Más de un peruano se ha rascado la cabeza tratando de explicarse por qué el pasado martes 22 de junio el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado en el que decía: “Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”. Tremendo espaldarazo a los organismos electorales locales –e indirectamente a la causa de Pedro Castillo- no solo fue por escrito. El portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, lo dijo ante la prensa.
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Los fujimoristas estaban desconcertados por el tajante desconocimiento de sus reclamos y los izquierdistas abrumados por ese súbito respaldo desde las entrañas del monstruo imperialista. La primera explicación tentativa fue que, luego de lo que pasaron con Trump, quien alegó fraude para desconocer los resultados favorables a Joe Biden; los demócratas, tomando al Perú como pretexto, lanzaban un manifiesto contra cualquier brote extranjero que les pareciera trumpista. Además, siguiendo el razonamiento republicano, los demócratas son llevados por el diablo comunista.
La pregunta y la respuesta se relativizaron en los días siguientes cuando la Unión Europea (24 de junio), Canadá (24 de junio) y Reino Unido (25 de junio a través de un tuit de la embajadora Kate Harrison), se sumaron al reconocimiento de la limpieza de las elecciones. No contemos a Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández, había ya saludado a Pedro Castillo, proclamándolo como su homólogo (10 de junio) y motivando una protesta diplomática de nuestra cancillería. No era solo la primera potencia del mundo, era buena parte del mundo.
Eh, ¿y la OEA?
La OEA se había adelantado al departamento de estado gringo, cuando su MOE (misión de observación electoral) en el Perú, sentenció el 11 de junio que “observó un proceso electoral positivo, en el que se registraron mejoras sustantivas entre la 1ra y 2da vuelta. Asimismo, que la misión no ha detectado graves irregularidades”.
No sonaba, el saludo de la misión de la OEA, tan auspicioso cómo aquel en boca de Ned Price; pero recién Fuerza Popular (FP) había roto fuegos en la batalla de las nulidades. Días después, cuando FP acogió la idea lanzada por Jorge del Castillo y otros políticos de pedir una auditoría electoral a la OEA como se había hecho en Bolivia en el 2019; hubo otro comunicado, menos favorable aún a los reclamos de Keiko Fujimori. El 24, la MOE dijo que “continúa dando seguimiento” al proceso y “ha observado, hasta el momento, que la actuación de los órganos electorales se ha apegado a la normativa vigente”. Además, calificaron de “insólita” la renuncia de Luis Arce y exhortaron a todos los actores políticos y ciudadanos a que “eviten la difusión de noticias falsas y estén a la altura del momento que vive el país”.
En otras palabras, la misión de la OEA dio a entender que pedir una auditoría no tenía sentido pues ellos siguen acá y observan que el JNE obra de acuerdo a ley. Aún así, se mantuvo la campaña pro auditoría, Keiko Fujimori dejó una carta en mesa de partes de Palacio de Gobierno pidiendo a Sagasti que la convoque (solo el gobierno puede hacerlo) y una delegación de aliados de FP viajó a Washington a hablar con el secretario general Luis Almagro.
El grupo lo compusieron Jorge Montoya, Nidia Vílchez, Daniel Córdova y Hernando ‘Nano’ Guerra García, el único de FP. No los recibió Almagro sino un funcionario de rango menor, Gerardo de Icaza, jefe de la sección de observación electoral de la OEA. El viaje estuvo perlado de anécdotas –una espectadora los llamo golpistas en su conferencia de prensa, Córdova chateó con un suplantador de Almagro en Twitter, el cuarteto seguido por las cámaras se topó con una puerta cerrada- que casi hicieron olvidar el fondo. En este, el reclamo de una auditoría, tampoco cosecharon logro alguno.
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Ahora bien, Almagro sí los pudo recibir si así lo hubiera querido. Lo ha hecho con muchos políticos que tocan su puerta con los más diversos propósitos. Sólo para hablar del Perú, en el 2016, recibió a Julio Guzmán, que fue a expresarle sus quejas contra el JNE de aquel entonces, por haber sido excluido en la primera vuelta. Luego, en diciembre del 2017, Almagro envió un par de observadores del frustrado primer proceso de vacancia de PPK e hizo visible su toma de posición por la continuidad de Kuczynski.
Sin remontarnos tanto, el año pasado evitó respaldar al gobierno de Manuel Merino y lanzó un comunicado recomendando al TC que sea el espacio donde se dilucide cualquier controversia sobre la sucesión presidencial. Ya con las aguas calmadas, el 30 de noviembre, recibió a George Forsyth, por entonces el favorito en las encuestas. No es pues, como sugirió el congresista electo Jorge Montoya, a guisa de excusa por no haber sido recibidos por Almagro, que este solo recibe a presidentes y no a partidos.
Una cita más: el pasado 4 de mayo, en plena segunda vuelta, el secretario general de la OEA recibió a Pedro Cateriano y publicó este tuit: “Me reuní con @pcaterianob, político y ex primer ministro de #Perú para conversar sobre los principales retos a la democracia en la región”. La adhesión de Cateriano a la campaña de Keiko Fujimori era pública y notoria, así que entre esos ‘retos a la democracia’, de hecho estaba Pedro Castillo.
O sea, Almagro es desembozado en su trato diplomático y recibe a quien se le antoja. Incluso, puede discrepar de la opinión de sus observadores, como sucedió, por ejemplo, con la MOE enviada a Honduras en el 2017 encabezada por el expresidente boliviano, Jorge Quiroga. O provocar renuncias, como sucedió en febrero del 2018 con el jefe de la misión anticorrupción enviada a la propia Honduras, Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro peruano.
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Valgan estos antecedentes para decir que el jefe de la OEA sí pudo recibir al cuarteto peruano a riesgo de discrepar con su MOE, si ese hubiese sido su deseo; pero no lo hizo. Un político que ha sido embajador en la OEA me resumió este episodio con agudeza: “Almagro ha podido atenderlos y hasta hacerles caso si hubiera querido y a pesar del informe de la misión; pero no lo puede hacer después de que ya habló el Departamento de Estado”.
En medio del episodio, se ha especulado sobre el papel que pudo tener el veterano embajador Hugo de Zela, que a la vez nos representa ante EE.UU y ante OEA. Ha sido, además, importante funcionario de la OEA en el pasado y conoce los intríngulis de la política y la diplomacia. No se puede descartar que los viajeros buscaran su ayuda, pero es muy poco lo que este hubiera podido conseguirles, si es que lo intentó. Por coincidencia, apareció el 25 de junio en El Peruano, la resolución de su pase a retiro el 4 de agosto. La cancillería ya explicó que en esa fecha cumple 70 años, fecha límite en el servicio diplomático, y la anticipación con la que se ha anunciado su retiro es la usual en estos casos. Se cierra así, la cortina sobre De Zela y sobre este episodio del sainete del fraude.
Nadie quiso esto
¿Pero por qué esta falta de eco a un clamor de fraude? Bueno, el partido ultra conservador VOX apoya a Keiko en España, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana reunió las firmas de 17 ex mandatarios iberoamericanos que apoyaron la revisión de las impuganaciones y el uribismo le ha mostrado simpatía, aunque no a nivel oficial, pues el presidente Iván Duque es un vecino que se debe a la neutralidad. El asunto es que la institucionalidad política y electoral de los países más importantes no hacen eco a Keiko, y falta explicar por qué.
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La respuesta va más allá de Trump (aunque no deja de tener su peso como antecedente gordo) y de las ideologías que encarnan Keiko Fujimori y Pedro Castillo: Ningún país quiere que le pase lo que a nosotros. Con la pandemia, ya tienen suficientes angustias. Las democracias se fundan sobre el acto y el ritual electoral, y nadie quiere que este se prolongue indefinidamente por dudas ni siquiera basadas en denuncias con testimonios explícitos de fraude; sino en presuntas irregularidades tomadas como pruebas indirectas de fraude. Como me lo explica Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en Perú y experto en temas electorales: “Todos han estado siguiendo el proceso y consultan a sus misiones para saber si hay un fraude sistemático. No les preocupa Keiko o Castillo, sino que la elección tenga un respaldo institucional”.
Conversé con Medina porque además ha lanzado una idea conciliadora que merece explicarse: No está de acuerdo con una auditoría tal como la plantea FP, pero sí con una evaluación post proclamación, para la que se puede pedir asistencia técnica a la OEA. “Para que no quede la sensación, en alguna gente, de que por asunto de plazos y formas, no se va a conocer toda la verdad”, dice Medina, y añade, “además, siempre hay que hacer evaluaciones, sacar lecciones y hacer mejoras para los próximos procesos”. Por lo pronto, ya hemos aprendido bastante de impugnaciones, observaciones, nulidades y hasta de ‘tests anti fraude’ para hacer el control de calidad al acto más importante de la democracia.