Keiko Fujimori: el 9 de agosto se decidirá si sigue en prisión preventiva

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, deberá esperar hasta el próximo viernes 9 de agosto para saber si continúa en prisión preventiva o afronta en libertad la investigación que se le sigue por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales del 2011 y 2016.

Ayer, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema indicó que en esa fecha dará a conocer su decisión. Ello, tras escuchar los alegatos de los abogados de Fujimori, Jaime Yoshiyama (exmiembro del comité político de FP), Pier Figari (exasesor político del partido) y Luis Mejía Lecca (exasesor legal).

Los cuatro solicitaron que se anule la prisión preventiva de 36 meses que se les dictó en octubre del 2018 por la investigación que se les sigue por los delitos de lavado de activos y organización criminal.

Solo ellos fueron escuchados. El fiscal supremo en lo penal Víctor Rodríguez Monteza, designado para el caso, no se presentó a la audiencia y con ello quedó firme su posición adelantada días atrás en la que se mostró a favor de la libertad de Fujimori y los otros.

Rodríguez Monteza ha sido vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal que –según la fiscalía– habría tratado de favorecer a Fujimori.

El Comercio trató de localizar al fiscal supremo, pero en su despacho informaron que se encontraba en una reunión fuera de la sede fiscal.

—Los argumentos—
Giulliana Loza, quien ejerció la defensa legal de Fujimori, sostuvo ante el tribunal que el juez de primera instancia Richard Concepción Carhuancho y la Segunda Sala Superior de Apelaciones vulneraron cinco aspectos procesales al momento de dictar y confirmar la prisión de su patrocinada.

Entre los más importantes, remarcó, está la falta de corroboración de las declaraciones del testigo protegido N° 3, quien dijo que se enteró de que Fujimori habría intentado comprar testigos en la región San Martín para que declarasen a su favor. Agregó que no se podía sustentar una prisión con la sola presunción de ese testigo.

Además, sostuvo que se dictó la prisión argumentando obstrucción a la justicia con hechos realizados por terceros, pero atribuidos a su patrocinada.

“[Los testigos] no hacen referencia ni siquiera por asomo a la señora Fujimori, a ella solamente se le atribuye un acto de obstrucción por ser líder del partido Fuerza Popular”, alegó Loza.

Finalmente, dijo que tomaron conocimiento de que en la investigación hay 19 testigos protegidos, pero que no han podido interrogar a ninguno hasta el momento.

Humberto Abanto, defensor de Yoshiyama, también cuestionó la falta de corroboración de lo dicho por el testigo protegido 55-2017-13. Este último aseveró que al congresista Rolando Reátegui se le entregaron US$100 mil para buscar aportantes en la región San Martín.

En la audiencia, estuvo el procurador para casos de lavado de activos Miguel Sánchez Mercado, pero el tribunal no permitió que usara la palabra porque no es parte de esta etapa del proceso.

—Otros alegatos—
La abogada Madeleine Reyes, defensora de Pier Figari, dijo que la prisión de su patrocinado carecía de motivación, ya que elementos que fueron excluidos como pruebas al final terminaron siendo valorados, como el chat La Botica.

Jessica Sotomayor, abogada de Luis Mejía, sostuvo que la prisión preventiva solo puede ser usada como excepción a la regla como medida cautelar y no como una pena anticipada, tal como lo resolvió el Tribunal Constitucional en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia.