladimir Cerrón Rojas fue condenado por el Quinto Juzgado Unipersonal de Junín por delito de corrupción en la modalidad de negociación incompatible a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad.
El exfuncionario fue hallado responsable de haber participado en el ilegal favorecimiento al Consorcio Altiplano con S/850 mil, al otorgarle una ampliación de plazo en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya” que venía ejecutando.
La medida se hizo efectiva y el líder de Perú Libre fue encarcelado. Sin embargo, un mes después la Sala de Apelaciones de dicha región redujo la condena a cuatro años y dictaminó que la sentencia sea suspendida.
Cerrón abandonó la prisión. Adicionalmente, se le impuso un año de inhabilitación para ejercer cargo público y S/850 mil.
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Lee la sentencia contra Vladimir Cerrón:
A inicio de este año, la Corte Suprema dispuso que la Sala de Apelaciones de Junín procese y eleve a su jurisdicción un recurso de casación en el que se cuestionaba la reducción de las penas y la reparación.
Actualmente, el proceso está en vía de calificación y, de ser admitido y analizado, podría variar la condena de Cerrón Rojas.
Tráfico de puestos laborales y brevetes
Desde el 2019 hasta junio del 2021, la presunta organización “Los Dinámicos del Centro” se habría dedicado al tráfico de puestos laborales para los simpatizantes del partido político Perú Libre y la emisión ilegal de brevetes de conducir, según la teoría que investiga el Ministerio Público.
El caso se encuentra a cargo de la fiscal supraprovincial corporativa anticorrupción Vanessa Díaz, quien ha sostenido ante el Poder Judicial que dicha red criminal se encontraría dividida en cuatro niveles a la cabeza de Vladimir Cerrón.
Cerrón recién fue incluido en el caso el pasado mes de julio, tras el pedido de la procuraduría Anticorrupción de Junín, luego de que se conocieran declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, así como audios que señalaban al expresidente regional.
El caso, que nació en el subsistema anticorrupción de Junín, fue derivado este año a competencia nacional fiscal, debido a su complejidad.
Según Díaz, serían unas 42 personas las implicadas en esta presunta red de corrupción que rendía cuentas ante un grupo de dirigentes del partido Perú Libre. Entre ellos, Arturo Cárdenas Tovar, secretario nacional de organización de Perú Libre, Waldys Vilcapoma Manrique y Eduardo Bendezú Gutarra, candidatos al Congreso por Perú Libre en las regiones de Pasco y Junín, respectivamente. Así como Eduardo Reyes Salguerán y Francisco Muedas.
Los cinco se encuentran, actualmente, prófugos de la justicia desde el pasado 6 de octubre que se dictó su prisión preventiva por 36 meses.
Todos ellos, han sido comprometidos en presuntas coordinaciones para que militantes de Perú Libre sean contratados en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. A cambio, los beneficiados debían entregar parte de su sueldo a la organización criminal para financiar a la agrupación política.
El dinero también habría ingresado vía los pagos ilícitos que realizaban aquellos que buscaban obtener sus licencias de conducir de manera irregular.
“Dinero que tenía como destino la organización política Perú Libre y al propio líder (Cerrón)”, explicó la fiscal Díaz.
Lavado de activos
El pasado mes de julio, el fiscal para casos de lavado de activos Richard Rojas Gómez, abrió una investigación preliminar por el presunto financiamiento ilícito del partido político Perú Libre.
La teoría de investigación es que dicha organización política habría financiado sus campañas electorales en las que participó con el dinero que habría obtenido a través de los presuntos actos criminales de la organización criminal Los Dinámicos del Centro y otros ingresos ilícitos.
En agosto, se dispuso ampliar las investigaciones e incluir a Vladimir Cerrón, al expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, y otros dirigentes de Perú Libre.
Las investigaciones contra Cerrón y el partido político se enmarcan desde la fundación de la organización política en el 2008, hasta setiembre del 2021.
Entre las diligencias, el fiscal Rojas Gómez encabezó un allanamiento al local del partido politico, ubicado en Breña.
Cerrón Rojas ha sido citado a declarar hasta en dos oportunidades, pero ambas se vieron frustradas y fueron reprogramadas a pedido del investigado.
En este caso también se encuentra incluido Richard Rojas García, investigado por presunto lavado de activos. Su designación como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto luego de que el Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país.
Recientemente, se dispuso que a este caso se acumule otra investigación que se seguía contra Cerrón Rojas por presunto delito de lavado de activos que seguía la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.
Esta investigación se hace sobre una cuenta bancaria que Vladimir Cerrón abrió con S/260.000 en efectivo en el 2018 en Huancayo. Posteriormente, la misma cuenta recibió un depósito de S/ 1 millón en efectivo, en febrero del 2020.
Presunto terrorismo
El Comercio informó en el mes de agosto, la decisión de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco para abrir investigación preliminar contra Vladimir Cerrón y los actuales congresistas de Perú Libre, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, por el presunto delito de terrorismo.
Las pesquisas, dispuestas inicialmente por cuatro meses, se iniciaron en base a un informe policial de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional que daba cuenta de las declaraciones que brindó a diversos medios el presidente de la Asociación Plurinacional de Reservistas Tahuantinsuyanos (Aspret) Eddy Bobby Villarroel Medina, conocido como “Sacha”.
Según el denunciante, los tres implicados habrían tenido contacto y vinculación con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem, autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú.
“Realizar las diligencias preliminares en sede policial por el plazo de 120 días, seguida contra Alex Pimentel, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón por la presunta comisión del delito de terrorismo (…) encomendándose tal labor a la Dirección Contra el Terrorismo de Lima”, dispuso la fiscalía.
Pagos a policial que lo resguardó
El pasado mes de setiembre, El Comercio informó que la Primera Fiscalía provincial anticorrupción de Junín a cargo del fiscal Carlos Mera Palomino, abrió investigación contra Vladimir Cerrón por presuntos pagos irregulares realizados al policía en actividad Carlos Zarate Villalobos, quien le habría prestado resguardo personal irregularmente.
Las pesquisas se iniciaron tras videos publicados por el programa Punto Final donde se le ve al efectivo policial resguardar a Cerrón Rojas durante una actividad en Lima, pese a que Zárate se encontraba asignado al resguardo del presidente regional de Junín, Fernando Orihuela.
Luego, se conoció que el policía había sido beneficiado con pagos adicionales cuando este fue gobernador regional de Junín la primera mitad del 2019; y posteriormente, los pagos continuaron con Orihuela, llegando a una suma de S/30 mil.
Cerrón Rojas debe responder por el presunto delito de negociación incompatible.
También viene siendo investigado los presuntos contratos que el Gobierno Regional de Junín tuvo con los familiares del Policía.
Caso Antalsis
Al expresidente regional de Junín se le sigue una investigación preparatoria por los presuntos delitos de colusión, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias, en el marco del “Caso Antalsis”.
El Ministerio Público le imputa, en calidad de autor, haber formado una presunta organización criminal liderada por Martín Belaúnde Lossio, con la finalidad de “cometer delito contra la administración pública”.
Según el relato fiscal, el fundador de Perú Libre se habría concertado en el 2011 con exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín y representantes de la Empresa de Servicios Industriales de la Marina (Sima Perú ) para que se les otorgue irregularmente las obras del Puente Eternidad y Comuneros.
“Aprovechándose de su condición de presidente regional de Junín, entre los años 2010 y 2014, y por requerimiento de Martín Belaúnde, se habría encargado de disponer las obras que potencialmente podrían interesarle a la organización para lograr sus objetivos criminales”, se sostiene en la imputación fiscal.
Negociación incompatible
Vladimir Cerrón tiene en su haber otra acusación por el presunto delito de negociación incompatible que se encuentra a la espera de que el Poder Judicial de Junín inicie el juicio oral.
Este Diario informó que el fiscal anticorrupción de Junín, Luis Mera Palomino solicitó para el exgobernador de Junín 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, así como el pago de S/4´056,614.84 de reparación civil distribuida de manera solidaria junto a los demás imputados.
La acusación, que fue presentada en enero del 2020, señala a Cerrón como una de las personas que autorizó la ejecución del pago de una carta fianza valorizada en S/9′102,777.60, al consorcio a cargo de la obra “Mejoramiento del circuito vial Chupaca – Sicaya – Vicso – Aco – Mito,+044Km. Provincia de Chupaca, Huancayo, Concepción - Junín”, pese a que no correspondondía.
Colusión agravada
El fundador de Perú Libre también ha sido acusado en agosto de este año por el presunto delito de colusión agravada. La fiscal anticorrupción de Junín Mary Huamán, solicitó que el expresidente regional sea condenado a 16 años de cárcel.
Según informó El Comercio, la fiscal sostiene que el fundador de Perú Libre habría dispuesto la entrega ilegal al consorcio El Carmen II del proyecto “Construcción y mejoramiento del hospital El Carmen”, valorizado en más de S/150 millones.
En la acusación fueron incluidos los exfuncionarios del GORE Junín, Carlos Mayta Valdez (exgerente de Infraestructura), David Chanco García (exgerente de Infraestructura), Pedro Montoya Torres (exsubgerente de Infraestructura), Gustavo León Chávez (exsubgerente de Infraestructura), entre otros presuntos cómplices.
Juicio oral
Actualmente, Cerrón Rojas afronta un juicio oral en su contra por el presunto delito de malversación de fondos que estaban destinados a la ejecución de la obra Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
Por este caso, la fiscal anticorrupción de Junín, Mary Huaman, solicitó dos años y 11 meses de condena contra el fundador de Perú Libre.
La representante del Ministerio Público acusa a Cerrón Rojas por haber colocado a personal de su confianza en puestos claves en el Gobierno Regional de Junín, con la finalidad que puedan autorizar y disponer del dinero para otros fines.
“Probaremos que el acusado Vladimir Cerrón Rojas, en su condición de presidente regional de Junín emitió la resolución ejecutivo regional 63-2012 de fecha 10 de febrero del 2012, con la que formalizó la modificación presupuestal por 600 mil soles, vulnerando el artículo 7 y 41 de la ley de presupuesto y materializando el delito de malversación de fondos”, acusó la fiscal Huamán.
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