El empresario Zamir Villaverde es investigado por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán / El Comercio)
El empresario Zamir Villaverde es investigado por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán / El Comercio)
Redacción EC

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional anunció que se pronunciará en el plazo de ley sobre ampliación –por 12 meses más- del impedimento de salida del país solicitado contra y otros investigados por el delito de lavado de activos por el .

Tras concluir el debate y la autodefensa de los investigados, la jueza Soledad Barrueto anunció que emitirá su decisión dentro de las próximas 48 horas a las casillas electrónicas de las partes procesales.

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Para el Ministerio Público, la medida resulta idónea, pues persigue un fin constitucional que es la lucha contra la criminalidad y el delito de lavado de activos. La finalidad es averiguar los hechos investigados que se vienen tramitando en la carpeta fiscal.

Asimismo, remarcó que la medida resulta ser proporcional, toda vez que es la menos gravosa y se restringe la libertad de tránsito en el exterior; sin embargo, podrá desplazarse libremente en el interior del país.

Entre todos los implicados se encuentran Villaverde y el exsecretario del Despacho Presidencial Pacheco, además de Fray Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario .

Otros incluidos en el pedido fiscal son Luis Pasapera, Segundo Vargas, Marco Pasapera, Héctor Pasapera, George Pasapera, Gilmar Pasapera. También están Víctor Valdivia, Edgar Vargas Mas y Víctor San Miguel Velásquez.

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En setiembre pasado dicha instancia del Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos solicitada por Zamir Villaverde, investigado por presuntos pagos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para adjudicarse la buena pro de la obra Puente Tarata, en la región San Martín.

La jueza Soledad Barrueto Guerrero resolvió que no se vulneró el principio de imputación y si bien Villaverde tuvo investigaciones previas por lavado de activos, estas no se encuentran relacionadas al delito de corrupción.

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