Redacción EC

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, en noviembre del año pasado. La acusación es por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Como se trata de exfuncionarios con derecho a antejuicio político, esta denuncia debe ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y finalmente por el pleno.

MIRA: Guido Bellido y la historia del chat de Perú Libre en el que se acordó pedir la renuncia del canciller

En noviembre del año pasado, la seguida contra y sus dos exministros por la muerte de Sotelo y Pintado, así como las lesiones graves producidas a los manifestantes de las marchas registradas desde el 9 de noviembre.

“Tras la culminación de las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez –además de decenas de heridos con lesiones graves y leves– la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 99 de la Constitución, formuló denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente”, indicó la Fiscalía en una nota de prensa.


MIRA: Keiko Fujimori: “El estado de mi padre es delicado. Su problema en el corazón se ha agudizado”

De acuerdo con el Ministerio Público, Merino, Flores Aráoz y Rodríguez fueron denuncias “por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, pese a que por las circunstancias en que venían desarrollándose y porque contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse, el resultado de la afectación a dichos bienes jurídicos era previsible”.

La tesis de la fiscal de la Nación es que Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 –y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes–, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales.

“El dolo eventual implica que, si bien los investigados no buscaron el resultado típico producido (lesiones y muertes), lo cual configuraría dolo directo; sin embargo, resulta razonable sostener que, en el contexto de los hechos, los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas. Para decirlo en términos más directos tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, argumenta la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación.

Según informó el Ministerio Público, el derecho a la protesta se encuentra amparado por nuestro ordenamiento jurídico; y si bien, en el supuesto de que dicho ejercicio exceda los límites permitidos por la ley, el Estado puede intervenir haciendo uso de la fuerza pública para restablecer el orden público; debe tenerse en cuenta que esta debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, conforme lo garantiza nuestra Constitución Política y el derecho internacional sobre derechos humanos.

VIDEO RECOMENDADO

La Pregunta Del Día: ¿La oposición tiene los votos para censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví?
La oposición en el Congreso debe presentar esa semana la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Mientras que el Poder Ejecutivo prepara una cuestión de confianza. La sesión del pleno del jueves 7 será clave para determinar el desenlace de esta nueva crisis política.

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC