Martín Vizcarra: Las razones de la procuraduría para pedir más de S/500 mil como reparación civil por el Caso Richard Swing

Al exmandatario se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y obstrucción a la justicia.

La exministra Patricia Balbuena también está incluida e imputada en este caso por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso y otros.

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Por ello, según conoció El Comercio, la PGE solicitó que ambos paguen la suma de S/175.000 por daño patrimonial y S/350.000 por daño no patrimonial a favor del Estado Peruano. El monto es provisional y, de acuerdo al avance de la investigación preparatoria, podría incrementarse posteriormente.

El requerimiento será analizado por el Poder Judicial en una audiencia el próximo 27 de junio.

Como se recuerda, Vizcarra Cornejo se vio implicado en la contratación directa del cantante Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura, por el monto de S/175.400, entre el 2018 al 2020, pese a no contar con el perfil requerido.

La contratación se realizó a través de órdenes de servicio, para que el cantante realizara presentaciones en actividades de dicho ministerio, cuando se encontraba a cargo de la exministra Patricia Balbuena.

Recientemente, la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra Vizcarra Cornejo y Balbuena Palacios, al concluir que había elementos para que sean procesados penalmente.

En ese contexto es que la Procuraduría General del Estado solicitó ser incluida como parte del proceso en defensa de los intereses del Estado.

Para ello, requirió la suma de S/525.000 (por daño patrimonial y no patrimonial) como monto de la reparación civil, de manera solidaria.

Cabe precisar que la defensa de Vizcarra Cornejo ha presentado su oposición solicitando que se rechace el pedido de la PGE para constituirse como actor civil en el proceso.

Ante ello, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, dispuso fijar fecha para analizar en audiencia la posición de las partes.

“De conformidad con el nuevo modelo procesal, los principios de oralidad y contradicción, es necesario debatir los fundamentos de las partes procesales por lo que deben estar presentes virtualmente -por el aplicativo Google Meet- a efectos de ejercer su derecho a la contradicción”, indicó.

En ese sentido, citó a una audiencia el próximo 27 de junio a las 9:30 de la mañana, requiriendo que la defensoría pública asigne un abogado al expresidente Martín Vizcarra, en caso de que su defensa legal personal tuviera alguna eventualidad y no pueda asistirlo en la sesión.

De otro lado, durante una audiencia desarrollada este miércoles, el Ministerio Público (MP) advirtió que el expresidente Martín Vizcarra buscaría salir de Lima hacia Moquegua, alegando temas “laborales”, pero que en realidad sería con fines proselitistas.

Durante la diligencia, la fiscal adjunta superior Teresa Tapia Cruz solicitó rechazar la apelación que presentaron el exmandatario y su abogado, Fernando Ugaz, para salir de la capital en ocho oportunidades y en diversos meses durante todo el 2024.

Vizcarra Cornejo en este proceso se encuentra a la espera de que se fije fecha para el inicio de juicio oral en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en su condición de exgobernador regional de Moquegua, por irregularidades en la licitación de las obras “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”. El caso también implica el presunto delito de colusión; sin embargo este extremo se encuentra en consulta para determinar si también puede o no ser enjuiciado por este delito.

La fiscalía ha solicitado 15 años de pena privativa de la libertad contra Vizcarra. Mientras tanto, el exmandatario cumple con una comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta, en las que se le obliga a solicitar autorización para salir de Lima, lugar donde reside.

Por ello, ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, la fiscal superior indicó que no se ha cumplido con justificar de manera específica las razones por las que se solicita viajar fuera del lugar de residencia.

Manifestó que en julio del 2023, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció impidiendo que Vizcarra participe como líder de un partido político en actividades proselitistas, luego de ser vacado por el Congreso.

Sin embargo, luego de ello volvió a pedir permiso para salir por viajes de “trabajo”, “por viajes proselitistas” o “actividades políticas” hasta que la sala superior se pronunció en contra de que continúe viajando por temas proselitistas por estar impedido por el JNE.

Incluso, recordó que la fiscalía de primera instancia alertó que durante un viaje en diciembre del 2023, si bien había participado de actividades laborales, también se le vio inaugurando un colegio en Moquegua.

Ante ello, dijo la fiscal, se suma la difusión de audios obtenidos en la investigación que demostrarían presuntas manipulaciones de información para que se consigne que el exmandatario solo se dedicó a sus actividades laborales durante sus viajes.

En esa línea, la fiscal superior señaló que quería poner en conocimiento ante el tribunal superior, un aspecto “que les ha llamado la atención”.

Y es que, recordó la fiscal Tapia Cruz, su ella participó de una audiencia donde Vizcarra había apelado la decisión de negarle un viaje por motivos proselitistas.

En este, se verificó que la defensa del exmandatario había solicitado permiso de viaje para Moquegua desde el 9 al 13 de enero del 2024, alegando temas “de trabajo”. Sin embargo también presentó un pedido para viajar a Ica, desde el 12 al 14 de enero del 2024, para “actividades proselitistas”.

Por ello, advirtió que el expresidente estaría alegando cualquier motivo para salir de Lima, por motivos políticos.

“Entonces, todo ello nos lleva a inferir posibles intereses de viaje, no tanto por trabajo; sino por motivos políticos. Y el imputado, ahora, invoca cualquiera de esos motivos porque el objetivo es salir de la ciudad; no porque exista una necesidad.”

Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior.

Además, indicó que está próximo a realizarse el juicio oral contra Vizcarra Cornejo en este caso, lo que hace necesario que permanezca dentro del territorio donde cumple comparecencia con restricciones.

“¿Pero existe ­ algún documento donde se manifiesten los actos concretos? ¿Existe algún de documento que acredite esta vinculación con los trámites con la Municipalidad? No lo hay, y por eso, la señora jueza (de primera instancia), con criterio acertado ha negado el pedido, no porque no tenga derecho al trabajo; sino porque requiere una justificación pormenorizada de sus labores ante el avance del proceso penal ; y por qué no decirlo, del avance de la obra”, cuestionó.

Por esas consideraciones, la fiscalía solicitó que se confirme la resolución que declaró infundado el pedido de viaje de Vizcarra Cornejo.

La defensa de Vizcarra Cornejo, en la audiencia, sustentó su apelación para poder salir de Lima, alegando que debía cumplir con un contrato laboral que tiene con la empresa de sus hermanos, ya que necesita trabajar, pues no percibe pensión vitalicia como expresidente de la República.

Fernando Ugaz, abogado del expresidente, aseveró que su patrocinado ganó una demanda laboral con la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. una empresa familiar que fundó el exjefe de Estado junto a sus hermanos, Doris Vizcarra, Mario Vizcarra y César Vizcarra, quienes tienen el 70% de las acciones.

Alegó que tras ser despedido de la empresa, en el 2023 llegaron a un acuerdo conciliatorio en el que Vizcarra se comprometía a laborar de manera “mixta”, es decir virtual y presencial. Por ello, cada mes debe viajar hasta Moquegua para supervisar las obras que viene realizando la empresa.

“Es un trabajo mixto y la parte que se tiene que hacer en el trabajo de campo, justo la conciliación es que tiene que estar cinco días al mes en trabajo de campo”, dijo el abogado.

Ugaz rechazó que los audios, aludidos por la fiscalía, hayan sido tomados en cuenta por el juzgado de primera instancia como elementos probatorios. Además, aseguró que las veces que Vizcarra ha sido autorizado para viajar fuera de Lima siempre ha presentado informes de las labores que realizó, pese a que no estaba obligado.

Además, señaló que el juzgado de primera instancia no los ha cuestionado o apercibido por acciones proselitistas en sus viajes anteriores; sin embargo admitió que “en el interín” de los días que estuvo en Moquegua “fue a un almuerzo, que lo invitaron”.

“No dice nada sobre proselitismo. Y cuando dice la fiscal superior que, es porque quiere salir mi patrocinado; ese argumento señor magistrado …cuando tenemos una conciliación, mi patrocinado tiene la manutención de su hogar, tiene derecho al trabajo, que se diga simplemente ‘porque quiere salir’; mi patrocinado no recibe pensión vitalicia y tiene una familia. Eso no es simplemente querer salir”, alegó.

La defensa legal sostuvo que negarle el viaje por razones laborales colisiona con el derecho fundamental al trabajo y tratados internacionales.

“Es importante que conserve su trabajo, es la única fuente de ingreso para su familia, no percibe pensión vitalicia y tiene familia que tienen estudios y con esta decisión lo que se hace es impedir que se cumpla con el acuerdo conciliatorio que le exigía ir cinco días al mes a Moquegua para que cumpla con el trabajo de campo”, reiteró.

Por ello, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se le permita a su patrocinado viajar hacia Moquegua.

A su turno, Vizcarra Cornejo sostuvo ante el tribunal superior que sí han justificado sus desplazamientos hacia Moquegua, por razones laborales, incluyendo un cronograma de las actividades que realizará.

“Este trabajo va a terminar en agosto del 2025, yo soy ingeniero, tengo que trabajar con arquitectos, topógrafos, pero yo soy el que debo ir a dar conformidad de trabajo. Los ocho meses que he sido autorizado y cuando hemos regresado hemos dado informes detallados de mi trabajo.”

Martín Vizcarra, expresidente de la República.

Aseguró que si las fechas de sus viajes se cruzan con las fechas de un eventual juicio oral, siempre priorizará responder al proceso de investigación.

“Hace tres años y medio he salido de la función publica, me han inhabilitado, no puede ser que ahora también me limiten a ejercer un trabajo de carácter privado”, dijo.