La línea alterada del Ecuador, el resumen de la semana por Fernando Vivas

Esta semana la noticia y la sorpresa vinieron del Ecuador. El gobierno, en silencio, estaba recordando que el 9 de enero del 2023 murieron en Juliaca 18 personas por disparos letales de las Fuerzas del Orden; porque presuntamente se dirigían a tomar el aeropuerto de la ciudad. La CIDH, en el informe que hizo por invitación del gobierno peruano, habla, en condicional, de una ‘masacre’. Dina y Alberto no tenían razones para temer una asonada masiva, pero sí estuvieron saltones.

A falta de una ceremonia de perdón, la mejor idea que tuvieron Dina y Alberto, servida por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue convocar al Consejo para la Reforma de la Justicia. No importaba si era un ‘todos contra todos’ (el Ministerio Público tenía que reclamar al Minjus por el decreto que empodera a la PNP en la investigación, la JNJ verle la cara al presidente del Congreso, el PJ explicar el misterio de sus medidas cautelares, el TC callar sobre las demandas competenciales de unos contra otros); sino protagonizar un gesto de estadista y quitarle ese punto de agenda al Congreso, que quería abordarlo con impertinencia.

En la conferencia de prensa tras el consejo de ministros del lunes, Otárola intentó definir el (su) gobierno: “Soy el portavoz del gobierno y quien presenta ante la presidenta de la república, la alternativa A,B y C y ella es quien toma las decisiones”. Que ella cree que toma efectivamente las decisiones puede sonar tan candoroso como que Alberto crea que vivimos en uno de los escenarios por él previstos. Por proponer un solo ejemplo, no calculó que al día siguiente la inseguridad ecuatoriana nos estallaría en la cara y nos obligaría a recordar nuestra errática lucha contra la criminalidad. Bienvenidos a la improvisación.

No hubo, pues, grandes protestas en nombre de las víctimas del 9 de enero, sino una concertada, temeraria y muy violenta algarada en Ecuador que encendió todas nuestras alarmas. El mismo 9, varias mafias ecuatorianas tomaron al canal TC y la Universidad de Guayaquil, grabaron asesinatos de policías en una cárcel, provocaron pánico y caos en todo el país. Lo del canal no fue casual: el propósito fue interrumpir la trasmisión en vivo y enviar un mensaje de terror. Para ello bastaba rastrillar armas y mostrar granadas. Una distopía latina se hizo realidad.

La asonada criminal fue en una retaliación a la declaración que hizo el presidente Daniel Noboa, un día antes, de un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción con toque de queda en las ciudades más importantes. Tras la reacción criminal, el gobierno reforzó el decreto calificando la situación, de acuerdo a su constitución, como ‘conflicto armado interno’, y a una veintena de mafias como ‘organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes’. En Palacio de Gobierno hubo una reunión de emergencia, tras la cual Alberto Otárola, comunicó que se declaraba en estado de emergencia toda la frontera con Ecuador. Al día siguiente, los ministros de Interior, Víctor Torres y Defensa, Jorge Chávez Cresta viajaron al Norte. Los gobernadores estaban en Lima, en la elección del nuevo presidente de su gremio, la ANGR, y aprovecharon para renovar sus reclamos de apoyo transversal al Ejecutivo: seguridad, reactivación, asistencia técnica, infraestuctura, prevención ante El Niño, conectividad, destrabes mil. El cusqueño Werner Salcedo es el elegido en una asociación diversa y sin bandos, aunque destaquemos que hay una media docena de gobernadores elegidos que se presentaron por Somos Perú, una excepción a la regla de la primacía de los movimientos regionales sobre los partidos.

Ecuador nos obligó a sacar de bajo la alfombra nuestras carencias de seguridad: poco liderazgo del Ejecutivo sobre una PNP que se ha preocupado en ganarle al Ministerio Público márgenes de discrecionalidad en la tipificación e investigación de delitos, algo que penalistas y ex ministros del Interior y de Justicia, califican como peligroso. La inestabilidad del Mininter incide en la falta de difusión de planes y metas específicas.

Hay bajo la alfombra otros asuntos de crucial interés público. Está la desconfianza en el Estado como promotor de la reactivación económica. Tras la zozobra en el MEF generada por la propia presidenta cuando se reunió con los ex ministros Luis Carranza y José Arista, Álex Contreras ha quedado en condición precaria. El Banco Mundial proyecto 2.5% de crecimiento para el 2024, pero la cifra no solo es muy modesta, sino que peligra el financiamiento del presupuesto. Contreras ha reforzado su presencia mediática esta semana, como manifestando la decisión política de Boluarte y Otárola de mantenerlo a pesar del pedido de algunos gremios de MYPES, entre los que esta la Asociación de Empresarios de Gamarra. “Me he puesto una camisa de Gamarra” dijo el ministro al responder a sus reclamos, luciendo una prenda XL con logo del programa Con Punche Perú.

Puestos los reflectores sobre la respuesta del Ejecutivo a la emergencia del vecino; el Congreso hizo de las suyas. No fueron los 130 congresistas, sino su presidente Alejandro Soto: promulgar la Ley Forestal cuyos críticos sostienen que da un manto de impunidad a la tala ilegal. Soto dijo que eran extemporáneos un par de pedidos de reconsideración de la votación, a pesar de que estos figuraban como pendientes en el portal del Congreso. Extemporáneo y a la vez actualizado también resultó un pedido de rescate financiero de Petro Perú, un barril de petróleo sin fondo, un monstruo voraz imposible de satisfacer. El gobierno ha creado un grupo de trabajo que aporte una solución para aprobarla el lunes.