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Este martes, el juez Víctor Zúñiga Urday leerá la resolución donde determinará si Keiko Fujimori retorna o no al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, tras un pedido de prisión preventiva por parte del fiscal José Domingo Pérez.
En noviembre, tras una decisión de la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, Keiko Fujimori dejó el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde venía cumpliendo una orden de detención por el caso Odebrecht.
Fujimori Higuchi recuperó su libertad, pero siguió siendo investigada por presunto lavado de activos y obstrucción a la justicia. Semanas después, el fiscal Pérez presentó un requerimiento de prisión preventiva. En la última audiencia donde se evaluó su pedido, precisó que solicita la medida por un plazo de 18 meses.
El caso Odebrecht no es la única investigación pendiente abierta a Keiko Fujimori en el Ministerio Público. A continuación un recuento de los procesos que afronta la lideresa de Fuerza Popular ante la justicia.
Caso Odebrecht
El fiscal José Domingo Pérez tiene a su cargo la investigación por los presuntos aportes ilícitos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.
Pérez, quien asumió el caso en setiembre de 2017, acumuló en un solo proceso todas las investigaciones abiertas a Fujimori vinculadas a aportes de campaña. Los presuntos aportes fantasma del 2011 y el caso Cócteles se sumaron a la investigación por el caso Odebrecht.
El fiscal determinó que la pesquisa se realice bajo la Ley contra el Crimen Organizado, lo que permite que el plazo de investigación se amplíe hasta los 36 meses, que servirá para determinar si los fondos utilizados por el fujimorismo tienen o no un origen ilícito.
En octubre del año pasado, el fiscal reunió los elementos necesarios para formalizar la investigación y pasar a la etapa preparatoria. Luego de ello, solicitó una orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otros, tras ser considerada como la lideresa de una presunta red criminal dedicada al lavado de activos.
El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido fiscal. Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, apeló la decisión y la Segunda Sala de Apelaciones confirmó la prisión preventiva. Este año, la Corte Suprema se pronunció en el mismo sentido, aunque reduciendo el plazo de la prisión preventiva: Keiko Fujimori debía salir de prisión en abril de 2020.
A la fecha está pendiente de resolver por parte del Poder Judicial, un pedido del fiscal Pérez para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso por lavado de activos.
Caso Joaquín Ramírez
No solo el equipo especial investiga a Keiko Fujimori. El fiscal Wilson Salazar Reque es responsable de una investigación por presunto lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular, tras ser incluida en las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular.
De febrero a setiembre de 2017, la fiscal Sara Vidal tuvo el caso a su cargo, pero decidió archivarlo. La fiscal superior Elizabeth Peralta ordenó reabrir la investigación preliminar, para pasar a manos de Salazar.
Joaquín Ramírez es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$ 2 millones. Uno de estos predios fue utilizado como local de campaña de Keiko Fujimori, y otro como sede de la ONG Oportunidades.
Esta investigación también ha sido adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado. El caso ha avanzado y ya se encuentra en etapa preparatoria. En la pesquisa también han sido incluidos personajes cercanos Keiko Fujimori como Pier Figari y Jaime Yoshiyama.
