La ONP como origen de otra crisis: un Congreso sin frenos contra el Ejecutivo | Análisis

La autógrafa de ley que permite el retiro de hasta 1 UIT, S/4.300, de los fondos de la ONP puede llegar a convertirse en el punto de partida de una nueva crisis entre el Congreso y el Ejecutivo, que terminará dirimiendo el Tribunal Constitucional (TC). El primer ministro, Walter Martos, ya ha anunciado que la autógrafa será observada, y la réplica no ha demorado en llegar: el titular del Parlamento, Manuel Merino, ha dicho que irán por la insistencia.

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Para el analista político Enrique Castillo, no existe un conflicto de poderes, porque el Gobierno, anteriormente, sí podía devolver el golpe al Congreso, utilizando como “arma” la cuestión de confianza y la disolución. Sin embargo, en la actualidad este recurso no tiene el mismo impacto: la Constitución establece que el Parlamento no puede ser disuelto en el último año de un quinquenio.

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“El Ejecutivo podía atacar al anterior Congreso hasta eliminarlo, hoy el Ejecutivo no puede hacer nada con este Congreso. Si le llamas choque de poderes a una acción y reacción, lo que hay, en la actualidad, es una acción del Congreso que el Ejecutivo no puede repeler”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Castillo advirtió que el Gobierno “no tiene ninguna capacidad para negociar e influir” en el Parlamento, al subrayar que hasta los integrantes de la bancada del Partido Morado, la más cercana a Palacio de Gobierno, se dividieron al momento de votar por el texto sustitutorio que permite la devolución de los fondos de la ONP.

“El Ejecutivo tiene que recomponer [la relación con el Congreso], no puede vivir de la esperanza de que el Tribunal Constitucional le dará la razón, esto es inviable […] La primera necesidad del Gobierno es volver a ser influyente en el Parlamento, y tener la capacidad para negociar y debatir, al presidente Vizcarra le quedan 10 meses de gobierno y necesita de esto. El Pacto Perú no sirve para este objetivo”, mencionó.

El analista político, además, indicó que el Gobierno reaccionó tarde, porque el proyecto para liberar los fondos de la ONP tenía tres meses en el Congreso. “Recién la noche del viernes el primer ministro fue a negociar los bonos, por qué demoró tanto”, añadió.

Y, finalmente, remarcó que si el Tribunal Constitucional continúa derogando las leyes del Congreso, como ya lo hizo con la norma que suspendía el pago de peajes, los parlamentarios “van a apurar” el nombramiento de los nuevos magistrados de ese colegios.

“El riesgo es que se haga a la carrera o colocando a juristas que no den la talle o que sean tan populistas como los legisladores, ese es un riesgo muy grande”, advirtió.

El juego a la defensiva

Omar Awapara, director de la carrera de Ciencia Política de la UPC, consideró que lo “único” que le queda al Ejecutivo ahora “es jugar a la defensiva”. “Estar con los 11 metidos en el arco y que corra el tiempo para que se acabe el partido”, añadió en referencia a los dos o tres meses que le tome al TC resolver la posible acción de inconstitucionalidad contra la norma.

El politólogo indicó que al Gobierno no le quedan armas políticas para defenderse y, por ello, debe recurrir a una instancia adicional, como el TC. “La esperanza del Ejecutivo dentro de todo es que al Congreso le será difícil elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y aun así, esto no necesariamente tendrán una ideología política cercana a algunos grupos populistas”, añadió.

Awapara también señaló que es posible que si el gobierno retrasa la implementación de un reglamento que permita el retiro de los fondos de la ONP, en el Congreso pueda “escalar” la intención de que las interpelaciones a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, pase a ser una censura.

Consideró que el Pacto Perú, tras la aprobación de la referida norma, ha quedado debilitado como espacio.

“Debió ser un proceso de negociación directa entre el Ejecutivo y el Parlamento”, concluyó.

Los incentivos para el conflicto

El politólogo José Luis Incio sostuvo que existen “fuertes incentivos” para que el Congreso continúe en una dinámica de choque con el Ejecutivo. “Este Parlamento es fragmentado, solo tiene un año para brillar y, por ello, los congresistas intentan demostrar que ellos hacen más, que el Ejecutivo no hace lo suficiente, pero la ‘solución’ termina complicando al gobierno”.

Incio puso, como ejemplo, que el Congreso no evaluó ni la viabilidad ni el alcance de la norma que permite el retiro de los fondos de la ONP. “Es muy probable que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta ley”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Incio, candidato a doctor de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, opinó que la medida adoptada por el Parlamento sobre la ONP y, anteriormente, respecto a las AFP [el 25% del retiro de los fondos] atenta contra la idea de que los fondos de pensiones no se pueden tocar.

Incio advirtió que el Parlamento, en el tiempo que le resta, va a continuar con este tipo de iniciativas.

“Lo que debe hacer el Ejecutivo, hasta cierto punto, es buscar un mayor acercamiento, que las propuestas del gobierno incluyan la opinión de los parlamentarios, que reciban la posición de las bancadas, en vez de mandarse solo. Si incluyen esto en el diseño, quizás tengan más chance de evitar que el Congreso patee el tablero”, expresó.

Incio reiteró que la fragmentación del Congreso, la debilidad de los partidos políticos y la cercanía a elecciones no juegan a favor del gobierno y más bien le dan a los congresistas “los incentivos” para mandarse por la libre.

Más información

El retiro de los fondos de la ONP fue aprobado por 106 votos a favor, solo tres en contra y 15 abstenciones. El procedimiento de devolución es el siguiente: hasta el 50% de la UIT en el plazo máximo de 30 días, y el saldo restante en un máximo de 90 días posterior al primer desembolso.

Según fuentes del MEF, 13.280 millones de soles implicarían el costo de esta norma sin contar los intereses.

Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola Hani, la norma “no es constitucional”, porque viola dos artículos y una disposición final de la Carta Magna.

“En primer lugar transgrede el artículo 12 sobre la intangibilidad de los fondos previsionales, que no solo son para pagos de la jubilación, sino también de seguros de invalidez y de sobrevivientes. También vulnera la primera disposición final y transitoria de la Constitución, que establece que ninguna reforma del sistema previsional puede aprobarse sin observar la sostenibilidad del sistema”, explicó a El Comercio.

Urviola indicó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto (artículo 79 de la Constitución), aunque tiene la facultad de aprobar el presupuesto general de la República.

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