¿Es constitucional prohibir publicidad estatal en medios privados?

El proyecto de ley de Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) que busca prohibir que el Estado contrate espacios publicitarios en medios de comunicación privados está a un paso de ser aprobado, esta vez por insistencia, sin que haya sido modificado pese a las observaciones del Gobierno.

Sin embargo, los cuestionamientos hacia la norma van más allá de la polémica que pueda surgir con el Ejecutivo o con organizaciones civiles. El dictamen, tal como está, choca directamente con la Constitución, según analistas consultados por El Comercio.

"Viola el derecho constitucional de los ciudadanos a tener información de asuntos públicos, a pesar de que plantea algunas excepciones. Cotidianamente, la gente requiere conocer las decisiones y la política del Ejecutivo", señaló el constitucionalista César Landa.

Una opinión similar tuvo Samuel Abad, quien también resaltó la falta de sustento existente en el dictamen de la ley que está a punto de ser aprobada por insistencia si obtiene los votos en el pleno del Congreso.

"Usan como argumento que este vacío se puede solucionar con el canal del Estado, con los medios de comunicación públicos y redes sociales, pero no tienen sustento para decir que eso será equivalente a los medios de comunicación privados", dijo.

- Artículos afectados -

Ambos especialistas coincidieron en que la propuesta del congresista Mauricio Mulder atenta contra el artículo 2 de la Constitución, específicamente a los numerales 4 y 5.

En primer lugar, considera que atenta contra el numeral 4 porque las personas requieren la "libertad de información" a través de cualquier medios de comunicación social "sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos".

También incluyen el numeral 5 porque, al privar de información al ciudadano, no respetan la protección que tiene en su derecho de "solicitar sin expresión de causa" información que requiera por parte de las autoridades.

- Consecuencias -

Debido a este choque con las libertades establecidas en la Constitución, ambos analistas detallaron que correspondería presentar una demanda de inconstitucionalidad para que el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, sea retirado.

También señalaron que una acción de amparo o una medida cautelar podría aplicar pero una vez que haya sido aprobada por insistencia y haya entrado en vigencia.