A dos semanas del golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo, la ex primera dama Lilia Paredes y sus dos hijos, que son menores de edad, llegaron este miércoles a México. En la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, había confirmado que su país les concedió asilo político a los tres.
La noche del martes, la canciller peruana, Ana Gervasi, informó que el gobierno de Dina Boluarte le otorgó el salvoconducto a la esposa e hijos de Castillo Terrones.
Durante la madrugada- de acuerdo a imágenes difundidas por diferentes canales de televisión, Paredes y sus dos hijos llegaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, donde abordaron un vuelo comercial con destino a México DF.
La llegada de Paredes a México fue confirmada por Martín Borrego Llorente, director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, mediante sus redes sociales.
“En nombre del gobierno de México recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina”, tuiteó.
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El gobierno de México se ha negado a reconocer a Dina Boluarte como presidenta del Perú, tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre el exmandatario Pedro Castillo.
El exministro de Relaciones Exteriores peruano Eduardo Ferrero Costa consideró que el asilo otorgado por México a Lilia Paredes ha sido “forzado”, porque la ex primera dama no es una perseguida política. Agregó que la esposa de Castillo Terrones es investigada por presuntos actos de corrupción.
A continuación, los casos de los peruanos que recibieron asilo político y a los que también les fue rechazado esta solicitud.
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1. Más de cinco años en la embajada de Colombia
El gobierno peruano declaró fuera de la ley al Partido Aprista y acusó a sus dirigentes del delito de rebelión, luego del fracaso del levantamiento ocurrido el 3 de octubre de 1948. Antes de terminar ese año, el general Manuel A. Odría perpetró un golpe de Estado e instaló un régimen militar en el país. En su administración, continúo la persecución a los apristas que estaban prófugos.
Por ello, el 3 de enero de 1949, Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Partido Aprista, se presentó en la embajada de Colombia en Lima y solicitó asilo, que le fue otorgado. Al día siguiente el embajador colombiano le solicitó al gobierno militar brindar un salvoconducto para que el asilado abandonara el país.
No obstante, el régimen de Odría objetó las facultades de Bogotá para calificar unilateralmente como “político” el delito imputado al fundador del Apra, en consecuencia, rehusó extender el salvoconducto que le solicitaba. Además, el Ejecutivo peruano indicó que Haya de la Torre había incurrido en un delito común.
Para solucionar la controversia ambos Estados suscribieron un compromiso, el 31 de agosto de 1949, llamado “Acta de Lima”, sometiendo la cuestión a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En una sentencia emitida el 20 de noviembre de 1950, La CIJ estableció, de acuerdo con el Derecho internacional americano, que Colombia tenía legitimidad para decidir si debía darse el asilo, y esa decisión unilateral obligaba al Perú a aceptar las condiciones.
El 6 de abril de 1954, finalmente, Haya de la Torre abandonó la embajada de Colombia en Lima, y era deportado del país hacia México. Ese mismo día, el régimen de Odría publicaba un decreto supremo que le quitaba la nacionalidad peruana.
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2. Alan García, un asilo a favor y otro negado
Tras el autogolpe perpetrado el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente Alberto Fujimori, el exmandatario Alan García (1985-1990), quien estuvo a punto de ser detenido de manera arbitraria por el régimen, se asiló en la embajada de Colombia. Bogotá decidió darle el asilo político el 31 de mayo de ese año.
Y dos días después de esto, el 2 de junio, García Pérez obtuvo el permiso para viajar a ese país.
El exilio del expresidente fue largo, y de Colombia viajó a Francia, donde vivió un tiempo. Su alejamiento del país fue hasta finales del 2000, es decir hasta el término del fujimorato.
García Pérez regresó el 28 de enero de 2001 para participar en la campaña presidencial de ese año. Una semana antes, la Corte Suprema de Perú había suspendido los cargos de corrupción contra él, siguiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Después de 17 de años de este episodio, el exmandatario, quien había gobernador el país por segunda vez entre el 2005 y 2011, solicitó un nuevo asilo político, pero esta vez ante el gobierno de Uruguay. Llegó a la sede diplomática uruguaya en Lima la noche del sábado 17 de noviembre de 2018, horas después de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de impedimento de salida del país para él por la investigación que se le seguía por el Caso Odebrecht.
No obstante, el mismo sábado, en la tarde, García había escrito en su Twitter que se allanaba a la decisión judicial. “No es una sanción estar 18 meses en mi patria”, precisó.
A las 7 y 30 de la mañana, del 3 de diciembre de 2018, el Gobierno uruguayo comunicó a la cancillería peruana su decisión de negarle el asilo diplomático del ex presidente Alan García Pérez.
3. Montesinos y la fuga a Panamá
Vladimiro Montesinos, quien fuera el asesor presidencial de Alberto Fujimori en la década de 1990, recurrió al asilo político para intentar eludir la acción de la justicia. Tras escapar del Perú, el ‘Doc’ solicitó refugió a Panamá.
El entonces jefe de Gabinete Ministerial, Federico Salas, solicitó, a través de una llamada telefónica, el asilo a favor de Montesinos Torres. No obstante, tras pocos días, Panamá, rechazó el pedido. “Luego de estudiar la referida solicitud de asilo, el Consejo de Gabinete, reunido en sesión extraordinaria, recomendó no acceder a esa petición”, señaló el gobierno panameño en un comunicado.
4. Belaunde Lossio y el refugio negado
El 29 de mayo de 2015, el empresario Martín Belaunde Lossio fue entregado a las autoridades peruanas en la localidad fronteriza de Desaguadero, en el marco de un proceso de extradición aprobado por la justicia de Bolivia.
Belaunde Lossio había solicitado asilo político a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, luego de haber fugado del Perú en diciembre de 2014. No obstante, su pedido fue negado en dos oportunidades.
A raíz de ello, quien fuera asesor del expresidente Ollanta Humala en la campaña electoral de 2006 escapó del arresto domiciliario en La Paz que cumplía y se mantuvo en la clandestinidad por cinco días. La policía boliviana lo capturó en el departamento de Beni, cercano a la frontera de Brasil.
De acuerdo a la fiscalía peruana, Belaunde Lossio lavó el dinero público que el encarcelado ex gobernador regional de Áncash César Álvarez desvió a “La Centralita”.
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5. Hinostroza, otra vez no habido
El último 17 de junio, la justicia de España rechazó definitivamente la solicitud de asilo político que presentó el ex juez supremo César Hinostroza, quien escapó a Ecuador en octubre de 2018 y luego se estableció en Madrid. El ex magistrado- de acuerdo al Ministerio Público peruano- es el cabecilla de la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Hinostroza protagonizó diferentes conversaciones- registradas en los CNM audios, donde se revela una red de intercambio de favores y de corrupción en el sistema judicial.
A inicios de julio, las autoridades españolas decretaron “la búsqueda, detención e ingreso a prisión” del ex juez supremo para su “entrega por el servicio de Interpol a las autoridades judiciales de Perú”.
En la actualidad, Hinostroza está prófugo y se sospecha que se encuentra en Bélgica.
Con la colaboración de Carlos Batalla, periodista del Archivo de El Comercio.