‘Los Niños’: Los detalles del nuevo proyecto de Acción Popular que representa una amenaza contra la prensa

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El autor principal de la iniciativa es Jorge Flores Ancachi y suscriben el proyecto sus colegas Darwin Espinoza, Luis Aragón, Elvis Vergara y Wilson Soto. Todos ellos son investigados por el Caso ‘Los Niños’. También figura la adhesión de Luis Cordero Jon Tay, quien tiene una pesquisa abierta por la presunta red de corrupción que, según la fiscalía, habría liderado Patricia Benavides.

Los parlamentarios buscan que se incorporen dos literales al artículo 11 de la Ley 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) supuestamente “para evitar beneficios indebidos a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita”.

Lo que proponen es que las personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico televisivo o radial y directores de medios escritos de alcance nacional, así como sus cónyuges, convivientes o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad estén “prohibidos de contratar con el Estado”.

“El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce meses después”, dice el proyecto de ley.

En el caso de medios de alcance local o regional, los congresistas de AP proponen que la prohibición se dé “en el ámbito territorial regional en el que se ubique el medio de comunicación donde emite su señal o se venda su tiraje”.

De otro lado, también plantean que “las empresas jurídicas cuyo representante legal, gerente, socio o accionista, sea el director de un medio de prensa escrita o conductor o productor de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional, como también el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” también estén prohibidos de contratar con el Estado.

“El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce meses después”, dice la iniciativa.

En la exposición de motivos, los congresistas pretenden dar una cátedra de periodismo. Definen, por ejemplo, el concepto de periodismo y sus géneros. Luego, citan el código de ética del Colegio de Periodistas del Perú. Finalmente, mencionan los derechos y deberes de los hombres y mujeres de prensa.

No obstante, el proyecto, de 17 hojas, no menciona razones concretas para establecer las prohibiciones para los periodistas y sus familiares.

Solo se cita el caso de la periodista Juliana Oxenford y una entrevista dio la congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) en marzo del 2023. En dicha oportunidad, la parlamentaria fujimorista afirmó que el esposo y el padre de la conductora de TV habían “facturado con el Estado”.

Según el proyecto, la propuesta legislativa “no genera gasto adicional al Tesoro Público”.

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En diálogo con El Comercio, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), y los abogados Gilmar Andía y Roberto Pereira -asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)- señalaron que se trata de una norma “inconstitucional” y que representa una venganza contra la prensa.

Para Lainez, la propuesta es “inconstitucional” y “lo más preocupante, por la exposición de motivos, es que parece una ley con nombre propio porque citan el caso de Juliana Oxenford”.

“Es una ley sin duda discriminatoria, que atenta contra la libertad de expresión, además, es un desconocimiento total del periodismo absoluto. Un productor o un director no puede discriminar a gente cercana de su entorno para poder tener una contratación con el Estado [...] Eso también es atentar contra el derecho al trabajo”, subrayó.

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A su turno, Roberto Pereira opinó que es un proyecto “peligroso” y “un despropósito, manifiestamente discriminatorio y absurdo”.

Además, indicó que representa “una venganza contra la prensa crítica, a través de sus familiares”. “Es inconstitucional porque es discriminatorio y no hay ninguna razón para prohibir que los familiares de los periodistas contraten con el Estado”.

Pereira subrayó que es “totalmente lícito” que “los familiares de los periodistas contraten con el Estado” y en todo caso el tema debería evaluarse en el plano ético.

Gilmar Andía también advirtió que la medida “es inconstitucional por ser una limitante a la libertad de contratación no solo de los periodistas sino de sus familias”.

“Como si los periodistas ejercieran función pública. El sustento de esto es el caso de Juliana Oxenford y nada más que eso”, sentenció.

En un comunicado publicado en su página web, el IPYS consideró que se trata de un proyecto “manifiestamente injustificado que tendrá inevitables efectos discriminatorios contra los familiares de muchos periodistas”.

Revisa aquí la propuesta: