A menos de 24 horas de haber sido retirado abruptamente del Ministerio del Interior (Mininter), Mariano González declaró ayer, por dos horas y media, ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y ratificó, de acuerdo a fuentes de El Comercio, la denuncia hecha contra el presidente Pedro Castillo por una presunta obstrucción a la justicia.
González adelantó que fue cuestionado directamente por Castillo Terrones por haber autorizado la formación de un equipo especial de Inteligencia en la Policía Nacional, a solicitud de la fiscal superior Marita Barreto. Ella está al frente de las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público sobre los delitos de corrupción en el poder.
El conjunto policial, coordinado por el coronel PNP Harvey Colchado, tiene entre sus tareas la búsqueda y captura de los integrantes del círculo cercano al jefe de Estado: el extitular del MTC Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, y Fray Vásquez Castillo, sobrino del docente.
“Hice el movimiento de más de 32 oficiales [de la PNP] para que se incorporen a este equipo de búsqueda, cambiarlos no ha sido sencillo ni fácil […] Se hizo a través de resolución ministerial, no tenía que consultar nada con nadie. Ayer [martes] se me cuestionó directamente la toma de esa decisión”, manifestó González en RPP Noticias.
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El exministro del Interior consideró que su salida, no solo deja sin respaldo político al equipo de Colchado, sino también es la primera acción desde Palacio de Gobierno para “obstaculizar” su tarea. “[Y esto] es una clara obstrucción a la justicia. Para mí, eso es evidente y descalifica totalmente que [Castillo] pueda continuar siendo el primer mandatario del país”, remarcó.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a este Diario que la fiscal Benavides evalúa, tras la declaración de González, abrir una nueva investigación preliminar a Castillo. El presidente enfrenta tres pesquisas de este tipo: por la instalación de una presunta organización criminal en el MTC, por injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas y por plagio.
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El factor Camacho
González, en comunicación con El Comercio, también confirmó que el mandatario le solicitó evaluar la designación de Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia, como viceministro en su cartera.
“El presidente, en una de las veces que fui a Palacio de Gobierno me dijo que sería conveniente, me sugirió que lleve a Beder de viceministro. Entonces, le dije que lo iba a evaluar. Después le informe que [esta persona] no tenía el expertis, más allá de los años de servicio. Y, además, tenía investigaciones pendientes y que eso dificultada la designación”, subrayó.
El ex titular del Mininter dijo que, tras su negativa, Castillo “se molestó”.
“Lo noté molesto, pero quien sí era totalmente agresivo conmigo era [el primer ministro] Aníbal Torres”, añadió.
El exministro del Interior precisó que no grabó la comunicación que tuvo con Castillo antes de ser removido, porque esta se dio a través de WhatsApp.
Desde la sociedad civil, diferentes instituciones condenaron su salida y las acciones del presidente que apuntan a obstruir la acción de la justicia. Una de ellas fue Proética, que alertó que la actitud de Castillo “constituye una seria amenaza al Estado de derecho y la lucha contra la corrupción”.
“Por ello, consideramos necesaria la salida, por vías constitucionales, del presidente de la República y el adelanto de inmediato de las elecciones generales como parte de una respuesta que enfrente enfrenta a los problemas de una crisis estructural”, subrayó.
La Asociación Civil Transparencia indicó que el cambio de ministro del Interior “pone en riesgo” el apoyo de la Policía al Ministerio Público “en la investigación de los casos de corrupción, en particular lo que involucra al presidente”. Agregó que esta acción no es aislada, sino que forma parte de una serie de decisiones gubernamentales “que han vulnerado principios de transparencia y rendición de cuentas”.
El Consejo Privado Anticorrupción, por medio de un pronunciamiento, exigió la “inmediata” renuncia de Castillo a la Presidencia, y si esta situación no se contra, solicita al Congreso “se proceda a su destitución, de acuerdo al orden constitucional vigente”.
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Réplica del Ejecutivo
En un intento por justificar la salida de González del Mininter, el presidente Castillo dijo anoche que les advirtió a sus ministros que serían retirados del Gabinete si no trabajan. Añadió que si alguno tiene una queja, debe comunicarla mientras ejerce el cargo.
“Les dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario. Y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión. [...] Díganlo adentro, que lo que se diga después no tiene sentido”, aseveró.
En tanto, el primer ministro Aníbal Torres defendió el retiro de González del Gabinete con el mismo argumento, al sostener que no cumplió con entregar un plan para combatir a la delincuencia a 15 días desde su designación. Además, cuestionó que no haya tenido una profunda participación en las recientes sesiones del Consejo de Ministros.
Torres- acompañado por los integrantes de su equipo ministerial en pleno- también dijo que el gobierno no participó en la formación del equipo especial de Inteligencia de la Policía, “por lo tanto tampoco en su disolución” [ver detalles en pág.6].
Los ministros Alejandro Salas (Cultura), José Luis Gavidia (Defensa), Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) rechazaron las expresiones del ex titular del Interior.
A su turno, la ministra de Desarrollo e Inclusión, Social, Dina Boluarte, emplazó a González a presentar las pruebas de esta presunta obstrucción a la justicia de parte de Castillo.
“Sería muy irresponsable generar una crisis del tamaño que quiso generar sin ninguna prueba, es una actitud muy irresponsable, si el exministro tiene las pruebas que las presente ya, y que no pase como con Zamir Villaverde y Karelim López que hablan, y dicen, y no hay ninguna [prueba]”, refirió la también vicepresidenta de la República.
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Por su parte, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, dijo que su cliente está evaluando querellar por difamación al exministro del Interior.
“Cuando González habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito y está cometiendo un delito. Eso se llama difamación calumniosa. Pensamos que una posibilidad es querellarlo por eso y por haberlo difamado en un segundo momento cuando dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción”, adelantó en RPP Noticias.
Espinoza también cuestionó que la fiscal de la Nación haya citado a González a declarar, sin haber permitido que él, en representación del jefe de Estado, haya podido realizar preguntas.
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González dijo a El Comercio que cuando ingresó al Mininter, firmó, además, de una serie de declaraciones juradas, su carta de renuncia, donde la fecha no estaba consignada. “Esa es la hoja que han publicado”, mencionó.
El exministro del Interior señaló que teme por su integridad personal y la de su familia, porque “no estamos peleando con alguien que no tenga poder”. Denunció que su esposa había sido objeto de reglaje.
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