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En mayo pasado, el Congreso aprobó, con el voto de 87 legisladores de distintas bancadas, la llamada ‘ley impunidad’ que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales. Tal como lo informó El Comercio, la polémica norma acaba de salvar de sus procesos a Alejandro Soto, presidente del Parlamento, y Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
¿Qué hará el Parlamento? La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y su colega Roberto Sánchez anunciaron el miércoles 9 de agosto un proyecto para derogar la polémica ‘ley impunidad’.
La mañana del jueves 10 de agosto, la congresista Sigrid Bazán, también de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó una iniciativa legal para derogar la mencionada norma. El texto lleva las firmas de Susel Paredes, Nieves Limachi, Edgar Reymundo, Roberto Sánchez,Álex Flores y Luis Kamiche.
La Ley 31751, que reduce el plazo de suspensión de prescripción de la acción penal, abre las puertas a la IMPUNIDAD, por ello he presentado un proyecto de ley para DEROGAR esta norma 👇 pic.twitter.com/JUygPiLmtk
— Sigrid Bazán (@sigridbazan) August 10, 2023
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“Yo a nivel personal presentaré un proyecto de ley de derogatoria de esa ley. Espero que mi bancada me respalde”, había adelantado el miércoles Luque.
En tanto, el proyecto de ley promovido por Luque señala que, el 01 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la polémica norma “sin contar con opinión del Ministerio Público o Poder Judicial”.
También refiere que ‘ley impunidad’ “ha traído el rechazo y cuestionamiento hacía el Congreso por parte de especialistas penales, jueces, la prensa y la ciudadanía”.
“El principal cuestionamiento es que la ley ha otorgado un margen de impunidad muy amplio y que los principales beneficiados serán los agentes políticos”, dice el documento al que tuvo acceso este Diario.
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La mañana del jueves 10 de agosto, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó un proyecto para derogar la mencionada norma. La iniciativa lleva las firmas de Susel Paredes, Nieves Limachi, Edgar Reymundo, Roberto Sánchez,Álex Flores y Luis Kamiche.
Redacción EC,
En tanto, el parlamentario Carlos Zeballos (Podemos Perú), quien sí voto a favor de la ‘ley impunidad’ no descartó apoyar la anulación de la norma. “Yo voté a favor por un tema de carga procesal [...] Por mi parte si necesita derogarla habrá que hacerlo, pero hay que analizarlo”.
De otro lado, José Cueto (Renovación Popular), indicó que duda que su bancada respalde la propuesta de Luque. Sin embargo, consideró que Soto debió abstenerse de votar cuando la norma evaluada por el pleno del Congreso.
“Las leyes no se dan para beneficiar o no a una persona. Son para mejorar el sistema jurídico. Cuando un proyecto de ley puede beneficiar o no a un congresista, lo ético es abstenerse de votar, tal como lo manda el reglamento del Congreso de la República”, señaló.
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La Ley 31751 fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 11 de mayo, con el respaldo de 88 congresistas, incluyendo el de Alejandro Soto.
La norma prosperó con el voto a favor 19 legisladores de Fuerza Popular, 13 de Perú Libre, 12 de Acción Popular, 8 de Alianza para el Progreso, 7 del Bloque Magisterial, 5 de Renovación Popular, 3 de Avanza País, 4 de Podemos Perú, 6 de Perú Bicentenario, 4 de Somos Perú y 7 de los no agrupados.
Días después, pese a los cuestionamientos, fue promulgada por el Poder Legislativo. La ley modifica el artículo 84 del Código Penal que establece que el plazo de “suspensión de la prescripción” no deberá ser mayor a un año una vez presentada la investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Asimismo, que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.
Norma fue publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo.
Revisa aquí el proyecto impulsado por Luque y Sánchez:
El caso Alejandro Soto
Las críticas a la norma volvieron a crecer luego de conocerse que Alejandro Soto se benefició de la prescripción en un proceso en su contra por presunta estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.
La defensa de Soto había solicitado el archivamiento de su proceso judicial en aplicación de la citada ley y un día antes de ser electo titular del Parlamento, un juzgado de Cusco declaró prescrito su caso.
No obstante, el lunes, en declaraciones a Canal N, el titular del Parlamento negó haberse acogido a la ley. Sin embargo, una serie de documentos judiciales, obtenidos por El Comercio, demuestran lo contrario.
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El presidente del Congreso no fue el único favorecido por Ley 31751. Este Diario reveló que el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez logró archivar el proceso judicial que se le seguía en La Libertad y por el que ya había sido condenado en primera instancia.
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¿Cuáles son los pasos para derogar una norma?
En diálogo con El Comercio, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi explicó que existen dos salidas frente a la polémica ley.
De acuerdo con el especialista, uno de los caminos es el anunciado por Luque Ibarra. Para derogar la norma, la parlamentaria debe presentar un proyecto para derogar la Ley 31751 y el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, derivarla a una comisión, en este caso, la de Justicia. Si prospera en dicha instancia, la propuesta pasa al pleno del Congreso. Si la representación nacional da luz verde, se envía al Poder Ejecutivo para promulgue u observe la norma.
“La derogación regiría a partir del día siguiente de su publicación en el diario ‘El peruano’”, acotó.
Rospigliosi advirtió que la vía de la derogación tomaría “mucho tiempo” y personas procesadas, como Soto y Ramírez, podrían acogerse durante ese lapso a la ‘ley impunidad’, incluso podrían verse favorecidas si la norma fuera derogada porque no se aplicaría “retroactivamente”. “Es poco probable que los [congresistas] que han aprobado esta ley voten en contra de dicha ley”, expresó.
Otro camino, según el especialista, es que el 25% del número legal de congresistas u el Colegio de Abogados presenten una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Rospigliosi afirmó que si la ley es declarada inconstitucional, su aplicación “sí sería retroactiva”. “Eso sí sería importante, más importante que derogarla”, opinó el especialista.
En tanto, el penalista Andy Carrión, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, indicó que “siempre, en el ámbito penal, la ley que se aplica a los casos es la que más favorece al reo, con lo cual esta norma se seguiría aplicando a los casos anteriores a la eventual derogación”.
