Ley de Protección Policial: Frente Amplio promoverá demanda de inconstitucionalidad

La bancada del Frente Amplio promoverá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la denominada Ley de Protección Policial.

“Vamos a impulsar una demanda de inconstitucionalidad. Esta iniciativa [se dio] al momento de haber salido la publicación de la misma [ley]”, adelantó a El Comercio Lenin Checco, portavoz del citado grupo parlamentario.

Según pudo conocer este Diario, la bancada del Partido Morado también se opone no solo al contenido de la ley, sino a la forma en que fue publicada. Dicha agrupación emitiría un pronunciamiento durante el día.

Cabe precisar que entre los facultados por la Constitución para presentar una demanda de inconstitucionalidad están el Presidente de la República, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas, entre otros.

El Poder Ejecutivo no observó en su momento la denominada Ley de Protección Policial, que fue finalmente publicada el último sábado con las firmas del presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), y el primer vicepresidente de dicha institución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso).

La ley señala que están exentos de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Asimismo, prohíbe se dicte el mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra dichos agentes en el citado escenario.

El origen

Dicha norma provino de un dictamen aprobado en julio del 2019 por la Comisión de Defensa, bajo la presidencia del exlegislador Jorge del Castillo. El texto sustitutorio recogió cuatro proyectos de ley, entre ellos uno del parlamentario aprista y otro de la excongresista y actual ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

Cabe precisar, sin embargo, que entre los cuatro proyectos, el texto final del dictamen y de la ley publicada es similar a la iniciativa de Del Castillo. Es esta la que planteó que personal de las Fuerzas Armadas y la Policía quede exento de responsabilidad penal cuando cause lesiones o muertes en ejercicio de sus funciones.

Posturas del Minjus y el Mininter

¿Cuáles fueron las posturas desde el Gobierno de Martín Vizcarra? Según consigna el dictamen, ambas carteras opinaron solo sobre uno de los cuatro proyectos de ley reunidos en el dictamen, el de Montenegro, denominado: “Ley que modifica las reglas procesales de detención en los casos de ejercicio de la función policial”.

Este propuso modificar el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal que no proceda la detención de los efectivos policiales en los casos de legítima defensa propia o de tercero, y en la hipótesis de actos en ejercicio de la función policial, “salvo que existan elementos suficientes que demuestren la existencia de excesos manifiestos en el ejercicio de dicha función”.

Un informe de la Secretaría General del Ministerio de Justicia, de abril del 2019, cuando el hoy primer ministro Vicente Zeballos era titular del sector, se opuso a la propuesta legislativa específicamente de Montenegro.

Para dicha cartera, la iniciativa no era viable debido a que “la norma procesal exige la discusión de los elementos de convicción de cualquiera de los hechos que configure un hecho típico, antijurídico y culpable”.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través de un oficio cursado por su hoy titular Carlos Morán, se pronunció en abril del 2009 sobre uno de los proyectos del paquete incluido en el dictamen. Señaló que “el Estado también tiene un deber para con el policía”, que es el de defender sus derechos cuando se ve involucrado en un proceso penal en calidad de imputado. En esa línea, se expresó a favor de que el ejercicio de legítima defensa no acaree responsabilidad legal y de introducir en el marco procesal penal un supuesto que impida la privación de la libertad del efectivo policial mientras dure el proceso.

Por tanto, no planteó observaciones a dicha propuesta.

Quien sí emitió opinión directamente desfavorable al proyecto de Del Castillo fue la Defensoría del Pueblo.