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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó este miércoles impedimento de salida del país por nueve meses para Yesenia Ponce, quien es investigada por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos. La decisión fue anunciada en audiencia pública por el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta.
Previamente, Ponce había adelantado que se allanaba al pedido fiscal. “El pasaporte diplomático no lo tenemos y no he vuelto a renovar mi pasaporte. No tengo pasaporte activo”, indicó. Además, reiteró que no solicitó certificados falsos para sustentar sus estudios en su hoja de vida.
“Se resuelve imponer a la investigada Yesenia Ponce Villareal, la medida de impedimento de salida del país por el plazo de nueve meses con motivo de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y falsificación de documentos, ambos en agravio del Estado”, señaló Chuyo Zavaleta.
El juez consideró que la medida restrictiva cuenta con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
“Existen elementos de juicio mínimo como la versión del denunciante respecto a la entrega del dinero con la finalidad de obtener un certificado de estudios, los que el Ministerio Público considera como falsos”, agregó.
El fiscal Gunther Gonzales señaló que los certificados presentados para sustentar los estudios de 4to y 5to de secundaria eran falsos y mencionó que solo se encontró en Reniec el nombre de dos de los supuestos compañeros de salón de Yesenia Ponce.
“De todas las personas que existen en la nómina de alumnos, solo dos personas figuran en la Reniec. El resto son inexistentes. por eso el tenor de ‘estudios fantasmas’, porque estas personas no aparecen”, indicó.
A eso le sumó la presentación de un voucher de un depósito de S/10 mil a favor de Daniel Soto Rivera, quien fuera director del colegio privado del cual se emitió el certificado de estudios presuntamente falso.
La integrante del Congreso disuelto fue cuestionada por presuntamente haber pagado S/10 mil al ex director de un colegio para que respalde su versión y emita certificados de estudios secundarios falsos. También habría presentado un un registro de compañeros de clase “fantasmas”.
Por este caso la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó levantarle el fuero en junio de este año, pero finalmente la medida no fue debatida en el pleno del Congreso.
