Fiscal afirma que “Gabinete en la sombra” de Pedro Castillo disponía nombramientos

La fiscalía sustentó el miércoles pasado ante el Poder Judicial su pedido de prisión preventiva de 36 meses contra el alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca), José Nenil Medina, a quien le atribuyen un rol clave en la estructura criminal presuntamente encabezada por el presidente Pedro Castillo. La decisión del juez Johnny Gómez sobre esta solicitud contra él y contra Yenifer Paredes se conocerá este viernes.

En la audiencia del miércoles, José García Juárez, fiscal del equipo especial, señaló a Medina como ‘cajero’ de esa organización y ‘operador’ en la supuesta red criminal en el Ministerio de Vivienda. Además, indicó que hay evidencias de la participación de Medina en el “caso del Gabinete en la sombra, que está vinculado estrechamente a quien ejerce la presidencia”.

García dijo que un testigo declaró a la fiscalía que Medina era parte “del círculo más estrechamente cercano con el presidente, quienes se encargaban de coordinar nombramientos de personas que eran necesarias en estamentos claves para que sus fines criminales puedan tener buenos frutos”.

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Añadió que, “como parte del Gabinete en la sombra”, fue uno de los que “festinaron” el Decreto de Urgencia 102-2021, en el cual se insertaron obras destinadas para Anguía. Según el fiscal, esto se habría hecho para luego dirigir esas obras.

“[Medina] conformaba, junto con otras personas [...], el Gabinete en la sombra”, remarcó. Los otros señalados por el fiscal son el empresario chotano Abel Cabrera; el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez; y Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda; entre otros. Este grupo también ha sido referido como Los Chiclayanos.

Pagos y ofrecimientos

El principal hecho por el que se vincula a Medina a la presunta red es la concesión de una obra de saneamiento en Anguía a un consorcio integrado por Destcon, empresa vinculada a Hugo Espino, supuesto testaferro.

El fiscal citó la declaración de Espino, quien dijo que se reunió en octubre del 2021 con Medina para concertar la concesión y que se le indicó que al alcalde le corresponderían S/228 mil.

Posteriormente, se estableció un comité de selección presidido por Nathaly Alcántara, quien luego declaró a la fiscalía que no trabajó para la municipalidad [de Anguía] y que falsificaron su firma.

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Espino añadió que las entregas se dieron en dos partes: S/100 mil en enero y S/100 mil en marzo. Además, relató que en julio Medina y otras personas se reunieron para obligar a Alcántara a firmar documentos como presidenta del comité.

La propia Alcántara declaró el 18 de agosto –según citó fiscalía– que el alcalde le pidió firmar el acta de la buena pro de la obra. “Comenzó a ofrecerme trabajo, me comenzó a ofrecer 20 mil, 40 mil, hasta 50 mil”, contó.

Agregó que, ante su negativa, Medina le gritó. “Me comencé a sentir incómoda porque ya comenzaron con amedrentamientos, que yo me iba a arrepentir por no haber firmado”, refirió.

El abogado de Medina, Martín Silva, rechazó todas las imputaciones del fiscal. Así, puso en duda el testimonio de Espino y dijo que este habría cambiado su versión ante la fiscalía por miedo a que le pidan prisión preventiva. También sostuvo que el testimonio de Alcántara era inválido porque se hizo sin que estuviera presente la defensa del investigado.

Amenazas

El presunto ofrecimiento a Alcántara también fue citado por la fiscalía para afirmar que hay riesgo de que Medina obstruya las investigaciones, junto a su supuesta cercanía a Castillo y la posibilidad de que fugue, como han hecho personas del entorno del mandatario.

Además, el fiscal dijo que luego de que Hugo Espino se sometió a la confesión sincera, la presunta red “se comunica con él y lo presiona, lo amenaza”. “Han tratado de comunicarse con una persona que, valientemente, se ha sometido a la confesión sincera y ha delatado los eventos ilícitos en los que han participado los demás investigados”, señaló.

En otro momento, el abogado Silva afirmó que el caso de la fiscalía tiene “un perfil político”. Ante esto, el fiscal rechazó “tajantemente y contundentemente que esta sea una persecución política o mediática contra alguien”.

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Defensa

Al final de la audiencia, Medina tomó la palabra y rechazó el rótulo de ‘cajero’ y ‘operador’ de una red criminal. Afirmó que sus visitas a Palacio y a ministerios fueron en su condición de alcalde, y que las obras del decreto de urgencia habían sido aprobadas por gobiernos anteriores. Medina también negó que vaya a fugarse y afirmó que se someterá a las investigaciones de la fiscalía, pero pidió que se respete su presunción de inocencia.

Más datos

Espino también declaró, de acuerdo con lo informado por el fiscal, que visitó la casa de Sarratea y que allí se encontró con Medina.

El abogado de Medina afirmó que a su defendido le correspondería una comparecencia con restricciones en vez de una prisión.

Todavía está por resolverse un pedido de impedimento de salida del país a Lilia Paredes y Hugo Espino por este mismo caso.

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