PJ ratifica orden para reponer a María Caruajulca en Procuraduría: ¿Cuáles serían los delitos de no acatar?

Controversia. La abogada María Caruajulca envió una carta notarial al ministro de Justicia, Eduardo Arana, exhortándolo a cumplir con la orden del Poder Judicial (PJ) de restituirla como procuradora general del Estado, cargo que actualmente ocupa Javier Pacheco, porque de lo contrario tomará acciones legales. La mañana de este martes 21 de mayo, la letrada se acercó a la institución para reincorporarse al puesto, pero no la dejaron ingresar al despacho.

(ACTUALIZACIÓN): Este miércoles 22 de mayo se conoció que el Poder Judicial rechazó los recursos de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia para no acatar la reposición de María Caruajulca como procuradora general.

Además, reiteró la orden de cumplir la resolución judicial bajo advertencia de informar a la fiscalía por “la evidente dilación”.

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En la carta notarial, al que tuvo acceso El Comercio, Caruajulca detalló que, cuando acudió a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), en el distrito de San Isidro, la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jackeline Rocío Rojas Grandez, y el abogado de la Gerencia General, Óscar Ubaldo Quispe Valeriano le indicaron sin darle “razón alguna” que “no podía ingresar a la institución”.

Por tal motivo, le solicitó al ministro Arana que “de forma inmediata cumpla” con gestionar la resolución suprema para que sea repuesta como procuradora general del Estado y que de lo contrario “adoptará las acciones legales pertinentes”.

Luego del impase en la PGE, Caruajulca acudió a la Comisaría de San Isidro para levantar el acta de ocurrencia, la cual enviará al Poder Judicial “para que decida las siguientes acciones”. Así lo dijo al salir de la sede policial. También señaló que “no cabe en estos momentos ninguna argumentación para no cumplir con el mandato judicial y con mayor razón aún si proviene de un órgano constitucional”.

“Estaría aparentemente generándose una desobediencia a la autoridad y un abuso de autoridad [...] Como poder del Estado tiene que hacer respetar sus mandatos judiciales sino no estaríamos en un estado democrático de derechos”, expresó.

“No entiendo cómo un funcionario público puede someterse a un incumplimiento del mandato judicial y exponerse a denuncias penales”, declaró en otro momento.

Además, advirtió que no cumplir con la disposición del PJ podría “derivar en un proceso de destitución de los funcionarios públicos que no los respeten” e “incluso una detención provisional en caso que se genere una denuncia penal”.

Finalmente, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte para pedirle que intervenga en su caso “por el bien del país”. Recordó que su caso inicio en el 2022 y que el Poder Judicial podría demorar en resolverlo debido a la carga procesal.

“Señora presidenta, con el mayor de los respetos, le solicito que pida que le informen sobre mi caso y vea en mí una hija que está luchando porque le hagan justicia […] Confío en usted y le aseguro que es por el bien el país […] Vengo con toda la energía para luchar por el bien del país para que más adelante sea reconocido”, dijo a la presidenta.

Minutos después, declaró a Exitosa que evalúa denunciar penalmente al ministro de Justicia por “desacato”, pero que espera no tener que “llegar a hacerlo”.

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Como se recuerda, la Primera Sala Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenó la reposición de Caruajulca luego de revocar el fallo en primera instancia que rechazaba la medida cautelar a su favor. La decisión fue notificada al Poder Ejecutivo el pasado lunes 13. Además, le daba un plazo de 3 días para obedecer la disposición, que se cumplía el 20 de mayo. Sin embargo, no fue acatada.

Al contrario, este martes 21 de mayo, más de una semana después, el Ministerio de Justicia cuestionó el fallo y comunicó que no lo ejecutará debido a que existe una “controversia jurídica, que afecta la institucionalidad” de la PGE debido a que el cargo es actualmente ocupado por Pacheco, quien “fue designado con las formalidades de ley”.

La cartera señaló, a través de un comunicado publicado en X (antes Twitter), que espera un pronunciamiento de la sala que emitió el fallo sobre la viabilidad de la reposición porque “dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual -distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar- coadyuvaría con su ejecutabilidad”.

“En vista de ello, el Minjusdh, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano jurisdiccional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado”, agrega el ministerio.

El lunes, Caruajulca envió una carta a Pacheco, en la cual le solicitaba dejar de ejecutar acciones de dicho cargo desde la medianoche de este martes. Advirtió que de lo contrario, “como Procuradora General del Estado, se tomarán las acciones legales que correspondan, conforme a ley”.

En el oficio, que difundió El Comercio, Caruajulca cita la medida cautelar dictada a su favor. Además, le señala que él mismo ingresó escritos al expediente judicial de su reposición el 17 y 20 de mayo solicitando participar en el proceso.

Adicionalmente, la carta citaba la ley orgánica del Poder Judicial. Allí se establece que “toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales … sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa”.

“Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”, agrega la ley.

Respuesta Consultada por este Diario por la decisión de impedirle el ingreso a Caruajulca, la PGE respondió: " La señora ingresó a la Procuraduría como puedes ver en las imágenes”.

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El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado cuestionaron la decisión del Ministerio de Justicia y advirtieron de posibles delitos.

Para Andía, la situación es “muy grave”, en primer lugar porque el Ministerio de Justicia está incumpliendo una decisión judicial de una sala constitucional, que “no es cualquier instancia”.

“La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las resoluciones judiciales son ejecutables de inmediato sin interpretación. Por tanto, la resolución judicial que ampara la restitución inmediata de la exprocuradora [María Caruajulca] no puede ser materia de interpretación. Se cumple porque se tiene que cumplir”, apuntó.

Dijo que “no hay razón alguna para decir que no se puede cumplir porque se ha generado una controversia”. “Esto es lo mismo que pasó en el caso de Daniel Soria. El ministro de Justicia Félix Chero de ese entonces lo repuso y lo que hizo fue dejar sin efecto el nombramiento de Javier León”, añadió.

Advirtió que el ministro de Justicia y funcionarios de la PGE que impidieron el ingreso a Caruajulca “estarían en flagrancia delictiva de desobediencia y resistencia a la autoridad” y que Pacheco estaría cometiendo el presunto delito de “usurpación de funciones”.

Respecto a lo último advirtió que si el tema está en el “limbo” y cualquier acto que él realice deviene en nulo. “Como mínimo debió poner su cargo a disposición o hacer una consulta. Eso le quitaría responsabilidad en usurpación de funciones”, agregó.

“Esto favorece a los funcionarios investigados por la PGE. ¿Cómo quedarían sus procesos si se declaran nulos los actos de Pacheco?”, sostuvo.

Maldonado tuvo una opinión similar. “La medida [del PJ] tiene que acatarse le guste o no al Minjus y al actual procurador general del Estado. No es una medida que tiene efectos suspensivos, no cabe una apelación o reconsideración”, destacó.

“El Minjus está incurriendo en una acción de desconocimiento y desobediencia. Está equivocado, no cabe aclaración alguna del PJ. Están incurriendo en un delito de resistencia a la autoridad”, alertó.

Indicó, además, que lo que haga Pacheco, no debería tener efecto jurídico alguno “a partir de que se cumplió el plazo para que se ejecute el mandato judicial”. “El procurador ya no es Pacheco”.

“Es una ironía tener que elegir entre la procuradora que nombró Castillo … y el procurador puesto por la señora Boluarte. Es una tragedia institucional”, concluyó.