Luciana León: otros congresistas investigados por la fiscalía por nexos con redes criminales

Luciana León Romero, representante del Apra en la Comisión Permanente, ha sido vinculada con la organización criminal Los Intocables Ediles, una red que operaba en el distrito de La Victoria y de la que habría recibido dinero. Hay seis aspirantes a colaboradores eficaces que han implicado a León con dicha organización que, de acuerdo a la fiscalía, tiene como cabecillas al empresario Alexander Peña y al exalcalde de La Victoria Elías Cuba. Por este caso, la Fiscalía de la Nación, allanó ayer la vivienda y oficina de la integrante del Apra.

Además de Luciana León, hay otros integrantes del Congreso disuelto que son investigados por el Ministerio Público porque han sido relacionados con organizaciones criminales.

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—El Caso Los Temerarios del Crimen—

En abril de este año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar a los entonces congresistas Carlos Bruce (en esa época era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y pertenecía a la bancada de Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Clemente Flores (PpK), Marvin Palma (Cambio 21) y César Vásquez (Alianza para el Progreso), por presuntos delitos de corrupción relacionados al Caso Los Temerarios del Crimen.

Juan Carrasco Millones, fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, fue quien envió a la Fiscalía de la Nación la información sobre los ahora integrantes del Parlamento disuelto. Esta se basa en testimonios que recogió para su indagación.

Entre los investigados por este caso está el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien habría promovido obras estatales a cambio de sobornos. De los cinco miembros del Parlamento disuelto mencionados, tres eran representantes por Lambayeque: Velásquez, Flores y Palma. Aparte de ellos, Héctor Becerril (Fuerza Popular), también elegido por la región, está implicado en el tema.

A continuación, las imputaciones contra los representantes del Congreso disuelto por el Caso Los Temerarios del Crimen:

Carlos Bruce (elegido por Lima)

Es investigado por el delito de tráfico de influencias agravado. Según la indagación, en el 2017, cuando era ministro de Vivienda, habría gestionado el traspaso de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua y Desagüe del Pueblo Joven Santa Rosa y la Urbanización San Lorenzo de Chiclayo hacia el Programa Nacional de Vivienda. Bruce habría hecho las coordinaciones del traspaso con Cornejo vía telefónica.

En más de una oportunidad, Bruce ha negado irregularidades en la adjudicación de obras. “Por acelerar una obra de reconstrucción en el marco de la ley tengo una acusación de un fiscal. Pues que me acusen mil fiscales porque lo voy a seguir haciendo. Es mi trabajo”, dijo el 11 de abril, cuando se conoció sobre la investigación de la Fiscalía de la Nación.

Javier Velásquez Quesquén (elegido por Lambayeque)

Es investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. De acuerdo al Ministerio Público, en el 2018 Velásquez realizó coordinaciones con el objetivo de que la Municipalidad de Chiclayo, cuando David Cornejo era alcalde, obtuviera más presupuesto. Para ese fin, el aprista habría coordinado con Mercedes Araoz, cuando era primera ministra, y Édgar Quispe Renón, entonces jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Además, según la fiscalía, el miembro suplente de la Comisión Permanente habría gestionado una reunión con Édgar Alarcón, cuando era contralor (fue destituido en julio del 2017), para que se otorgara un certificado de funcionamiento a una discoteca en Chiclayo y la buena pro de obras de infraestructura al empresario Miguel Ángel Nureña.

Al igual que Bruce, Velásquez ha negado vínculo alguno con Los Temerarios del Crimen. Hace unas semanas además ha pedido al Poder Judicial un control de plazos con la intención de que se concluya la investigación que la Fiscalía de la Nación le sigue. La audiencia se realizará este jueves 24.

Clemente Flores (elegido por Lambayeque)

También es investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. A Flores se le imputa haberle pedido a David Cornejo, en el 2018, que apoyara –con dinero de obras de construcción– la campaña para la Alcaldía Provincial de Chiclayo de Michael Llontop Ruiz, quien fue candidato de Peruanos por el Kambio para el cargo en las elecciones municipales y regionales del 2018. A cambio, Flores se habría comprometido a gestionar obras relacionadas con la Reconstrucción con Cambios.

Asimismo, Willy Serrato, exalcalde de Olmos implicado en el caso, afirmó que fue testigo de una conversación en la que David Cornejo le ofreció el 5% de las obras a Flores si este las conseguía.

Flores ha negado las imputaciones que le hacen. Además, denunció a David Cornejo por calumnia.

Marvin Palma (elegido por Lambayeque)

Es investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y los que resulten de la indagación. En su caso se señala que habría pedido a David Cornejo que se lo beneficie con la ejecución de obras a cambio de abogar ante Edgar Alarcón, cuando era contralor (fue destituido en julio del 2017), para que se desbloqueen las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

La Fiscalía de la Nación también investiga a Alarcón por presuntamente haber recibido S/30.000 en el año 2016 para desbloquear las cuentas mencionadas.

Cuando se conoció sobre la investigación fiscal, Palma reconoció que conocía a Cornejo, pero negó que supiera sobre un presunto soborno para Alarcón.

César Vásquez (elegido por Cajamarca)

Investigado por los delitos de colusión y tráfico de influencias. De acuerdo a la fiscalía, el representante de APP habría pedido a Juan Cornejo Chinguel, hermano del exalcalde de Chiclayo, que intercediera con un alto funcionario del municipio para que favorezca al empresario de Cajamarca José Campos con la buena pro de una obra de pavimentación y veredas en el pueblo joven Elías Aguirre. A cambio, se entregó S/40.000 a Cornejo Chinguel. Para el Ministerio Público, Vásquez pudo haberse beneficiado económicamente por su intervención.

Tras revelarse la investigación, Vásquez dijo que se allanaba a esta, pero consideraba que no había razones suficientes para iniciar una indagación contra él.

—El Caso Los Wachiturros de Tumán—

Al igual que el Caso Los Temerarios del Crimen, el de Los Wachiturros de Tumán se desarrolla esencialmente en Lambayeque. El principal implicado es Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Actualmente, Oviedo cumple prisión preventiva por este caso y el de Los Cuellos Blancos del Puerto. En la investigación de la fiscalía sobre Los Wachiturros de Tumán, relacionada con presuntos actos delictivos en la azucarera del mismo nombre, se ha implicado a más de un congresista.

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Héctor Becerril (elegido por Lambayeque)

En junio de este año se conoció que la Fiscalía de la Nación declaró competente a la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo para que desarrolle una investigación preliminar contra Héctor Becerril por el delito de asociación ilícita para delinquir.

En este caso, el fiscal Germán Montero señala a Becerril como uno de los principales integrantes de la organización que Oviedo encabezaría. Para el Ministerio Público, el representante de Fuerza Popular y su hermano Víctor Becerril –dos veces candidato de FP al Gobierno Regional de Lambayeque– “tenían intereses económicos, por ello cometían y ordenaban cometer atentados contra los opositores a sus intereses y a los intereses del líder de la organización criminal”, en referencia a Oviedo.

Entre el 2006 y 2011, Becerril fue administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán cuando Oviedo estaba a cargo de esta. Asimismo, en el mismo período fue jefe de seguridad de la azucarera Pomalca.

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El fiscal de Chiclayo Juan Carrasco ha solicitado que, además de Becerril, por el caso sean investigados Javier Velásquez y Marisol Espinoza por haber impulsado una extensión de la ley de protección patrimonial que favoreció a azucareras controladas por Oviedo.

Desde febrero de este año, Becerril además es investigado por el Caso Los Temerarios del Crimen. Esta indagación, a cargo del fiscal adjunto supremo Luzgardo González, se originó de una denuncia que la empresaria Mirtha Gonzales.

La exrepresentante de la Constructora CRD afirmó que entregó un soborno de S/74.000 en materiales para que sean usados en la casa que Héctor Becerril construía en Trujillo. Esto habría sido por solicitud de Wilfredo Becerril, hermano del integrante de la Comisión Permanente.

Más de una vez, el representante de Fuerza Popular ha negado los cargos que se le imputan en las dos investigaciones mencionadas. En una conversación con este Diario, realizada en junio, dijo que el fiscal Juan Carrasco –a cargo de los casos Los Wachiturros de Tumán y Los Temerarios del Crimen– tiene una animadversión en su contra.

—Otros casos—

Hay otros miembros del Congreso disuelto que son investigados por el Ministerio Público o han sido sentenciados por el Poder Judicial. Entre estos últimos están Benicio Ríos y Edwin Donayre, quien está prófugo desde que fue condenado por el Caso Gasolinazo. Ambos eran representantes de APP.

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Además, en setiembre el Poder Judicial ordenó nueve meses de impedimento de salida del país para Moisés Mamani, de Fuerza Popular, por la investigación que se le sigue por tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam. Este mes, el PJ dictó una medida similar para Roberto Vieira, quien pertenecía a la bancada de Cambio 21, por una investigación por el delito de tráfico de influencias.