Para limpiar la política, la columna de Jaime de Althaus

La proliferación de denuncias sobre corruptelas de todo tipo de los congresistas es alimentada, en parte, por los perdedores en la batalla de la vacancia y potenciada por ciertos medios, pero lleva a algunos incluso a pedir que se cierre el Congreso y que se vayan todos. En la discusión sobre las responsabilidades, se acusa a los partidos de no haber puesto buenos filtros y también a los electores de haber elegido mal. “¿De qué nos quejamos si nosotros los elegimos?”, se oye decir.

Pero la verdad es que los partidos y los electores actúan como actúan también porque el sistema de reglas electorales casi no les permite otra cosa. Comencemos por los electores. En este momento hay 23 partidos políticos inscritos y habrá más cerca de las elecciones del 2021. Supongamos que presenten listas solo 15 agrupaciones. Y supongamos una región con ocho representantes. Significa que habría 120 candidatos al Congreso haciendo campaña en esa región. ¿Usted cree que un elector puede llegar a conocer a 120 candidatos para elegir bien a dos de ellos? Imposible. Pero si tuviésemos un sistema de distritos uninominales, donde solo se presenta un candidato por cada agrupación, habría un máximo de 15 postulantes. Es mucho más fácil conocer más o menos bien a 15 que a 120. Y en la medida en que este sistema tiende a reducir el número de partidos, a la larga se elegirá solo entre cuatro o cinco candidatos. ¡Ideal!

Veamos ahora a los partidos. Para las elecciones del 2021, no podrán tener financiamiento de empresas, tampoco del Estado. ¿Dónde conseguirán fondos? Pues buscarán a personajes conocidos y con dinero (muchas veces mal habido en el narcotráfico, en la minería ilegal o en mafias de proveedores, por ejemplo) para que, al hacer su campaña por el voto preferencial, publiciten simultáneamente al candidato presidencial, fuera de aportar a la campaña presidencial misma. Así ha ocurrido.

Los remedios son obvios: eliminar el voto preferencial y permitir el financiamiento transparente y público por parte de las empresas formales (o que aporten a un fideicomiso para que el partido no sepa quién fue su aportante) o que el Estado financie las campañas o cuando menos la publicidad en TV. Prefiero la primera opción (empresas), porque compromete de manera transparente a la élite empresarial con el país, algo que no hemos tenido. Y entonces más miembros de la supuesta clase dirigente nacional aceptarían participar en política.

Porque también ocurre que las personas destacadas y honestas no ingresan a la política, y menos a los partidos, precisamente para no contaminarse, o cuando menos ese es el pretexto que blanden. Ayudaría a una participación más selecta que los partidos fueran más institucionalizados y que hubiera en ellos instancias de estudios y debate. No hay nada de eso. Para ello debe facilitarse el financiamiento privado formal y modificar las reglas electorales, a fin de facilitar la conformación de un sistema de pocos partidos relativamente estables. Es la tarea de la Comisión de Constitución del Congreso.