Los Dinámicos del Centro: ¿Qué acciones tomarán diputados de Bolivia por la presunta fuga?

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Se trata de Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Reyes Salguerán, Francisco Muedas Santana, José Bendezú Gutarra y Waldys Vilcapoma Manrique. Los cinco se encuentran prófugos desde el miércoles 6 de octubre, cuando el Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra.

Por ello, el último martes el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó su captura internacional. Un oficio de la Policía Nacional informa que algunos de los requisitoriados habrían salido del país. También se ha dado cuenta de esta situación a la Interpol, que debe emitir una alerta roja. Recién dos semanas después de dictada la orden de medida restrictiva, el Ministerio del Interior (Mininter) los incluyó en el Programa de Recompensas.

Según los certificados de movimiento migratorio de los cinco buscados que obtuvo El Comercio, ninguno registra salida regular del país. Según fuentes de este Diario, un informe de inteligencia señala que están en Bolivia. De ser así, su ingreso al país vecino habría sido irregular.

En vista a esta situación, el diputado boliviano Alberto Astorga (Comunidad Ciudadana) dijo a este Diario que está realizando pedidos de informes por escrito al Ministerio de Gobierno (Interior) y de Relaciones Exteriores de su país (a través de Migraciones).

Manifestó también que hay preocupación por este presunto ingreso irregular al país fronterizo.

“Vemos con preocupación el ingreso de esas personas al país. Sin duda, debe haber una coordinación entre el Ministerio de Gobierno y Migración para que no entren. Por eso estamos enviando las peticiones de informe correspondientes para que nos puedan expresar todo lo que saben al respecto, las investigaciones que están realizando y al mismo tiempo consideramos que el ministro de Gobierno debe tomar cartas en el asunto”, dijo Astorga este jueves.

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Estas peticiones consistirán en pliegos de preguntas para ambos ministerios, por lo que esperan puedan ser respondidos lo antes posible.

Estas consultas serán: datos sobre el ingreso de los requisitoriados a Bolivia, de qué manera habrían entrado al país de haberlo hecho y qué acciones toma el Ministerio de Gobierno de Bolivia en la investigación para que puedan ser detenidos. “Son esas las preguntas, pero haremos un cuestionario amplio para que respondan”, agregó Astorga.

Explicó que, de acuerdo con lo que establece la Asamblea Legislativa, hay un plazo de 10 días para responder al informe escrito que solicitará. “Posteriormente podríamos hacer una interpelación sobre el caso si es que no responden a las dudas que se presentan. Esa interpelación puede ser en la Asamblea Legislativa, pero en principio hacemos esta petición de informe escrito”, comentó.

Sin embargo, el diputado Astorga reiteró que exigirán que estas respuestas que solicitarán al Ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores sean enviadas “lo antes posible”.

Ministro de Gobierno de Bolivia declaró sobre el tema el miércoles:

Esta es la resolución que autoriza la captura internacional de los prófugos:

Por su parte, el diputado de esta misma bancada, José Ormachea, coincidió en que hay preocupación por un presunto ingreso irregular de requisitoriados peruanos a Bolivia.

“Hay antecedentes de refugio de criminales en Bolivia por parte del MAS (Movimiento Al Socialismo), entonces estamos preocupados desde la oposición por este hecho. No sería de extrañar que en el marco de una cooperación irregular vengan prófugos de la justicia peruana a nuestro país a refugiarse para no ser aprehendidos”, cuestionó Ormachea.

Dijo que se deben pedir explicaciones escritas y orales a las autoridades bolivianas por esta situación, entre ellas a Migraciones Bolivia para saber si existe algún registro de entrada al país u otro pedido ante otra instancia, como el refugio.

“También si hay algún trámite en el Consejo Nacional de los Refugiados (Conare Bolivia), si estos ciudadanos hubiesen tratado de pedir refugio. Objetaríamos esa petición si se hubiese hecho. Hay que pedir explicaciones al Ministerio de Gobierno si en coordinación con Interpol tienen información al respecto, y si van a tomar medidas en el marco de tratados”, indicó.

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Ormachea precisó dar con el paradero de los buscados debe ir en correlación con las relaciones de cooperación entre ambos países. “Hay que insistir a las autoridades que puedan buscar a estos ciudadanos como una altísima prioridad en el marco de las relaciones de cooperación de los Estados, más allá de afinidades ideológicas obvias que tienen Luis Arce -presidente de Bolivia- y Pedro Castillo”, finalizó.

En tanto, el diputado Erwin Bazán, jefe de bancada de Creemos, comentó a El Comercio que este no es un tema menor y que requerirá un pedido de información al Ministerio de Gobierno.

“Me alerta sobremanera, tomando en cuenta las reiteradas veces en que Evo Morales ha estado en Perú para expandir sus vínculos políticos. Esa presencia tan reiterada de Evo Morales en Perú me alerta y no puedo evitar asociarlo a esto, de personas peruanas en Bolivia. Habrá que seguir esa pista y podemos comenzar conforme a nuestra competencia haciendo peticiones de forma escrita que obliguen al ministro de Gobierno a informar formal y oficialmente. En una conferencia de prensa, el ministro puede simplemente decir que no sabe nada, pero en una petición de informe escrito se obliga a responder con solvencia”, opinó Bazán.

Al igual que los demás representantes, indicó que se deberá pedir información a las autoridades competentes del país. “Voy a hacer las peticiones de informe escrito para que se me entregue la información sobre el tema”, adelantó.

El último miércoles, El Comercio consultó a Migraciones Bolivia respecto al seguimiento o ingreso de los requisitoriados al país fronterizo, sin embargo el pedido fue rechazado. “Se ha remitido su consulta a la Unidad Correspondiendo, donde establece que su pedido de información es improcedente”, respondieron. Agregaron que la información “solo se proporciona a través de una solicitud de autoridad competente”.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, se refirió ayer al caso Dinámicos. “Cualquier persona que tenga una alerta roja y sea encontrada será remitida de manera inmediata a la frontera correspondiente. Cuando tengamos información oficial, la haremos conocer”, informó.

Las autoridades peruanas tampoco han especificado si mantienen comunicación con sus pares bolivianos para dar con el paradero de los prófugos. El Comercio solicitó al Mininter una respuesta sobre este caso de presunta fuga, pero hasta la publicación de esta nota no tuvimos respuesta.

Otros peruanos que tuvieron Bolivia como destino

Desde el 21 de enero del 2015, Martín Belaunde Lossio cumplía un arresto domiciliario en una casa del barrio Bajo Llojeta, en La Paz.

Previamente, había permanecido 236 días prófugo.

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Sin embargo, en mayo del mismo año, mientras esperaba que su extradición hacia el Perú se hiciera efectiva, escapó del lugar, lo que motivó la búsqueda por parte de las autoridades policiales de Bolivia.

Cinco días después de su fuga, Belaunde Lossio fue capturado el 28 de mayo del 2015 en la localidad de Magdalena, departamento de Beni, al norte de La Paz. Tras ser intervenido, fue trasladado a La Paz.

El 11 de mayo del mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó la extradición de Belaunde Lossio, empresario que tuvo una activa participación como asesor y publicista en la campaña electoral del 2006 del expresidente Ollanta Humala, y que colaboró de forma esporádica en la campaña del 2011. Belaunde Lossio estaba siendo investigado por los casos Antalsis, Odebrecht y La Centralita.

El 14 de diciembre del 2019, fue excarcelado del penal de Ancón tras vencerse plazo de prisión preventiva.

En octubre de 1990, Walter Chávez Sánchez envió cartas a los empresarios Freddy Villafuerte y Alfredo Benavides en las que los conminaba a entregar un “bono de guerra” a cambio de no atentar contra sus vidas.

Chávez fugó del Perú ese año, cuando estaba siendo procesado y tras haber confesado su responsabilidad a la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional.

Según investigaciones policiales, Chávez era conocido como ‘camarada Enrique’ y era considerado una de las figuras intelectuales del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de acuerdo con información publicada por El Comercio el 2007.

Chávez Sánchez fue también asesor de comunicaciones del expresidente boliviano Evo Morales y desde 1992 gozaba de la calidad de refugiado.

El 5 de octubre del 2016, se accedió a la solicitud de extradición activa de Chávez Sánchez, formulada por la Sala Penal Nacional y declarada procedente por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, para ser procesado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública – terrorismo, en agravio del Estado peruano.

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