:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/W3LT7TXIJBHFDFATVPHYCAG5GI.jpg)
Un Ejecutivo con mirada citadina y un Congreso al que no le llegó la modernidad. La titular del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, evalúa así el desempeño de los poderes del Estado frente a la emergencia, y asegura que su institución operará mediante plenos virtuales al menos durante dos meses. De su última reunión con el presidente, cuenta cómo el gobierno planea frenar el contagio de coronavirus dentro de las cárceles.
Viene del Consejo de Estado [de ayer miércoles]. ¿Nos podría dar algunos alcances sobre qué se ha tratado con el gobierno?
El Poder Judicial habló sobre el tema [del coronavirus] en los penales y pidió que el ministro de Justicia les dé mayor información sobre cómo se estaba enfrentando. Yo puse énfasis en el tema educativo. El inicio de clases ha sido a través de la TV y virtual. Eso está bonito para la ciudad, pero en el caso de la educación rural es mucho más complicado. El TC ya ha sacado una sentencia sobre las deficiencias que hay en el acceso a la educación en zonas rurales. Le dije al presidente [Martín Vizcarra] que había un trato discriminatorio, porque no todos pueden acceder a esos recursos.
¿Y qué respondió el gobierno sobre estos dos temas?
Sobre la educación, el presidente me dijo que la idea era mandar a los profesores a las casas de los alumnos. Ya no quería entrar en cuestionamientos, pero no es como que las casas están una junto a la otra en zonas rurales. Y en relación a las cárceles, tienen mapeado que son un promedio de 2.700 internos sentenciados por no cumplir con sus obligaciones alimentarias. A esos hay la predisposición de sacarlos por un indulto. Yo también abogué por el caso de las mujeres que no están presas por delitos peligrosos. Hay como 42 gestantes en los penales y deberían darles un indulto. Se quedó en que los reos que tienen penas por obligaciones alimentarias son el primer grupo que van a ver cómo sacar, y se analizará el tema de las mujeres.
El TC ha iniciado sus plenos virtuales el último martes. ¿Qué opina de que el Congreso haya realizado un pleno presencial y ahora tenga que hacer descarte de coronavirus?
Las herramientas tecnológicas están ahí, no son novedad. ¿Qué mensaje nos da el Congreso? Primero, que no hay una gestión moderna, una que sepa utilizar los recursos tecnológicos. El segundo mensaje es que no cumplir con el aislamiento es poner en riesgo también a tus propios integrantes. El costo de ese paso que han dado va a ser mayor. En el TC vamos a trabajar online por lo menos un par de meses. Y también hacemos trabajo remoto: llega un expediente, se escanea y se remite a los asesores para que hagan el informe. Esto se está implementando recién en el 2020.
¿Para usted, esto demuestra que es un Congreso incapaz de organizarse?
Demuestra que no es un Congreso moderno, sino que sigue en la época del papel y de la presencia física.
Quedó pendiente la elección de los nuevos miembros del TC y una reforma en el método de elección de los magistrados. ¿Considera que esta debería ser una prioridad del nuevo Congreso?
Es el propio Congreso el que tiene que poner en agenda si es prioritario o no elegir a los magistrados. Lo dirán ellos. Nosotros seguimos trabajando hasta el último día que nos cambien.
¿Cómo evalúa la gestión de crisis del Ejecutivo?
Ha tenido medidas acertadas, como el estado de emergencia. Una crítica que haría es que se aprecia una mirada muy citadina, muy palaciega. Es verdad que la pandemia está golpeando más a Lima y las zonas urbanas, pero el estado de emergencia los afecta a todos. Y me preocupa que no haya mirado las zonas altoandinas, las de la selva, las marginales. Una segunda crítica es que el Estado se ha convertido en el gran papá que a todos les pretende dar una cobertura, pero tampoco puede cubrir sin prever para mañana. No es lo mismo alguien que está en planilla y que le van a subvencionar el 30% de su planilla, que quien no tiene nada que comer en el día. Me debo preocupar por este [segundo] grupo. ¿A quienes tienen trabajo formal les voy a solucionar su planilla y al informal le voy a dar los S/380, si es que le llega?
Los canales de televisión y las radios privadas inicialmente no aceptaron transmitir contenidos educativos de forma gratuita. ¿Qué pasaría si el gobierno por decreto los obliga a destinar parte de su programación a ello? ¿Sería correcto desde el punto de vista constitucional?
El presidente nos dijo que las empresas privadas ya se habían sensibilizado, y que recién iban a pasar algunas horas. ¿Puedes obligar a una empresa privada, que vive de la rentabilidad, a destinar parte de su programación a un fin educativo de manera sostenida? Obligarlos yo lo veo bastante complicado, salvo que sea como parte de una regla de negociación en la que el Ejecutivo paga por publicidad pero pide que en reciprocidad se trasmita el tema educativo.
Usted propuso que los funcionarios de alto nivel se reduzcan el sueldo. El presidente del BCR dijo que esa era una propuesta “populista”. ¿Han vuelto a tocar este tema?
No se ha tocado para nada. Pero hay muchos peruanos que hoy las ven negras. Su economía no les permite ingresos. En cambio, hay un grupo de funcionarios estatales a los que no les pasa nada. Me incluyo. Estamos en una zona de confort, tranquilos, trabajamos desde nuestras casas, mientras otros sí la sufren. El mensaje es: ¿el resto de personas que están en buena posición no pueden ajustarse un poco transitoriamente? En Uruguay, siendo un gobierno de derechas, de plano les ha reducido 25% de su sueldo. ¿Por qué nosotros no?
Entonces, la propuesta sería más para mandar un mensaje que por el monto exacto que se pueda recaudar con los sueldos.
Exactamente, para hacer recordar cada día al funcionario que anda bien que parte de sus ingresos los va a destinar a atenuar la crisis. Todos nos tenemos que mojar en esta historia. No es posible que a ciertos funcionarios, entre los que yo me incluyo, no les pase nada.
¿Qué tan difícil ha sido para los magistrados (todos son personas mayores) adaptarse a la dinámica de trabajo virtual?
Reconozco y saludo el esfuerzo que han hecho. Ayer les he mandado abrazos virtuales, porque en todos estos días han estado capacitándose. El área de informática los ha estado ayudando a que puedan utilizar estos recursos. Evidentemente no todos son diestros, pero todos han puesto su mejor esfuerzo. Por ejemplo, a un magistrado que tiene 80 años su hijo lo ha ayudado a aplastar el mouse. Pero todos aceptaron que los plenos hagan virtuales y se cambió el reglamento del tribunal.
¿Todos los casos ahora se van a ver en plenos virtuales?
Sí, esa es la regla. Y la dinámica de todo proceso que llegue en el 2020 al tribunal es que se va a virtualizar, digitalizar. Tenemos un ‘pool’ de personas con habilidades especiales que se va a dedicar a descoser y escanear los expedientes físicos que lleguen del Poder Judicial.
En marzo se vio al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña paseando a su perro lejos de su casa y con su seguridad en plena cuarentena. ¿No cree que eso pasó injustamente desapercibido?
Mi opinión es que todos debemos respetar la ley. Sobre todo un magistrado que es un referente en el país: la valla es más alta. No es cualquier cosa infringir una norma. La regla es que todos tenemos que cumplir: aquí no hay corona.
El martes se trató el tema del ISC a los casinos y la ponencia de José Luis Sardón fue a favor de los demandantes. Incluso propuso una fórmula para la devolución del impuesto cobrado. ¿No tenía el magistrado un conflicto de interés dado que su cuñado ha trabajado con José Sam Yuen, dueño de un emporio de casinos, como ha declarado este a la fiscalía?
El control de constitucionalidad de una norma es un control abstracto. No es un amparo, que tiene a una persona directamente beneficiada. ¿Quiénes hubieran sido los beneficiados [si se aprobaba la ponencia de Sardón]? Toda la red de casinos y tragamonedas. Pero si es el control de una regla general y abstracta, no vería un beneficio directo. Al cuestionar que tiene una vinculación estaríamos ingresando en la subjetividad. Sería distinto si fuera un amparo en un tema concreto. Además, para poder declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad se requieren 5 votos de un pleno de 7. Sardón no podría haberse apartado y dejado con 6 votos al pleno.
El TC tiene en cartera la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1421, que podría hacer que prescriban más de S/11 mil millones a una serie de grandes empresas. ¿Cuándo se pondrá en agenda esta demanda?
Para que los casos ingresen en agenda el ponente del caso tiene que tener un proyecto que mostrar al pleno. En tanto el ponente no haga el proyecto no hay qué agendar. El ponente es el magistrado [Ernesto] Blume y sé que está elaborando el proyecto.
Me imagino que usted no puede adelantar opinión, pero por fallos previos entiendo que no debe ponerla contenta que se prescriban esos impuestos...
Bueno, cada uno tiene una línea de mirada e interpretación de la Constitución.
¿Ha tenido problemas en sus primeros meses como presidenta del TC?
Han sido meses de mucho trabajo. Hemos afirmado líneas como la transparencia, rompiendo con un tabú de siglos de que las deliberaciones deben ser reservadas. Eso felizmente se rompió con el debate del cierre del Congreso. Después, he tratado de hacer una gestión inclusiva. El quechua forma parte del portal de nuestra institución. Y el tercer eje es el de una gestión moderna. La modernidad la estamos mostrando precisamente en estos plenos virtuales y expedientes digitales.
