El miércoles nos sorprendió un mensaje a la nación de Dina Boluarte y Alberto Otárola, con el gabinete como ‘backing’. El tono no era culposo, como hubiera gustado a la oposición callejera; pero sí grave y lastimero. Dina y Alberto deploraban que tuvieran que enfrentar una movilización que iba ‘contra el Perú, contra los emprendedores, contra nuestras ganas de avanzar’. Queriendo arroparse en un símbolo unánime, Alberto llegó a decir ‘queremos ver el clásico U-Alianza’. Dina no tuvo esa salida frívola. Prefirió terminar, pesarosa, en quechua.
Había, en el mensaje presidencial, un extraño tufo a despedida, a ‘les hablo hoy porque no sé qué pueda pasar mañana’. Sin querer ni prever, el gobierno fue el mayor promotor de la marcha del 19 de julio, sobreestimando su impacto y provocando a muchos limeños sumarse a ella, al dar declaraciones que estigmatizaban a los probables marchantes. Los reportes de inteligencia no eran alarmantes, pero la inseguridad e impredictibilidad son grandes. Conversé, para esta crónica, con el viceministro de Orden Interno del Ministerio de Interior, el Gral. PNP (r) Miguel Núñez Polar, y me dijo: “La policía ha tenido una actuación de acuerdo a su plan, respetando derechos fundamentales. Nos preparamos para hechos importantes, pero hay que decir, sin ser triunfalistas, que nuestra inteligencia no detectaba que fueran a pasar”.
Lima los tomó
El discurso oficial, repito, era alarmista. Por un lado, Otárola habló escandalizado de la intervención de la ‘camarada Vilma’ llamando a la marcha, una procesada por terrorismo sin liderazgo en la convocatoria; por el otro, La Resistencia fue recibida en el Ministerio de Cultura. Todo esto soliviantó al progresismo limeño y a personalidades como Rosa María Palacios, que salieron a marchar sin importar con quién se cruzaban en el camino. La ‘toma de Lima’ fue tomada por limeños.
Según los cálculos del Mininter, en conferencia de prensa del ministro Vicente Romero al cierre de la jornada de protesta se movilizaron alrededor de 21 mil personas a nivel nacional. En Lima, según me dijo el viceministro Núñez y lo vi en los mapas de calor de la PNP, llegaron a marchar entre 4,800 y 5,200 en el pico alrededor de las 6pm. Mis fuentes de la Defensoría coinciden con el número de la PNP a nivel nacional, pero calculan que hubo entre 11 y 12 mil en Lima. Omar Coronel, sociólogo experto en protestas que, por lo general, hace cálculos aguafiestas, esta vez, por el contrario, me comentó que solo en Lima, contando en distintos momentos a manifestantes que iban por solo unas horas, sumó más de 20 mil.
En lo que todos coinciden es en que fue una marcha masivamente limeña. El Gral. Roger Pérez Figueroa, jefe de la región policial Lima, calculó, en entrevista en RPP, que viajaron 4,500 manifestantes desde otras regiones. Quizá mezcló cifras de distinto concepto, porque el viceministro Núñez Polar calcula alrededor de mil; aunque me advirtió que esa es una medición muy difícil. De lo que está seguro es que vinieron mucho menos que en las ‘tomas’ pasadas, por diversas razones, en especial, por la “razón económica, es costoso y hubo malas experiencias con el dinero, además de que los comerciantes no han querido afectarse en la campaña de Fiestas Patrias”. La fecha, ciertamente, jugó en contra de los organizadores.
La protesta no ha acabado, me alerta Núñez, y pueden haber manifestaciones aisladas en los próximos días. Se han registrado buses con probables manifestantes, llegando o por llegar luego del 19. Semanas atrás, el dirigente de las rondas urbanas de Juliaca, Orlando Sanga, me dijo que iban a aprovechar la presencia de delegados de todas las regiones en Lima, para llevar a cabo una asamblea nacional de la Conulp (Comité Nacional Unificado de Lucha por el Perú). Uno de los temas que allí discutirían sería la reposición de Castillo. No insistieron en hacerlo antes, para que no peligrara la confluencia con el ala más moderada, comandada por la CGTP, Construcción Civil, sectores del magisterio, movimiento estudiantil y otros confusos opositores de un gobierno inseguro.
En la niebla, una agenda
Es difícil postular el diálogo cuando las consignas son ‘Dina asesina, el pueblo de repudia’ o ‘cierren el Kongreso korrupto’. Ya conocemos el maximalismo de las demandas políticas callejeras en estos años inestables. ¿Cómo discuto contigo si quieres que desaparezca primero? Sin embargo, a diferencia de las marchas de diciembre y enero, se atisban demandas sociales, esas que siempre se pueden atender. Por ejemplo, Verónika Mendoza, tan radical como los castillistas en su oposición a Boluarte, dijo que en su mensaje previo a la marcha, Dina debió pedir perdón por los muertos. O sea, no es solo que se vaya con todos.
"¿Cómo discuto contigo si quieres que desaparezca primero? Sin embargo, a diferencia de las marchas de diciembre y enero, se atisban demandas sociales, esas que siempre se pueden atender"
Rolando Luque, defensor adjunto en materia de conflictos sociales, me dijo lo siguiente cuando lo llamé: “Lo que ha ocurrido desde el 7 de diciembre en adelante es un profundo sentimiento de agravio; todo eso ha provocado una sensación de menosprecio que es el motivo movilizador principal. No es fácil de resolver. Es por eso también, que no han venido muchos. Las veces pasadas fueron maltratados, sintieron el desprecio y no querían gastar para volver a sentirlo”. Luque añade que, “como no hay elementos de responsabilización sobre las muertes, se percibe que hay impunidad”. Por otro lado, Rolando me dice que ha visto, en esta marcha, en algunos ‘flyers’ y anuncios, debajo de las demandas políticas radicales, la aparición de demandas sociales.
En una recopilación de carteles de la protesta que ha hecho el Centro Wiñaq, no aparecen nítidamente demandas asociadas a apremios económicos, de salud, educación o infraestructura; pero sí crece un reclamo de justicia, que puede ser atendido. Freddy Vracko, líder de la Asociación de Movimientos Regionales, que participó en la marcha, me dijo que él también nota diferencias respecto a diciembre y enero. “Si cambiaran de gabinete, allí tendríamos una muestra a partir de la cual puede haber un diálogo”, me dice; a pesar de que su grupo junta firmas para pedir un adelanto de elecciones.
Si aparecen ‘demandas sociales’ que Boluarte pedía desde diciembre y una de ellas es el reclamo de justicia, es evidente que la respuesta podría ser un discurso que incluya un pedido de perdón por los sucesos trágicos. Ello ayudaría a remontar la crisis de desaprobación del gobierno. Al día siguiente de la marcha, Dina apuntó en esa dirección muy tímidamente: “Reconocemos a los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente”, dijo. El reconocimiento es un concepto más amplio, que puede incluir el pedido de perdón, pero que comprende una gran variedad de gestos que hagan ver a segmentos del país, que no son estigmatizados, relegados o discriminados. Boluarte, probablemente, teme que hacer gestos de reconocimiento o aproximación a las regiones de mayor oposición, como Puno, enfrentarían un rechazo que le haría perder más puntos. No se hace política sin tomar riesgos.
Indagué en fuentes policiales por el balance judicializable de la marcha. Me contaron que detuvieron a tres personas con una bomba molotov. Se dijo primero que se trataba de un sujeto que la lanzó sin provocar daños, pero estaba acompañado de otros dos, que lo ayudaron en su cometido. Según mis fuentes, los tres se conocen y viven en San Martín de Porres. El que lanzó la bomba tiene 39 años y se dedica al comercio ambulatorio; los otros dos tienen 19, uno es pelador de papas y el otro es mototaxista. No se ha encontrado, por ahora, que pertenezcan a algún movimiento. Pero, sin saberlo, pusieron pálido al gobierno.
"Boluarte, probablemente, teme que hacer gestos de reconocimiento o aproximación a las regiones de mayor oposición, como Puno, enfrentarían un rechazo que le haría perder más puntos"
La PNP, tras los 49 muertos de enero y diciembre, la gran mayoría en operativos policiales; también estaba lívida. Ahora respira con holgura. Se notó el alivio en el ministro Vicente Romero en su conferencia de prensa para cerrar el 19 de julio, y lo noto en el rostro de su viceministro Núñez, cuando converso con él en el Mininter. Ambos ingresaron al ministerio luego de los sucesos del 9 d enero en Juliaca que el informe de la CIDH llama ‘masacre’ en condicional. Su gestión no es responsable de las tragedias pasadas; pero temían serlo de una nueva. Por eso, según me cuenta Núñez: “Recogimos las recomendaciones de los organismos internacionales, hemos capacitado y reentrenado en manejo de ira, invitamos a estar presentes a organismos en el momento en que se apertrechaba a los policías que salieron ese día”.
Mira: Así fue la jornada de protesta del 19 de julio.
El gobierno no solo estaba inseguro respecto al poder de la marcha sino también respecto de la ecuanimidad de la PNP. Por eso, por Res. Suprema N. 032-2023 DE del 4 de julio, se creó una comisión multisectorial, presidida por Defensa, para hacer seguimiento de la implementación del DL 1095 que regula el uso de la fuerza. O sea, Dina y Alberto pusieron en manos de Defensa, el cuidado de que la PNP no se desborde. Esa comisión ha tenido poco peso, porque el Mininter, en los días previos a la marcha, creó su propio grupo multisectorial, sin resolución de por medio, e invitó a funcionarios de otras instancias a coordinar acciones respecto a la protesta. Con una presidente, ‘que no tiene comando’, según sus propias declaraciones, suceden, pues, estas cosas.
Núñez añadió algo adicional: “El plan consistía en dejar pasar hasta el Parque Universitario, y el cruce entre Abancay y La Colmena, que es la zona más álgida en las manifestaciones de los últimos años, porque quieren ir al Congreso. Si podíamos manejar allí las cosas, ahí se quedaban; pero sino, los dejábamos ir hasta el Congreso y así dividíamos grupos. Se ha dejado que vayan por Abancay y un grupo salga por Acho, eso no se veía hace mucho tiempo”. La estrategia de dejar avanzar y dividir tuvo éxito para el balance pacífico de la marcha tomada por los limeños.