Congreso: Cuando la perversión es mayoría simple. Crónica de Fernando Vivas

Les pongo un ejemplo de la astucia y retorcimiento de todo esto: Solo dos congresistas de Acción Popular, Maricarmen Alva (ex presidenta del Congreso) y Karol Paredes (presidenta de la Comisión de Ética), se oponen a los ‘Niños’ dentro de su bancada de 14. En una maniobra de alta precisión, el portavoz de AP, José Arriola, alineado con ellos, propuso a Alva y Paredes como representantes de la bancada en la Comisión Permanente (CP). Ambas denunciaron que de esa forma se les quería impedir que voten por acusar a sus colegas en el Pleno, pues los miembros de la CP no votan las acusaciones. Ambas renunciaron a la Permanente. A la hora de la votación el 18 de mayo, hicieron cuestión de Estado para defender su derecho a votar. Los ‘Niños’ hicieron de las suyas: pidieron que se recalcule el número de votos requeridos para acusarlos. Ya no eran 50, sino 51. Igual se iban a salvar, pues los votos acusatorios no llegaron ni a la cincuentena. Ahora, están en la brega por salvarse de una nueva acusación. ¿Pero por qué existen ‘Niños’ inimputables, porqué Josué Gutiérrez es Defensor del Pueblo, porqué se vota una Ley Mordaza y porqué van por más?

La representación de los electores no solo es mala y poca, sino que se ha roto durante el castillismo. Los congresistas no tienen ‘accountability’ ni hacia el pueblo ni hacia el partido que los postuló. Solo suman intereses. Esa es la principal explicación de su libertinaje: rota la representación, cortados los cables a tierra, quedan chicotes sueltos, cargados de corriente, que se integran entre sí. Los ‘Niños’ son el mejor ejemplo de ese nuevo cableado informal. Sin partido y sin relación con sus bases regionales, nucleados desde el 2021 por una cuota política que les dio Castillo, son motor y motivo de buena parte del Congreso. Han hecho que sus votos a favor de las causas y proyectos más diversos de sus colegas de otras bancadas se hagan notar y esperan que les sean pagados para salvarlos de las acusaciones e inhabilitaciones.

No solo ellos tejen redes. No solo de parlamentarios está hecho el Congreso. Hay asesores con más experiencia y destreza que sus jefes. Miren a Josué Gutiérrez. Como ex congresista, fue un hábil operador de Ollanta Humala y Nadine Heredia y llegó a presidir la estratégica Comisión de Presupuesto. Reciclado como abogado y asesor político de los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón, entró como empleado de este último al Congreso. Mientras Waldemar fue portavoz de Perú Libre, Gutiérrez se convirtió en asesor principal de la bancada. No todos los perulibristas lo digerían (me consta y vaya que ha tenido votos en contra en el propio PL, y en las bancadas afines Perú Bicentenario y Bloque Magisterial). Cuando Waldemar dejó la vocería, perdió algo de poder, pero siguió en el Congreso, con puertas y pasillos abiertos a su diálogo con otras bancadas. Por cierto, es simpático y reilón cuando departe con centro y derecha.

Gutiérrez hizo intensa campaña por su elección como Defensor del Pueblo, hablando con cada uno de los congresistas que consideraba claves para su elección. ¡Uno de ellos me contó que un familiar suyo le refirió una conversación con Gutiérrez! Mientras Josué hacía campaña in situ, Pedro Cartolín renunciaba a su candidatura, Jorge Luis Rioja hacía lo que podía desde lejos y Delia Muñoz ni movía un dedo, pues ya cargaba con el baloteo que padeció tiempo atrás cuando fue candidata al TC. Sin embargo, no fueron solo las andanzas de Josué entre todas las bancadas, lo que le granjeó tanto voto de la derecha que en el 2021 le hubiera patatuz de solo verlo postular. Fueron los nuevos vientos viciados que soplan desde el 7 de diciembre.

Con Boluarte en el poder, se canceló una forma de lidiar por la gobernabilidad. El Congreso dejó de dar la lata al Ejecutivo y este dejó de basar su popularidad –como Vizcarra y como Castillo- en su enfrentamiento con aquel. Boluarte, para su sostenibilidad, no ha tenido que lidiar con el parlamento sino con la protesta popular y, a pesar de que la vimos contra las cuerdas en sus primeras semanas, pudo vencerla. Simplemente, ignoró sus demandas y sus muertos, y dejó que se extinguiera por falta de organización y de liderazgo. Y se acercó a la mayoría congresal de derecha aunque desnaturalizara la raigambre de izquierda de la que se jacta.

El Congreso conservador, por primera vez desde el 2016, tuvo la cancha libre para recuperar sus facultades frustradas (elección de miembros del TC, del Defensor del Pueblo, rematar la contrarreforma educativa y de transporte) e ir por más. Ni siquiera cuando Fuerza Popular tuvo la mayoría absoluta gozó de tanta permisividad del Ejecutivo y armonía entre sus polos, cómo para lanzarse a legislar, elegir y blindar con tanta soltura. Miren la última perla del collar que quiere ser ensartada precisamente por un ‘Niño’ de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi: ha presentado el proyecto de ley 4926-2022 para que sea el Congreso quien elija al procurador general del Estado. Antes, conocimos un proyecto similar para que el Congreso elija al Contralor.

Otra perla ya ha sido ensartada y publicada en El Peruano. Se trata de la Ley 31751 que modifica el código penal para que la prescripción de delitos no tenga que esperar más de un año las demoras en los procedimientos de formalización de acusaciones. La promovió Flavio Cruz, el legislador ‘estratégico’ de PL. O sea, algunos casos complejos contra organizaciones criminales y cacos de calibre, de esos en los que los fiscales se toman años en tener lista su acusación, podrían peligrar. Ahora viene la pregunta fundamental: Además de la disolución de vínculos entre bases, partidos y bancadas que hemos narrado en tantas crónicas, ¿es una desideologización la que permite pactos turbios entre derecha e izquierda? O, preguntado de forma más clara, ¿los congresistas han roto sus banderas y por eso votan lo que sea y se apañan entre sí?

Para responder esto, tendremos que responder, de paso, nuestra pregunta suspendida: ¿qué permitió la elección de Josué Gutiérrez además de sus óptimas condiciones para hacer campaña por sí mismo? No, no solo fue simpatía por el diablo, sino antipatía por Eliana Revollar, la defensora interina que la derecha detestaba por principio. Tal fue el rechazo ‘anti caviar’ hacia Revollar y la Defensoría como institución, que a muchos no les importó en qué manos cayera. Fuerza Popular votó en bloque por Rioja y cuando este perdió, simplemente decidió votar por quien siguiera, sin pacto que atara su voto a la próxima campaña por la mesa directiva o por el cupo que deja libre Augusto Ferrero Costa en el TC. En este Congreso, hay capacidad de pacto inmediato pero difícilmente para sostener una promesa en el tiempo.

Mira: Los ‘Niños’ y su estrategia para salvarse de próximas acusaciones.

Hay más ideología que escrúpulos en un Parlamento que sigue polarizado a pesar de estas ocasionales sumas de votos perulibristas con fujimoristas. El caso de la Defensoría se explica en buena parte gracias al común odio que los conservadores de PL y FP tienen por la izquierda progresista que encarna Revollar. Los ‘antis’ ideológicos siguen pesando por encima de cálculos e intereses. Se los confirmo en el caso del Defensor con una excepción: la bancada de Avanza País no apoyó a Gutiérrez, pues es más liberal que las otras, y no se les va la vida por apoyar una opción conservadora en la DP.

Una salvedad a favor de FP: apoyaron a Josué pero no a la llamada ‘Ley Mordaza’, que busca endurecer las penas por difamación como advertencia (está explicitada en su exposición de motivos) a la prensa hostil al Congreso. Esta bravuconada contra los medios fue promovida por Perú Libre, con la sangre en el ojo tras la vacancia de Castillo pero con mucha expectativa por lo que, con su precaria alianza con ‘Niños’, podemistas y algunos indisciplinados de APP y FP, pueden conseguir como cuerpo –¡gulp¡- ‘colegiado’.

Cuando los poderes estrenaron las armas nucleares, o sea la vacancia y la disolución del Congreso tras dos confianzas denegadas, se abrió la puerta para el uso extendido de otras armas letales, como los misiles de precisión. Se multiplicaron interpelaciones, censuras y denuncias constitucionales. Si te metes con el Congreso y eres funcionario, te puede caer una denuncia; es la advertencia. Al margen de los fundamentos legales sólidos de muchas acusaciones, la revancha política colegiada ha cobrado presas importantes. El Congreso no puede mandar a la cárcel, pero sí inhabilitar para el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso en el 2019, fue inhabilitado, en abril del 2021, por 10 años. De esa forma, se le impidió ocupar la curul que acababa de ganar para este Congreso y de paso, no podrá candidatear para el 2026, aunque proclame que lo hará.

A la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se la asocia al vizcarrismo y se la culpa de lenidad ante Castillo (no aprobó investigarlo siendo presidente, lo hizo su sucesor Pablo Sánchez). Está pendiente en el pleno la votación de una acusación que la inhabilitaría por 5 años. Esta se iba a realizar el jueves pasado, pero el ponente, Ernesto Bustamante, pidió exponer virtualmente, por razones médicas, y el presidente Williams, optó por reprogramar la sesión. La acusación incluye cuestionamientos documentados desde que Ávalos fue elegida fiscal suprema, pero el peso de su relación supuestamente perdonavidas con Vizcarra y Castillo, enemigos históricos del Congreso, le da un talante de revancha política a su acusación.

El caso pendiente de la ex fiscal, la trasciende. Resulta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo general comedida en sus expresiones públicas, se animó a emitir un comunicado el martes 23, para “invocar respetuosamente” a que los congresistas reflexionen sobre la acusación a la fiscal, pues “las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”. Sobre Ávalos, por cierto, pende una denuncia en la propia JNJ, de modo que más que defenderla, el ente salió en defensa de sus fueros para nombrar, juzgar y sancionar a jueces y fiscales.

A Patricia Chirinos, de Avanza País, el comunicado le pareció impertinente y al día siguiente presentó una denuncia constitucional contra los 7 miembros de la JNJ. Curtida en la política chalaca, Patricia es de armas tomar. Le pregunté sino le parecía un exceso replicar una exhortación con un misil. “No es usar un misil. Con ese comunicado, están desnaturalizando su función y asumiendo fácticamente la defensa legal y mediática. La propia fiscal tiene una denuncia que va a ver la junta, así que también están adelantando opinión”. Le repregunté a Patricia si el hecho de que la JNJ sea un ente diseñado por una reforma ‘caviar’, de alguna forma ha inspirado su denuncia. “Eso [que es caviar], lo sabemos desde siempre; pero a mi no me importa que sea de izquierda o derecha, caviar o de centro; lo que me importa es la independencia del Congreso y que cada entidad cumple sus funciones”.

Mira: Patricia Chirinos presenta denuncia constitucional contra los 7 miembros de la JNJ.

He aquí otro ejemplo de que en el Congreso, a pesar de todo y del descaro de los ‘Niños, sigue siendo ideologizado y no solo busca hacer respetar sus fueros sino ampliarlos. Desde que lo disolvió Vizcarra cuando, precisamente, buscaba elegir a magistrados del TC el 30 de setiembre del 2019, han avanzado bastante. Ya eligieron a media docena de magistrados de un porrazo y también al Defensor del Pueblo. Esas fueron dos promesas de la gestión de Alva y es una de las explicaciones de que, cuando la votación por Gutiérrez estaba casi definida en el tablero y no llegaba a 87, Maricarmen cambió de ámbar a verde.

Las promesas de su ex presidenta se cumplieron y, además, el Congreso ha pretendido elegir al Contralor y al Procurador general. Ha blindado a los ‘Niños’, ha aprobado (en primera votación) una Ley Mordaza, pretende inhabilitar a una ex fiscal de la Nación; todo esto, además de destruir reformas de la educación y el transporte. Es un Congreso impopular pero omnímodo, que plantea un gran reto a la democracia. ¿Algo se puede hacer? Para empezar, que el sistema de justicia y el TC, impongan una interpretación restrictiva de la inmunidad parlamentaria. Los ‘Niños’ blindados son el arma más peligrosa de todo el arsenal congresal.