Magistrado del TC: “Decisiones de jueces están para cumplirse”

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, dijo esperar que las instituciones del Estado peruano hagan su mejor esfuerzo en cumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pide archivar el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso de la República contra él y otros tres miembros de citado organismo nacional.

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en diciembre el informe final elaborado por el fujimorista César Segura que plantea la inhabilitación por 10 años para Espinosa-Saldaña y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Ellos fueron acusados por presuntamente haber modificado con una resolución del 2017 el fondo de una sentencia sobre el Caso El Frontón del 2013.

En la sentencia original, se señalaba que el desvelamiento del motín de terroristas en el penal de El Frontón (1986) no constituía delito de lesa humanidad, pero ese enunciado fue retirado en la resolución de marzo del 2017. Los magistrados del TC indicaron que solo verificaron el conteo de los votos de la sentencia del 2013 y subsanaron un error en la votación.

Desde el TC, además, se argumentó que el tema es absolutamente jurisdiccional y que el Caso El Frontón aún no ha concluido en el tribunal. Y es que cabe apuntar que los abogados de los ex marinos involucrados presentaron el 21 de abril un recurso de reposición ante el tribunal para que el fallo regrese a su estado anterior. Luego de ello, el 25 de abril, recién fue presentada la acusación constitucional en el Congreso.

Precisamente, la resolución de la Corte IDH señala que su pedido de archivamiento busca que los deudos de las víctimas del Caso El Frontón pueden “obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial”.

“La Corte se ha percatado de una situación que ha considerado que perjudica derechos fundamentales y ha evitado que se siga una acción que se estaba planteando contra cuatro jueces del Tribunal Constitucional”, manifestó Espinosa-Saldaña a El Comercio.

Para el magistrado, la decisión de la Corte IDH debe ser una invitación para evitar enfrentamientos innecesarios, buscan consensos y recomponer cualquier posible dificultad que exista en el escenario nacional.

“Por esa decisión, nadie es despojado de sus competencias ni pierde poder. Lo único que se está asegurando es la defensa de los derechos de ciudadanos”, agregó.

Finalmente, reiteró su llamado a que la decisión del ente internacional sea acatada en el Perú. “Yo creo que el asunto es bien claro, cuando un Estado se somete a la competencia de un tribunal internacional es como lo que pasa cuando usted y yo nos sometemos a la competencia de un juez local. Las decisiones de los jueces están para cumplirse”, sentenció en diálogo con este Diario.

Vale señalar que la Corte IDH también ha requerido al Estado peruano que presente, a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en su resolución.