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El pedido a Lozano, una renuncia “sorpresa” y los planes inmediatos: lo que no se vio de un Directorio de urgencia en la FPF
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso un peritaje contable financiero para determinar la situación patrimonial de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella desde enero del 2010 hasta noviembre del 2019.
Para ello se ha pedido la designación de cuatro peritos del equipo especial.
La fiscalía dice que se ha advertido “operaciones inusuales o sospechosas”, en referencia a los aportes que recibió Fuerza Popular en las campañas del 2011 y 2016.
Esto se pide luego de que los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez y el sobrino de Juan Rassmuss Bovet declararan sobre los aportes.
“Se advierten operaciones inusuales o sospechosas, por lo que resulta importante determinar la situación patrimonial de los investigados Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Mark Vito Villanella en el período del 1 de enero del 2010 hasta el 30 de noviembre del 2019”, se lee en el documento difundido por Canal N.
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó a RPP cuestionó que “recién en diciembre del 2019” se solicite el peritaje a las cuentas de su patrocinada.
“Recién en diciembre del 2019. La investigación arrancó en octubre del 2015, después de cuatro años el fiscal dispone que se realice una pericia contable. O sea, no entendemos recién por qué. Todo dinero de aporte que ingresó por parte de los empresarios o cualquier persona se quedó en los gastos de Fuerza Popular y así quedó. Estamos seguros”, indicó.
Loza agregó que confían en que Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, y su abogado van a acreditar lo que ella sostiene. “Las cuentas [de Keiko Fujimori] van a salir transparentes y equilibradas. Ningún sol que ingresó a la campaña de Fuerza Popular fue gastado por Keiko Fujimori o Mark Vito [Villanella]”, remarcó.
El Ministerio Público también dispuso que se levante el secreto de la identidad de un testigo protegido de nombre José Sam Yuem, quien ha confirmado que vive en Madrid. Por eso, el fiscal Pérez ha establecido que se debe trabajar con la Unidad de Cooperación Internacional que permita obtener su testimonio desde España.
Entre otras diligencias pendientes, se enumera la presentación de documentos por parte del gerente general de la empresa Emisoras Cruz del Sur y de la defensa de Jaime Yoshiyama.
El documento fue uno de los mencionados por el juez Víctor Zúñiga Urday en la audiencia de este jueves que fue suspendida. La disposición del 20 de diciembre fue parte de la carpeta que envió el equipo especial Lava Jato para que se lleva a cabo la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, la cual se realizará, finalmente, el 28 y el 31 de diciembre del 2019, así como el 2 de enero del 2020.
