Luis Miguel Castilla, el “brazo funcional” que según la fiscalía habría facilitado que Odebrecht gane el Gasoducto

El pedido fiscal también alcanza a Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Mayorga Alba, quienes fueron ministros de Economía y Finanzas y Energía y Minas, respectivamente, en el gobierno de Ollanta Humala.

Este informe de la Unidad de Investigación fue publicado el jueves 5 de marzo.

“Se corrobora que Luis Miguel Castilla era un brazo dentro del nivel funcional de la organización criminal liderada por Nadine Heredia Alarcón”. De esta forma, la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, se refirió al exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ollanta Humala respecto a los presuntos actos ilícitos que habría cometido para la adjudicación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP) a la empresa brasileña Odebrecht. Al formalizar investigación, la representante del Ministerio Público detalló la “injerencia” del extitular del MEF y las coordinaciones previas que hubo para que la constructora no tenga competencia y así gane la buena pro del millonario proyecto.

En la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, la fiscal Mori reúne una serie de correos electrónicos incautados durante el allanamiento al inmueble del abogado Luis Peschiera Rubini, quien firmó la opinión legal emitida por el Estudio Jurídico Delmar Ugarte, documento que fue sustento para descalificar al postor opositor a Odebrecht –Gasoducto Peruano del Sur– en el proceso de concesión por el GSP. Estas comunicaciones, señala la fiscal, revelarían las coordinaciones previas con “funcionarios de nivel político”.

“¿Los ministros nos piden una posición en media hora?”, señala Peschiera en uno de los e-mails. Para la fiscalía, de este y otros mensajes se desprende que los miembros del Consejo Directivo de Proinversión, sobre todo Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga (exministro de Energía y Minas), habrían participado en las coordinaciones previas con los abogados del Estudio Jurídico Delmar Ugarte, entre ellos Miguel Ángel Ronceros Neciosup y Peschiera Rubini. Ronceros Neciosup, según las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y las declaraciones de Jorge Barata, tuvo el ‘codinome’ de ‘Magaly’ con depósitos a su favor por US$ 450 mil.

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Reuniones de emergencia

La línea de tiempo de los hechos es importante en este caso. El 27 de junio del 2014, los abogados de ProInversión elaboraron una carta que fue enviada al consorcio Gasoducto Peruano del Sur –la competencia de Odebrecht– en la que otorgaban un plazo hasta el lunes 30 de junio para que ratifique su declaración jurada de vigencia (es decir, los poderes de las empresas miembros) debido a que hubo una variación porcentual. Les precisaron que en caso no cumplan con lo requerido, quedaban descalificados del concurso.

Ese mismo 27 de junio, una serie de correos electrónicos fueron enviados entre Peschiera, Ronceros y otros integrantes del Estudio Delmar Ugarte. Todos con el asunto “Informe-modificación de participación de consorcios”, que contenían una primera versión de la opinión legal que favorecía a Odebrecht. Al día siguiente, el 28 de junio, Ronceros envía una “primera versión” del informe a Edgar Ramírez Cadenillas, presidente del Comité Pro Seguridad Energética a cargo de otorgar la concesión, y a Rosario Patiño, miembro de dicho comité. “Aún no está siendo formalmente emitido por nuestra firma y está sujeto a revisión”, precisó Ronceros a los entonces funcionarios.

Entre el sábado 28 y domingo 29 de junio, Peschiera se comunicó con Patiño para decirle que “quieren reunirse con nosotros en el MEF” y pidiéndole que lo llame. En un segundo correo electrónico, el abogado le preguntó a la funcionaria si podían quedar en el Ministerio de Energía y Minas “a eso de las 11pm” y que Ronceros –quien estaba en Río de Janeiro, Brasil– había llegado a Lima. Patiño le responde con un “ok” a la propuesta.

Es así que ese mismo domingo 29 de junio, Patiño citó vía correo electrónico “de emergencia” a una reunión en las instalaciones de ProInversión para las 11pm. Según detalla la fiscalía, a este encuentro acuden Peschiera con Ronceros, tres miembros del comité de Pro Seguridad Energética, el jefe de Proyectos en Temas de Seguridad Energética Luis Sánchez Torino, entre otras personas. Cabe precisar que Sánchez Torino era el presidente de la Comisión de Evaluación de los Sobres, que se encargaba de la precalificación, etapa en la que el proyecto GSP se encontraba en ese momento.

De acuerdo a los testimonios que ha obtenido la fiscalía, luego de esta reunión que duró unas horas, acudieron a las instalaciones del MEF para que también pudieran ver el sentido de la opinión legal emitida por el Estudio Jurídico Delmar Ugarte. “Verificándose así la injerencia que ostentaba el ministro a cargo de tal cartera, Luis Miguel Castilla Rubio”, manifestó la fiscal Mori en el documento. En el MEF estuvieron un par de horas reunidos; luego regresaron a ProInversión, “donde se hizo un repaso de todo lo conversado y se redactó la versión final de la opinión legal, habiendo acordado la decisión entre los funcionarios públicos a cargo de la conducción del proceso y los particulares”.

Esta última reunión se prolongó hasta las 3 de la madrugada del lunes 30 de junio. De acuerdo a la investigación fiscal, Ronceros se retiró de la reunión antes de que se firme el informe final. “Luego de firmarse el informe, Peschiera lo entrega en la mano a Sánchez Torino y se acaba la reunión”, precisó.

Para el Ministerio Público, con estos hechos también quedaría evidenciado que Castilla ha mostrado “plena injerencia e interés concreto” al haber convocado a sus asesores para que recaben información y dar una opinión sobre el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, el competidor de Odebrecht, cuando no tenía esa atribución. En un testimonio brindado el 11 de octubre del 2019, Alfonso Garces Manyari –quien fue asesor del MEF– declaró que el exministro le solicitó su opinión. “Al ser Luis Miguel Castilla parte del Consejo Directivo, él tenía la obligación de mantenerse neutro si es que la situación llegase a doble instancia”, concluyó Mori. “Más aún cuando (Castilla) indica que ante esta situación el presidente Ollanta Humala, le solicitó que le informe convocando a los otros miembros del Consejo Directivo”, agregó en otra parte de su disposición.

Entre las 8:30 y 8:36 de la mañana de ese lunes 30 de junio –cinco horas después de que culminó la reunión en ProInversión y antes de que venciera el plazo– el comité Pro Seguridad Energética notificó formalmente al consorcio Gasoducto Peruano del Sur que estaba descalificado. Así quedó el camino libre para Odebrecht.

Los descargos

En diálogo con El Comercio, el exministro Luis Miguel Castilla señaló que “el supuesto rol” que le imputa la fiscal Mori es en base al ejercicio de sus funciones como titular del MEF y presidente del Consejo Directivo de ProInversión. Consideró que hay “muchas ligerezas” en la investigación y que se allana a las pesquisas. “Me están penalizando por haber ejercido mis funciones, según el ROF. Si no las hubiera ejercido me denunciaría por omisión de funciones”, afirmó.

Castilla aseguró que lo concluido por la fiscal en la formalización de investigación preparatoria es “una suposición” porque ningún colaborador eficaz ha mencionado su nombre. “Barata nunca me ha mencionado, sino a otros ministros. Es una tesis fiscal que tiene que ser corroborada. Me someto a las investigaciones, pero es una hipótesis que se debe corroborar”, agregó.

Al ser consultado sobre las reuniones que se prolongaron hasta la madrugada del 30 de junio en las instalaciones de ProInversión y del MEF, Castilla indicó que no tenía conocimiento de estas y que ningún funcionario de la cartera que él dirigía ha sido interrogado sobre las mismas. “Yo tengo los registros de visitas de ese día y no figura ninguna reunión”, sostuvo.

Respecto a la “injerencia y el interés concreto” que, según la fiscalía, tuvo por el GSP al solicitar a uno de sus asesores que recabe información sobre la situación del competidor del consorcio que lideraba Odebrecht, Castilla afirmó que hizo la solicitud para que “se informe” porque en ese entonces era el proyecto “más importante” del país. “Es muy fácil saltar a ‘injerencias’. Es una suposición que no se ajusta a la realidad”, dijo. El ex titular del MEF remarcó que el Consejo Directivo de ProInversión era un colegiado de cinco ministro y que el “interesado” por un proyecto “siempre es el dueño” del sector, en este caso el de Energía y Minas. “Yo creo que por ahí van los tiros”, concluyó.

En tanto, el abogado de Peschiera, Carlos Ávalos, afirmó que su patrocinado “no ha recibido ni un sol” y que en la reunión que participó no se decidió el sentido del informe legal. Reconoció que esta fue en ProInversión y en el MEF. También remarcó que los correos electrónicos fueron brindados por Peschiera y que en ningún se afirma que hubo un arreglo.

En conversación con este Diario, Sánchez Torino aseguró que "no ha participado" en la reunión de noche y de madrugada en la instalaciones de ProInversión y el MEF, como señala el Ministerio Público. "Ese informe a que se hace referencia fue entregado el día sábado 28 en Proinversión y así figura el cargo", remarcó.

Sánchez Torino señaló que todo lo que ha señalado a la fiscalía es lo que pudo conocer como jefe de Proyectos de Seguridad Energética. “Confío plenamente en que se esclarecerá mi situación, pues no he faltado a mis funciones, ni mucho menos he concertado con alguien para favorecer a nadie”, agregó.

Este Diario se comunicó y dejó mensajes a las defensas de Miguel Ronceros y Rosario Patiño, para consignar sus descargos. Hasta el cierre de este informe no obtuvimos sus respuestas.

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