El fiscal Carlos Puma Quispe encontró varios indicios de delitos para acusar al ex alcalde Luis Castañeda: desde presuntas coordinaciones entre ex funcionarios de la Municipalidad de Lima para favorecer a la empresa OAS con concesiones millonarias hasta fondos de esa constructora que, según sospecha Puma, llegaron a manos de la ex autoridad edilicia a través de la Universidad Telesup.
Por ello, el viernes el fiscal del equipo especial del Caso Lava Jato solicitó ocho meses de impedimento de salida del país para Castañeda y otras cinco personas de su entorno. El fiscal Puma da cuenta en su requerimiento al Poder Judicial que los involucrados habrían cometido los delitos de colusión, negociación incompatible y lavado de activos.
Los otros imputados son la ex consultora municipal Giselle Zegarra, el ex asesor Martín Bustamante, el ex gerente municipal Jaime Villafuerte y el ex secretario general de Solidaridad Nacional y propietario de Telesup, José Luna Gálvez.
Puma asegura que Castañeda, Bustamante y Gálvez conocieron o pudieron presumir que el dinero que aportó la empresa OAS a la campaña municipal de Solidaridad Nacional era de origen ilícito. También da cuenta de las confesiones de cinco colaboradores eficaces
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