Torres dijo el último jueves en el pleno que una declaración de improcedencia será interpretada por el Ejecutivo como un “rehusamiento”. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
Torres dijo el último jueves en el pleno que una declaración de improcedencia será interpretada por el Ejecutivo como un “rehusamiento”. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
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Alicia Rojas Sánchez

Integrantes de bancadas de oposición consideran que el pedido de confianza formulado por el primer ministro debe ser desestimado siguiendo los diferentes caminos que plantea el Reglamento del Congreso de la República.

Cuatro bancadas se manifestaron a favor de que el planteamiento sea declarado improcedente. Mientras que congresistas de Integridad y Desarrollo, así como de Avanza País, señalaron que votarían en contra si la solicitud es atendida por el pleno.

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Caminos

El reglamento del Legislativo establece, en su artículo 86, que una cuestión de confianza puede ser rechazada de plano por la Mesa Directiva si la propuesta interfiere en las competencias “exclusivas y excluyentes” del Congreso o demás organismos constitucionalmente autónomos.

De otro lado, el pleno del Congreso, mediante una resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución, puede declarar improcedente una cuestión de confianza. Este pronunciamiento “no equivale ni califica como denegatoria” a lo planteado por el primer ministro.

Hasta el cierre de esta edición, la Mesa Directiva aún no había comunicado su decisión. Ayer, fuentes de El Comercio habían comentado que una de las opciones por considerar sería declarar el requerimiento del Gobierno “improcedente”.

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes dijo a este Diario que lo “prudente” sería que, a través del pleno, se acuda a un órgano consultivo como la Comisión de Constitución para que “proporcione elementos de juicio. Eso sería lo políticamente más conveniente”.

Improcedencia

En Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Renovación Popular consideran que el pedido es improcedente.

Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, dijo a El Comercio: “Debería declararse improcedente y esto, de ninguna manera, se podría considerar denegatoria fáctica”.

Comentó que no hay una fecha definida para abordar este planteamiento. El último jueves, la sesión del pleno había sido suspendida. El reglamento establece que la cuestión de confianza debe ser debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente.

Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, coincidió en que debería proceder la declaración de improcedencia. “No tiene sustento jurídico, es un pedido basado en consideraciones políticas”, añadió.

En tanto, Luis Aragón (Acción Popular) indicó en entrevista con RPP que “la respuesta tiene que ser clara y [se debe] declarar la improcedencia de esta solicitud de cuestión de confianza”, pues, de acuerdo con su opinión, existe un “acto jurídico viciado”.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, manifestó a la prensa: “Esta solicitud presentada por el primer ministro es improcedente y la Mesa Directiva de plano la puede rechazar”.

Rechazo

En Integridad y Desarrollo, las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes adelantaron que, de verse el pedido en el pleno, votarían en contra.

“Personalmente, no voy a darle la confianza. […] Han ido a probar fuerzas y provocar. Ganan la posibilidad de victimizarse”, dijo Pablo a RPP. Paredes, en diálogo con Canal N, había comentado que votará “en contra [de la confianza] porque no tiene fundamento legal”. Sin embargo, añadió que “si la declaran improcedente y va a la Comisión de Constitución, tendremos que opinar en ese momento”.

Además, el congresista Diego Bazán (Avanza País) dijo a El Comercio que también rechazará este pedido en una eventual votación. Adelantó que podría incluso plantear una moción de censura en contra de Torres. “Creo que debería ir al debate en el pleno y ahí tendría que ser rechazada”, añadió.

Finalmente, desde el Gobierno, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, declaró ayer que esperan que el Congreso “pueda tomar la mejor decisión” y descartó que el objetivo sea el cierre del Parlamento, sino que no se limite la participación política.

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