La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra —admitida a trámite el lunes en el Congreso—, suma al debilitamiento de un Gobierno ya mermado en el reciente tramo por imputaciones contra el propio mandatario, según han señalado analistas políticos consultados por este El Comercio.
Y es que el motivo de este nuevo proceso de destitución se centra en las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que vinculan a Vizcarra con la presunta recepción de sobornos por S/2′300.000, por dos obras, cuando fue gobernador regional de Moquegua.
La situación también está de cierta forma en la retina de la población, aunque con una postura distinta a sectores del Parlamento que buscan la vacancia del jefe de Estado. Según una reciente encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos (realizada antes de la admisión de la moción), el 78% de peruanos refiere que Vizcarra debe continuar en el cargo y ser investigado al concluir su mandato, mientras que el 20% respalda la vacancia.
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La fragilidad presidencial
Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia se trata de una ecuación en la que chocan un gobierno débil y un Congreso que tiene detrás a partidos débiles alistándose para una próxima elección, y que no cuenta con una mirada de largo plazo.
Un golpe al Gobierno, según considera, es que puede haber un sector de la ciudadanía que piensa que defender al mandatario es cada vez más difícil, aunque la percepción general sea que si bien tiene que ser investigado, la destitución es innecesaria en el contexto actual.
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“Es un presidente muy debilitado a comparación al que cerró el Congreso y tomó las medidas frente al Covid-19. Al frente tiene a un Congreso débil, a pesar que ha subido un poco en su aprobación. Pero me parece que la ciudadanía se va a terminar inclinando por el presidente, en el sentido en que la vacancia no es necesaria. Ya sea por pragmatismo, porque hay cosas importantes por resolver en este momento, o porque hay una buena parte que cree que el presidente se va someter a la justicia una vez que acabe el gobierno”, expresa.
A juicio del analista político Enrique Castillo, el segundo proceso de vacancia toma al Gobierno afectado por indicios “mucho más graves” y “acusaciones graves directamente contra el presidente”, a comparación del anterior producto de la difusión de audios en torno al Caso Richard Swing, que lo involucraron a él y exfuncionarios de su gestión. “Debilitan porque la acusación es más grave, porque se presenta un gobierno dispuesto a hacer muchas cosas con tal de no defenderse de las acusaciones, sino de la vacancia, y tercero porque el presidente no ofrece las explicaciones adecuadas al respecto”, considera.
El analista político José Carlos Requena no descarta que el Gobierno recurra a la narrativa de complot, como ocurrió en el primer proceso de vacancia. Sin embargo, resalta que en el último año se han notado las limitaciones presidenciales de forma más clara, tanto a nivel de gestión, como a nivel político.
“El único recurso con que cuenta Vizcarra estas alturas, si es que nos ceñimos a las encuestas, es la popularidad. En el resto de cosas está muy vulnerable”, sentencia.
El soporte popular y una estrategia
Requena se refiere a que, la citada encuesta, también dio cuenta de que la aprobación a la gestión presidencial se mantiene a la baja, pues el porcentaje en octubre fue de 54%, tres puntos porcentuales menos que el mes anterior y veintinueve desde abril.
Aún así, Requena resalta que Vizcarra ha superado con cierto éxito escollos que antecesores no hubieran superado. “[Pedro Pablo] Kuczynski salió por algo muchísimo menor que esto”, opina aludiendo a los recientes cuestionamientos contra Vizcarra.
En esa línea, sostiene que, un día después de la admisión de la moción de vacancia, Vizcarra viaja al interior del país a cumplir una jornada de actividades bajo la dinámica de mostrarse como una persona que trabaja. Un recurso, añade, “que suele usar”.
Ello, además, considerando que durante una actividad en Lambayeque, desde un estrado y dirigiéndose a los asistentes, el jefe de Estado acusó que el nuevo proceso de vacancia lo distrae de su intención de “trabajar al 100% hasta la entrega de mi mandato en el 2021” y genera “inestabilidad, incertidumbre” en todo el país, cuando faltan 5 meses para las elecciones y 9 para que deje el cargo. Y tomando en cuenta, además, que durante dicho evento, Vizcarra anunció su disposición a responder ante el pleno del Parlamento esta semana y no esperar hasta la citación del lunes.
Con esta iniciativa, estima Requena, Vizcarra buscaría voltear la página lo más antes posible. “Está precisamente recurriendo a su principal soporte, que es la aprobación popular”, indica.
Castillo cree que otra lectura podría ser que el mandatario busca adelantarse a la aparición de más elementos o declaraciones que terminen por convencer al Congreso y a la población de que es culpable de las imputaciones en su contra. “Si se adelanta, sale airoso y salen pruebas después, ya un tercer pedido de vacancia sonaría a una cosa exagerada”, advierte.
Sosa Villagarcia discrepa en parte. Refiere que, a diferencia del anterior proceso de vacancia, el presidente Vizcarra parte ahora con una ventaja en torno al ánimo congresal respecto de la moción, aunque cree que lo que buscaría evitar es que haya más tiempo para las negociaciones en el Legislativo a favor de aprobar la destitución.
“Más que evitar que se conozca algo más, tiene que ver con dejar en off side a quienes buscan vacarlo. Que cuantos más días pasen, se puedan negociar mayores beneficios para que haya más votos a favor de la vacancia. Quiere sacar ventaja, tomando en cuenta la votación anterior y lo que acaba de pasar ahora, que los votos no alcancen y se queden sin tiempo para conseguir más”, arguye.
La percepción sobre el Parlamento
De acuerdo a José Carlos Requena, si bien otro estudio de El Comercio-Ipsos señala que el actual Congreso es más popular que el anterior, los esfuerzos del Parlamento respecto de la lucha contra la corrupción se debilitan “si algunos personajes cuestionados son las que la lideran”.
“La gente, en general, los percibe como más cercanos, vaya a saber por qué razón, sea por las medias populistas que aprueban, están en su primer año. Parece estar mejor posicionado que el Congreso previo. Lo más riesgoso del Congreso es la cantidad de cosas sin sentido que están aprobando y cómo se está llevando el proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional”, advierte.
Paolo Sosa Villagarcia considera que si bien las medidas del Parlamento pueden ser técnicamente populistas, la población reconoce que es el Congreso el que pone algunos temas de interés en agenda. Pese a ello, asevera que la mayor parte de los ciudadanos no piensan en la vacancia y, si tienen una posición sobre ella, es negativa. “Entonces, el Congreso termina siendo afectado por este tipo de decisiones”, dice.
Repara, además, en que “hay intereses particulares de personas” en el Parlamento que piensan que lograr la destitución de Vizcarra puede beneficiarles directa o indirectamente en los próximos meses, de cara al proceso electoral.
“Lo peor de todo es que no es el Congreso actual o individualidades dentro de Congreso, sino que se piensa en el Congreso como una institución ineficiente y conflictiva. Y esa es una de las cosas que los congresistas tenían que pensar en el largo plazo, en cómo están afectando la imagen de la institución. Porque si uno mira los datos de opinión pública, cada vez hay más peruanos insatisfechos con la institución de Congreso, que piensan que podría ser fácilmente puesta en pausa o remplazada”, añade.
Finalmente, Enrique Castillo afirma que si bien se ha debilitado la credibilidad del presidente y su aprobación en parte, aún se mantiene fuerte el deseo de la gente de que no se genere una crisis o incertidumbre mayor y que el mandatario responda al final de su mandato, como señala la encuesta de El Comercio-Ipsos.
Pese a ello, dice no creer que el Parlamento se debilite con la admisión de la nueva moción de vacancia, pues primero se puede haber ganado aplausos poniendo a debate el retiro de fondos de las AFP. Eso sí, opina que una cosa es que la gente pueda sentir que los indicios justifican que el presidente se defienda ante el Congreso; y otra que la destitución esté justificada.
En esa línea, apunta que las crisis políticas pueden haber perdido peso en la población frente a lo que se vive actualmente por la pandemia, y el impacto que esta tiene en los bolsillos y en la vida diaria.
“A la gente hoy le preocupa más si la vas a dejar ir a la playa, si le vas a dar dinero, si [Gianluca] Lapadula meterá gol. Es más, muchos de los temas que están sobre la mesa y que a la gente le interesan, además, han sido puestos por los mismos políticos. El Gobierno puso el tema de Lapadula sobre la mesa. Los congresistas, el tema de las AFP y otros proyectos de ley que le interesan más a la población”, sentencia.
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