Wilfredo Oscorima: Fiscalía investiga millonaria adjudicación a favor de aliada política de gobernador | INFORME

Fuentes de El Comercio confirmaron que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho abrió investigación preliminar por hecho el último martes, y que las diligencias se efectúan —de momento— “contra los que resulten responsables”.

Incluso, un equipo de fiscales y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor PNP), según pudo confirmar este Diario, acudió el miércoles tanto a la sede del gobierno regional que dirige Oscorima como a la sede de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con el fin de recabar documentación preliminar respecto a este tema.

El caso fue dado a conocer el último domingo por el dominical ‘Punto Final’. El pasado 18 de marzo, Rojas Gutiérrez suscribió un contrato —contenido en 30 páginas— con la Unidad de Administración del Proyecto Especial Legado, en calidad de representante común del Consorcio Bicentenario I. El consorcio está integrado, a su vez, por las empresas Cielo & Estrella SAC, C Y P Constructores y Consultores EIRL y Cabrera Gutiérrez Felix.

A través del Decreto Legislativo N°1577, suscrito en octubre de 2023 por la presidenta Dina Boluarte (así como el entonces jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y los titulares de Economía y Educación) se dio un marco normativo especial para que el Proyecto Especial Legado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), gestione las inversiones para la preparación y desarrollo de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024, que se llevarán a cabo a partir de noviembre próximo en Ayacucho.

Tanto la jefa del Estado, Dina Boluarte, como el gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima se han visto envueltos en el escándalo por el Caso Rolex, por el cual la Fiscalía de la Nación ya investiga preliminarmente a la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. La autoridad regional fue quien le ‘prestó’, según las versiones ensayadas, hasta tres relojes Rolex y una joya, los cuales ya han sido incautados por el Ministerio Público.

Es, justamente, al amparo del citado marco normativo especial brindado por el Ejecutivo que, en enero pasado, Legado realizó la convocatoria para la construcción de un comedor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), que será parte de la denominada Villa Bolivariana, donde residirán los deportistas en el evento.

En el proceso, en el que cinco postores ofertaron el mismo monto, resultó finalmente como ganador el consorcio representado por la empresaria Rojas Gutiérrez, suscribiendo con esa entidad un contrato por un total de S/22′447,577.34.

Tras la difusión del caso, el último lunes el Proyecto Especial Legado dijo deslindar de un supuesto favorecimiento en el citado proceso de contratación. Indicó que, tras la publicación de las bases, en enero pasado, el proceso estuvo en manos de un comité calificador, el cual admitió cinco de las once propuestas realizadas inicialmente.

“Seguidamente, la Ley de Contrataciones del Estado indica que, en caso de haber empate entre los postores, el orden de prelación se determina mediante el sistema computarizado de SEACE, proceso totalmente ajeno e independiente de LEGADO”, se indicó a través de una nota de prensa.

Desde la entidad adscrita a la PCM también dijeron confiar en que “las instituciones del Estado que intervinieron en la selección de los postores actuaron en escrito cumplimiento de la ley” y que está sometida al control concurrente de la Contraloría General de la República.

Desde el Gobierno Regional de Ayacucho, en tanto, se descartó la participación de la institución en la licitación de la menciona obra, indicando que el mismo está a cargo del proyecto Legado, con sede en Lima.

“Por consiguiente, el Gobierno Regional de Ayacucho no ha tenido ninguna participación en dicho proceso, por lo que negamos categóricamente que se haya beneficiado, en modo alguno, al Consorcio Bicentenario y a su representante la señora Esperanza Nemicia Rojas Gutiérrez”, se remarcó.

Esta postura fue que se le brindó a la fiscalía por parte de la sede regional, cuando acudieron el miércoles por la mañana para recabar información. La diligencia duró aproximadamente dos horas y contó con la participación de asesores y gerentes del GORE. El gobernador Wilfredo Oscorima no estuvo presente.

El abogado penalista Andy Carrión explicó a El Comercio que, una vez recabadas las primeras informaciones, la fiscalía anticorrupción de Ayacucho bien podría derivar por temas de competencia el expediente a la fiscalía con sede en Lima a fin de que continúe con las investigaciones, al haberse llevado a cabo el proceso de licitación en la capital. Aunque remarcó que también podría continuarse con las pesquisas en Ayacucho.

“En base a la notitia criminis es que se abre la investigación. Pero si en el transcurso, solicitando la documentación o constituyéndose en el mismo lugar de los hechos ven que todo el proceso de selección se ha llevado en Lima, entonces cabe la posibilidad de que se remita a Lima. (...) Pero eso no invalida ya los actos de investigación ni que se haya abierto investigación. Simplemente es una derivación por temas de competencia”, explicó.

Esperanza Rojas Gutiérrez es actualmente presidenta del movimiento regional Wari Llaqta, del cual además figura como fundadora en mayo de 2017, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el 2011, según en portal web de la ONPE, llegó a aportar S/20.000 en efectivo a Fuerza Popular, en el marco de las elecciones generales de ese año.

En enero de 2022, Wilfredo Oscorima se unió al citado movimiento regional fundado por Rojas, con el cual postuló en comicios subnacionales de ese año y llegó al poder —por tercera vez— al Gobierno Regional de Ayacucho.