No es por ti, Dina. Crónica de Fernando Vivas sobre el proyecto de la nueva policía

Pude conversar con el ministro del Interior, Vicente Romero, y confrontarlo con su hechura. Él me confrontó con una exposición en PPT sobre las bondades del proyecto y respondió el sarcasmo conspirativo: “Esta es una propuesta del sector Interior, no tiene nada que ver con las protestas, ni con terrorismo. Nació hace 5 años, en el 2018, en la PNP”. Sin embargo, la idea no está recogida, como han apuntado expertos en seguridad, en el Plan MS30 (nombrado así en homenaje a Mariano Santos Mateo, héroe policial de la Guerra del Pacífico), que consigna las estrategias del sector hacia el 2030. De modo que estamos en el dominio de la voluntad y la improvisación, más que en el de la planificación de largo plazo. Pero esto es lo común en el Estado, ah.

Romero, apuntalado por su gabinete de asesores, me subraya que, “este proyecto tiene que ver estrictamente con prevención, porque hay un déficit de policías en las calles”. De paso, rechazó que se busque, como objetivo central, dar algo que hacer a los que ni trabajan ni estudian; pues se necesita calidad y motivación en los enrolados. ¿Realmente hay un déficit? ¿En base a qué comparamos? ¿Es un problema de cantidad, de eficiencia o de distribución de policías de acuerdo al mapa de calor del delito?

Es cierto que el proyecto preexiste a Dina Boluarte. Y, para presentarlo el 28 de julio al flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, se trabajó por varias semanas. En mi crónica “El país del arranchón” (18/6/23), cité al Gral PNP (r) Héctor Loayza, en ese momento asesor de Romero y ahora viceministro de Seguridad Público, contándome de esta iniciativa. Valga una precisión: la nueva policía no está en el pedido de facultades legislativas, pues implica una transformación y una novedad que escapa a los cambios más técnicos del paquete. Es un proyecto del Ejecutivo que será tratado con prioridad en el Congreso, pero no necesariamente ceñido a los 120 días de las facultades.

Respecto al déficit, no sirve de mucho compararnos con los países de la región. Nuestra dotación de policías por habitante (ver cuadro) no es especialmente calamitosa. Pero que tengamos una victimización de 25.9%, según la última encuesta del INEI cerrada en mayo del 2023, sí es motivo de gran alarma. O sea, 1 de cada cuatro peruanos mayores de 15 años ha sido víctima de un delito, siendo el más común el robo de dinero, cartera o celular (46%) y el intento de aquello mismo (22.5%). El agravante es que el arranchón es cada vez más violento, aumentando los casos de víctimas arrastradas por una moto tratando de robarles un celular o asesinadas con armas de fuego.

Romero y su equipo se amparan en ejemplos internacionales con cuerpos policiales especializados en la seguridad. Citan los casos de Colombia, Chile, Ecuador o Francia. El ministro subraya un detalle que ha sido clave para que el Mininter lograra el visto bueno de Dina, de Alberto y del MEF: que si bien esto implica aumentar el presupuesto del sector (se le había puesto un techo bajo para el 2024, pero recientemente se ha ampliado), no creará más carga de estabilidad laboral al Estado (ver cuadro). El policía de orden será contratado por 3 años y solo los mejores se renovarán o harán carrera policial.

“En las últimas décadas, los policías, por el terrorismo y por otras razones, fuimos dejando las calles y nos recluimos en las comisarías y los cuarteles. Ahí apareció el serenazgo, que tiene menos formación que la que planteamos para el policía de orden y seguridad. Ahora se trata de volver a las calles”, dice Romero. Por cierto, en la percepción ciudadana, el sereno está más presente que el policía. En la encuesta del INEI cerrada en diciembre del 2022, el 48% de los encuestados responden que en su barrio hay vigilancia de serenazgo, versus el 33.8% que dice contar con vigilancia policial y el 17.8% que habla de patrullaje integrado.

Si se aprobara el proyecto en los próximos meses, las primeras promociones saldrían a partir del 2025, quizá muy tarde para defender a Dina. Tendremos un nuevo cuerpo de policía con menos formación y categoría. ¿Es suficiente 1 año para formar a alguien que vigilará las calles con arma de fuego?. “Sí, es suficiente”, me dice Romero con convicción y aquiescencia de su equipo. Este es el aspecto del proyecto que más preocupa a los expertos y exministros que fueron consultados antes de su redacción. Hablé con uno de ellos, que prefiere la reserva, y me contó sus inquietudes. Una de sus dudas se centraba en el perfil de los postulantes y en un detalle que me, primero me divirtió y luego me conmovió.

El Mininter espera que la principal cantera de policías de orden sean los egresados del servicio militar voluntario que dura dos años. Estos no entrarían automáticamente, sino que convalidarían buena parte de sus cursos. El detalle que quiero destacar, porque toca cuerdas profundas de nuestra identidad y autoestima, es la talla. Para el servicio militar, ya no hay límite inferior; pero para la policía, sí lo hay. Pregunté y me informaron que es de 1.68m. También hay requisito de peso, en este caso máximo y mínimo, que se calcula por 10 kilos por encima y por debajo de la talla. O sea, si el postulante mide 1.75 no debiera pesar más de 85kg ni menos de 65kg.

El proyecto de la nueva policía recoge los requisitos de la PNP; de modo que muchos de los egresados de los cuarteles militares, que reflejan el promedio de talla nacional, serán legalmente discriminados por ser peruanos de modesta estatura. En Francia no hay requisito de talla mínima, tal como aparece en un cuadro comparativo que me mostraron. Pregunté al ministro y a su equipo si no habían evaluado ese requisito, y me dijeron que simplemente lo recogieron de la PNP. Es más, antes era de 1.70m. El ajuste de 2cm ilusionó a muchos jóvenes que, con las mejores intenciones, querían ingresar a las Fuerzas del Orden. Y los hay más bajitos y más ilusionados ¿Acaso es una severa discapacidad ser chato para combatir el crimen hoy en día? El peso puede variar por esfuerzo del postulante; pero la talla los discrimina sin remedio. Ojalá se elimine esa barrera.

Pregunté si se había pensado en el impacto social y político que podría tener, dentro de unos años, la existencia de varios ex policías buscando reintegrarse al mercado laboral. Pensé en los reservistas de las FFAA que, algunos, han desarrollado reivindicaciones políticas de cuidado, como los seguidores de Antauro Humala. Pero era una pregunta muy especulativa y abusiva para mis interlocutores. El ministro Romero prefiere apostar a que, en el futuro, la nueva categoría policial tendría que bajar la victimización real y la percepción de inseguridad. ¿Y cómo combatir la corrupción policial que también se permeará a la nueva categoría?. “Al estar bajo contrato, será más fácil sancionar y desvincular a los corruptos”, me dijo Romero.

El delito que infla la victimización es, de lejos, el arranchón de celulares y pertenencias. En El Comercio ya hemos visto, en varias ocasiones, la complicidad de policías corruptos con la mafia que vende aparatos robados en el Centro Comercial Las Malvinas. Le planteé al ministro la necesidad de acciones eficaces que demuestren que la PNP combate ese delito estelar a pesar de tener a los suyos involucrados en él. Me puso ejemplos de combate; pero queda la percepción de un déficit de acción y de valores, de plan y de estrategia. La policía de orden y seguridad puede ayudar a combatir el mal, pero no va a resolver un drama que exige un ataque multicausal y con firme liderazgo.