‘Los Niños’ y otros casos paralizados en el Congreso: ¿Qué sucederá en Ética y en Acusaciones Constitucionales?

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Los exoficiales mayores del Congreso César Delgado Guembes y José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi estimaron que, entre fines de agosto e inicios de septiembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) reanudaría sus sesiones.

Primero, explican los tres, debe darse la elección de la Mesa Directiva el próximo 26 de julio. Tras ello, se debe designar a los integrantes de las comisiones ordinarias. A partir de dichas designaciones, se instala la Comisión Permanente, desde donde se desprende la SAC.

“Optimistamente, la SAC estaría reanudando funciones a inicios de septiembre. Todo dependerá de cuándo se instale la Comisión Permanente”, indicó Delgado Guembes.

Cevasco también calculó un lapso parecido. “Las comisiones se estarían reconformando en quincena de agosto y estarían reanudando los casos a fines de agosto”, dijo.

A su turno, Alejandro Rospigliosi coincidió con las otras opiniones. No obstante, agregó que la velocidad con la que se instale de subcomisión y se prosiga con los casos depende de la “voluntad política” de los grupos parlamentarios.

“A fines de agosto, una vez instalada la Comisión Permanente, recién se conocerá quién presidirá la subcomisión de acusaciones. Por tanto, posiblemente, a inicios de septiembre podrían reanudarse los casos. Depende la voluntad política. Un claro ejemplo de ello fue el proceso contra Luciana León”, expresó.

Actualmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente la denuncia constitucional contra Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Los legisladores son investigados en el Caso ‘Los Niños’.

También fueron denunciadas ante el grupo de trabajo las parlamentarias Rosio Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruiz y María Acuña por los presuntos recortes de salarios de sus trabajadores.

Otras demanda que llegó al grupo es contra la exprimera ministra Betssy Chávez. La denuncia es por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado cuando fue ministra de Trabajo y congresista.

Chávez supuestamente habría favorecido a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado.

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Desde la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), señalaron que buscarán realizar “sesiones extraordinarias” para avanzar con los procesos. Resaltaron que, de los ocho casos de recortes de sueldos presentados en la comisión, quedaron pendientes las denuncias contra María Cordero Jon Tay, María Acuña, José Arriola y Katy Ugarte. Lo mismo en el caso de Edgar Tello.

En suspenso también está la acusación contra Marleny Portero por presuntamente haber obligado a los trabajadores de su despacho a donar sillas de ruedas. Su caso se encuentra en etapa de audiencias, mientras que el de Ugarte tiene pendiente la elaboración del informe final.

Como se recuerda, el grupo de trabajo blindó a fines de junio a las congresistas Rosio Torres y Magaly Ruiz (APP) y Heidy Juárez (Podemos Perú), denunciadas también por apropiarse de los haberes de sus colaboradores. Pese a la gravedad de sus casos, Ética solo recomendó para ellas una amonestación escrita y multa de 30 días de descuento de sus sueldos.

En tanto, la denuncia de oficio contra los 18 congresistas que fueron incluidos en marzo en las investigaciones del Caso ‘Los Niños’ está en la etapa de elaboración del informe de calificación, en este caso también están involucrados Ugarte, Tello, Arriola y Portero.

Junto con ellos, Ética aprobó investigar a Wilson Soto, Luis Aragón, Silvia Monteza, Edwin Martínez y Carlos Alva (Acción Popular); Carlos Zeballos (Podemos Perú); Germán Tacuri, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Pasión Dávila y Francis Paredes (Bloque Magisterial); Américo Gonza (Perú Libre) y Óscar Zea (No Agrupados).

Otro caso que tiene en sus manos la comisión es el de Luis Cordero Jon Tay, por su presunta participación en la red de espionaje promovida por el expresidente Pedro Castillo. El nombre del parlamentario saltó a la palestra tras la detención preliminar de Jorge Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, en marzo pasado.

En mayo, El Comercio reveló que, entre noviembre del 2022 y abril de este año, la Comisión de Ética abrió procesos contra 29 legisladores.

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El exoficial mayor César Delgado Guembes señaló que, en el caso de la Comisión de Ética, “si los miembros todavía están dentro de su mandato de dos años, los procedimientos deben seguir”.

Sin embargo, “cualquier cosa que produzca” dicho grupo de trabajo “se quedará en estado de suspensión hasta que el pleno se haga cargo” debido a que “la Comisión Permanente no tiene competencia en temas disciplinarios”.

“Si se trata de una sanción como suspensión, solo puede verla el pleno. Las demás sanciones sí las puede aplicar directamente la Comisión de Ética”, expresó.

Delgado Guembes estimó que, al año, el Congreso pierde entre 2 y 3 meses, entre el final y el inicio de una legislatura. “Si se multiplican por 5 años, se pierden entre 10 y 15 meses porque tiene que haber la renovación de los cargos”, señaló.

En tanto, José Cevasco y Alejandro Rospigliosi afirmaron que la nueva conformación de los integrantes de la Comisión de Ética también debe aprobarse por el pleno del Congreso, cuando culmine el mandato del actual grupo de trabajo, presidido por Karol Paredes.

Rospigliosi añadió que la Comisión de Ética debería reformularse y que un órgano externo debería realizar las investigaciones sobre faltas al código de ética. También cuestionó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral no haya anunciado las medidas que tomó respecto al caso de las congresistas denunciadas por recortes de sueldo.