Marisol Pérez Tello: “Fernando Zavala aún tiene mucho que dar”

La ministra corre mucho más rápido que la justicia. El plan era entrevistarla en el carro que la lleva de la Comisión de Defensa del Congreso al aeropuerto, pero la sesión se prolonga y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sale rauda y se nos pierde en el camino. La entrevista la terminamos con ella al teléfono desde México, donde asiste a un cónclave sobre transparencia.

—Permítame una pregunta didáctica. ¿Cómo define las funciones de su cartera?
En pocas palabras, el Minjus sería el responsable de garantizar la seguridad jurídica en las normas y en la conducta del Ejecutivo, garantizar la ejecución de las sanciones penales y promover políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos.

—Una preocupación por la seguridad jurídica es, entonces, el fallo de la Corte Suprema que define el lavado de activos de una forma tal que impediría seguir persiguiéndolo. ¿El pleno casatorio [todos los vocales supremos] que ha ofrecido Duberlí Rodríguez será suficiente?
Primero, saludamos que haya receptividad del presidente del Poder Judicial. El Ministerio Público lo solicitó y nosotros nos hemos sumado. Exigir probar el origen de los fondos de lavado [como pide la sentencia] es revestir de juridicidad un despropósito. No podrías agarrar ni al que lava su propio dinero.

—La lógica del lavador es que él no sepa de dónde viene el dinero.
En organizaciones criminales, una cadena desconoce cómo funciona la otra cadena, porque eso garantiza que funcione su sistema. Es la lógica del crimen organizado. Una jurisprudencia como esta nos retrocede. El daño no solo es a la persecución del lavado, sino al riesgo-país. El juez Concepción Carhuancho ha sentado un buen precedente al separarse de estos criterios. Hay que fortalecer la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] para que detecte a tiempo el desbalance patrimonial, que es el primer indicador.

—¿El Minjus está a favor de que los candidatos levanten su secreto bancario y tributario?
Absolutamente. Eso garantiza la confianza que el país requiere en el político. Los actores políticos deben tener claro que son los más llamados a transparentar. Poder e impunidad generan corrupción. Una de las razones por las que el Reniec es importante es que antes no sabías quién era pariente de quién, ahora hay una institución que te lo dice.

—Esto del poder y la impunidad nos lleva a la propuesta de Fuerza Popular de una procuraduría general autónoma. Hay quienes la matizan diciendo que solo sean autónomos los procuradores anticorrupción. ¿Qué piensa el Minjus luego de lo que pasó con Julia Príncipe y Katherine Ampuero?
Ratificamos la autonomía en el ejercicio de la función, en armar su caso, pero siguen siendo abogados del Estado Peruano y tienen que coordinar. En el caso de los procuradores anticorrupción, necesitamos blindarlos ante el gobernante de turno. Para eso hay varias alternativas, desde la forma en que se eligen, el período que cumplen, de quién dependen administrativamente. Pero creemos que el procurador no debe reemplazar al fiscal. La investigación es del fiscal, el procurador se preocupa por la reparación civil.

—¿Ha conversado de eso con Fuerza Popular?
Exageramos al incluir todas las procuradurías y no solo la anticorrupción. Conversé con la congresista [Úrsula] Letona y le pedimos que este tema se discuta al final de la legislatura para evaluarlo bien. Tuvo la cortesía de decirme que le parecía bien verlo en noviembre, y en eso estamos. Queremos una procuraduría anticorrupción que tenga la tranquilidad de poder investigar al gobierno de turno.

—Leí una cita, se va a reír de quién, de Toledo, que dice que luchar contra la corrupción es tan importante que requiere ‘horizontal accountability’, varios actores en paralelo.
[Ríe] En la práctica eso es lo que hay. Lo que hay que preguntarnos es qué hemos hecho mal si no satisfacemos las demandas de los ciudadanos. Lo que hemos hecho mal es permitir la precariedad institucional. No tenemos la solidez institucional para poder expectorar a un sinvergüenza que termina dirigiendo cualquier oficina. Nos hemos estado echando la culpa constantemente y eso no resuelve el problema de la gente. Ahora estamos poniendo cosas sobre la mesa, como lo del lavado de activos.

—Hablemos de Toledo. ¿Cuál es el último reporte de los abogados que demoraron en contratar?
El contrato demoró porque en la lógica del tratado de extradición con EE.UU. el Ejecutivo no tiene casi ningún rol. Lo tienen el Ministerio Público y el Poder Judicial, y recién cuando arman los cuadernillos de extradición pasa al Ejecutivo. Es el fiscal en EE.UU. quien hace suyo el caso y lo presenta ante la corte. Para que no existiera la acusación infame de persecución política había que ser muy cuidadosos. Cuando viajamos a hablar en EE.UU. con el Departamento de Estado y el de Justicia, no fue para hablar de Toledo, sino de todos los casos de extradición. Hay algo que se tiene que saber: la mayoría de corruptos se esconde en EE.UU. Los narcos se esconden en España o Chile. Los de delitos patrimoniales y violación, en Argentina. Luego tenemos tipos penales cuya definición ha variado mucho. Con esa base se contrató al estudio Foley Hoag, que viene de ganar la extradición de Ricardo Martinelli [ex presidente de Panamá]. No es contratado para el Caso Toledo, sino para todos.

—Teniendo en cuenta esa precaución frente a la persecución política, ¿han evaluado contratar una agencia como Kroll para que lo investigue?
Tenemos dos procuradores que estudian el Caso Toledo. Lo que estamos haciendo es esperar el informe de Foley Hoag y, a través de las procuradurías, lo haremos llegar a fiscales y jueces. La colaboración de [Josef] Maiman es clave, con eso se va a poder cerrar el círculo.

— Respecto a derechos humanos, ¿qué estrategia tiene el Minjus para persuadir a sectores conservadores de la necesidad de proteger los derechos de poblaciones vulnerables?
Cuando trabajas el tema desde la perspectiva de derechos y dignidad de la persona humana, ser o no conservador no tiene importancia. El matrimonio igualitario puede ser debatido, pero que una persona gay o lesbiana sea golpeada es inaceptable desde cualquier perspectiva religiosa. Lo que pasa es que hemos permitido que se apropien del discurso de derechos humanos sectores con ideología legítima, pero que han hecho sentir que eran parte de su discurso cuando en realidad los derechos humanos y la opción preferente por los más pobres debieran ser la lógica del poder. El Estado está para ponerse al servicio de los más pobres.

—Valga esta perspectiva socialcristiana.
No socialcristiana, sino religiosa. No quiero que parezca que esto responde a mí [ha sido dirigente del PPC]. La lógica religiosa no puede pretender que una persona por ser gay o lesbiana no tenga el mismo derecho que otra ni puede aceptar que la maten. Que en las normas para regular el crimen de odio haya habido retrocesos sí me parece terrible.

—Invoco su condición de ministra con experiencia política. El presidente ha experimentado una considerable baja de aprobación. ¿Recomendaría algún cambio de actitud?
Empezaría por una autocrítica porque como ministra soy corresponsable. La respuesta que ha dado el presidente con toda claridad es: Sigan trabajando y preocúpense por comunicar haciendo cosas.

—¿Cree que debe relevarse al primer ministro Fernando Zavala, que ya bastante carga tiene con el Ministerio de Economía?
No, creo que el primer ministro tiene, para mí y para todos nosotros, un rol fundamental, de equilibrio, mira el bosque y no los árboles. Ha dado mucho y tiene todavía mucho que dar. Finalmente, es una decisión del presidente que todos respetaremos.

—¿Cómo reforzar políticamente al Gabinete?
Estamos en ese esfuerzo constante. Vamos a encontrar el equilibrio entre campañas que generen el respaldo popular para hacer los cambios que necesitamos y concentrarnos en el fortalecimiento institucional que también necesita el país.

—¿Alguna novedad sobre un posible indulto?
Ninguna.

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