Procurador general declara sobre Martín Vizcarra y el caso ‘Vacunagate’: “Podría llevar a soborno internacional”

En busca de más información sobre este hecho, ha enviado una solicitud de información a la Embajada China en Perú, a fin de que se pueda conocer qué se hizo con las 1,200 dosis de la vacuna de Sinopharm que le fue entregada como parte del lote adicional que ingresó a Perú el año pasado.

PARA SUSCRIPTORES: Adriana Tudela, candidata de Avanza País: “Estoy planteando cambiar la forma en la que elegimos a los congresistas”

Además, anunció que se encuentran en proceso de inscripción de abogados y abogadas, para cubrir plazas en diversas procuradurías a nivel nacional, entre ellas la del titular de la Procuraduría Anticorrupción.

— ¿Qué acciones ha desarrollado la Procuraduría General en este último año?

La Procuraduría empezó a desarrollarse en febrero del 2020, por lo tanto, ya hemos cumplido un año. Lamentablemente este año 2021, se nos ha permitido tener recursos propios para poder desarrollarnos y, a partir de este año, estamos reclutando a los profesionales que tienen que dirigir los diversos órganos de la institución. Pero a pesar de esas limitaciones hemos desarrollado varias cosas el año pasado. Primero, hemos establecido los instrumentos básicos de la institución, reglamento de organización y funciones de acuerdo al reglamento de personal. Luego de ello hemos desarrollado un reglamento de selección de procuradores públicos porque actualmente 29 plazas vacantes de diversas procuradurías a nivel nacional. También nos apersonamos a la investigación contra el presidente Martín Vizcarra en el caso Richard Swing y también por el caso de las vacunas que abrió la fiscalía de la Nación. La idea es que empecemos a trabajar como un sistema. Este año vamos a cubrir vacantes a través de procesos de selección en la primera mitad del año y en la segunda mitad del año, será la evaluación de todos los procuradores públicos que actualmente están en el cargo.

LEE TAMBIÉN: “Toda la doctrina de género, evidentemente va a ser exterminada”, señala Rafael López Aliaga | Entrevista

— ¿Por qué no tuvieron los recursos antes para desempeñarse de manera más activa?

Porque lamentablemente, a inicios del año pasado solamente existía la ley del sistema de Defensa Jurídica del Estado y su reglamento, pero no nos habíamos constituido con un pliego presupuestal. Eso ha pasado la segunda mitad del año pasado, por eso es que a nosotros no se nos consideró en el presupuesto público del 2021, no tenemos un recurso presupuestal. Además de la pandemia ¿Con qué estamos operado? Con los recursos obtenidos con las reparaciones civiles. Por ejemplo, con el pago de la empresa Odebrecht y los cobros de la procuraduría.

— ¿Y han conversado con el ministro de esto?

Hemos tenido el apoyo del ministro de Justicia, Eduardo Vega, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ¿no? por ejemplo el año pasado nos dio una provisión presupuestal para cubrir algunos gastos de la institución y este año tenemos el apoyo para ser incluido en el proceso presupuestal del 2022 que empieza en marzo o abril.

— Me comentó que habrá proceso de selección de procuradores ¿se contempla la elección de la Procuraduría Anticorrupción?

El proceso de selección tiene dos momentos. La primera, es la inscripción de todo abogado y abogada que cumpla los requisitos legales en un registro de candidatos a procurador. Este registro ya se ha abierto el pasado 22 de febrero y estará abierto durante un mes (hasta el 22 de marzo). Luego de ello, se hará una evaluación de que todos cumplan con los requisitos legales, y acto seguido se realizará una evaluación curricular. Se asignará un puntaje. Luego viene la segunda etapa en la que el Consejo Directivo convocará a concurso para determinadas plazas vacantes.

— ¿Dentro esta convocatoria está la de Procurador Anticorrupción?

Le decía que hay 29 plazas vacantes y probablemente no se convoque para todas las plazas, pero sí le puedo confirmar desde ya que en esta primera convocatoria, que se va a realizar en la tercera semana de mayo, definitivamente estará la convocatoria para cubrir la plaza de Procurador Anticorrupción titular, que estuvo vacante desde la renuncia de Amado Enco. Pero también se convocará a otras plazas como la procuraduría anticorrupción descentralizada Ancash, Loreto y Ayacucho. También hay otras dos nuevas procuradurías que estarán contempladas en esta primera etapa

— ¿Cuáles son?

Una de ellas es para procurador especializado en Arbitraje y otro de Extinción de Dominio, que está vinculado al hecho de que el Estado espera recuperar los bienes o recursos que ha perdido por la comisión de delitos. Otras instituciones que también nos han confirmado disponibilidad presupuestal para cubrir plazas son la Junta Nacional de Justicia que necesita un procurador nuevo y adjunto. Otra entidad como a ATU (Autoridad de Transporte Urbano) que también necesita un procurador. Nosotros las programaremos en esta primera convocatoria para el mes de mayo.

— Entonces, para ¿cuándo tendremos un procurador anticorrupción titular nombrado?

Estamos hablando que la convocatoria será en la tercera semana de mayo, en el caso de que haya bastantes candidatos, el Consejo Directivo haría las entrevistas en junio. Entonces, yo diría que hacia el mes de julio se llegaría a determinar a los ganadores de todas las plazas, incluyendo al procurador anticorrupción.

— ¿Cuántos abogados se han inscrito hasta el momento?

A la fecha tenemos 52 solicitudes de inscripción y estamos a la espera de que haya más candidaturas y seguimos difundiendo el proceso de selección para que los abogadas y abogados del país puedan inscribirse. Es un proceso abierto.

— ¿Qué acciones se tomó desde su despacho sobre el caso de las vacunas?

Estamos actuando como sistema. La procuraduría general a nivel de la fiscalía de la Nación, la procuraduría anticorrupción a nivel de la fiscalía provincial y también la procuraduría del Ministerio de Salud está haciendo investigaciones, pidiendo información para evaluar si se toman otras medidas como, por ejemplo, denunciar a las personas privadas que de alguna manera han estado involucradas en todo este hecho de la vacunación.

— ¿Solo a personas?

En el caso de privados, para personas naturales privadas que eventualmente puedan cometer delitos por estos hechos, sí podrían ser denunciados y esta denuncia la podría hacer la Procuraduría del Ministerio de Salud.

— ¿No cree que su despacho demoró en intervenir en el ‘Vacunagate’? Lo hizo cuando ya había una investigación abierta de oficio por la fiscalía…

Nosotros hemos estado evaluando para tomar las acciones desde que se difundieron las noticias. Lo que sucede es que un particular que tiene la potestad de denunciar a un alto funcionario, el contenido de su denuncia, en algunos casos, puede tener deficiencias técnico-jurídicas. En el caso de los procuradores somos abogados que pertenecemos a una institución técnica que tiene que evaluar adecuadamente la presentación de estas acciones para que puedan impulsarse y puedan llegar al objetivo, haya condenas y pueda pedirse una reparación civil.

— ¿Cómo considera usted que Martín Vizcarra haya sido vacunado y no lo hizo público sino hasta que se denunció el hecho?

Hemos condenado claramente esta situación. Es una situación condenable, no solo desde el punto de vista ético; sino también jurídico. Si hay elementos que estén relacionados con la comisión de delitos, estas deben sancionarse. Sí hemos condenado estas vacunaciones ocultas.

— ¿Fue irregular que Vizcarra se vacunara de la manera en que lo hizo?

Sí, fue irregular. Porque estamos hablando de un lote de vacunas que habrían sido entregados para fines de investigación. La investigación tenía como propósito inocular voluntarios al azar, con placebo y vacuna, pero, por la información se difundió, el expresidente Vizcarra, las exministras se han inoculado la vacuna. No ha sido la inoculación de una sustancia que no sabía si era placebo; se inoculó la vacuna y además se tenía conocimiento que era la candidata a vacuna y que es la misma sustancia que el gobierno peruano está comprando y distribuyendo.

— Y teniendo en cuanta que Vizcarra sabía que se estaba inoculando la vacuna y no placebo y lo mismo con los funcionarios directamente vinculados al comité de compras ¿Qué otros delitos además de concusión y aprovechamiento del cargo se puede configurar?

Inicialmente la fiscalía de la Nación abrió por presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Pero todo este contexto que se conoció podría llevar a otros delitos como, por ejemplo, colusión, es decir ponerse de acuerdo. O, cohecho, que es soborno; y también soborno internacional o cohecho internacional que es una figura delictiva que está en el Código Penal que no muchas personas la han mencionado.

— ¿Cómo se configura el soborno internacional?

Su incorporación es un poco la consecuencia de firmas de convenios internacionales anticorrupción. En el caso de soborno internacionales el sujeto activo es el funcionario internacional, una institución o alguien de una institución internacional que pretende dar una prebenda para obtener un determinado beneficio. Es algo que, eventualmente, se podría dar.

— La vacuna se puede ver como una especie de beneficio por no llámarlo soborno…

Es un elemento que pueda evaluarse como la prebenda, pues como todos sabemos la vacuna es un bien preciado. La vacuna no le previene a uno del contagio, pero sí le salva la vida o previene de estar internado en una cama UCI. Es un tema que conforme se siga teniendo mayor información, la investigación podría abrirse por más delitos en la Fiscalía de la Nación y lo mismo en el caso en la fiscalía provincial sobre funcionarios que no son altos funcionarios.

— Desde el actual gobierno se dijo que no nos debería preocupar el lote de vacunas que fueron destinadas para la Embajada China ¿en realidad no nos debe preocupar, no se debe pedir un informe a la Embajada China?

Mire, hace dos semanas mi despacho suscribió una carta dirigida al Embajador de China, en el que le preguntamos por el número de lote recibido, a cuántos ciudadanos peruanos se les habría entregado vacunas de ese lote de 1,200 y cuántos de ellos serían funcionarios o servidores públicos. Pero hay algo que quisiera precisar…

— Sí, díganos…

Esa carta no la hemos enviado directamente a la Embajada China; sino a través de la Cancillería por la Dirección de Inmunidades y Privilegios de la Cancillería. Usted sabe que los agentes diplomáticos por el derecho internacional tienen inmunidades y privilegios. Ellos, por ejemplo, no están obligados a responder a las autoridades del país en la cual está su misión internacional. Entonces, si yo como, procurador general o un fiscal, le puede mandar una carta pidiéndole información, estas normas de derecho internacional hacen que esta persona no esté obligada a responder. Entonces, nosotros hemos enviado la carta teniendo en cuenta estas restricciones y en la carta apelamos a que Perú y China tienen relaciones de más de 170 años; y al deseo de todos los peruanos de tener una vacunación transparente y justa. Esa carta la hemos enviado, estamos pendiente de una respuesta, pero la respuesta podría no llegar. En conclusión, en la procuraduría si hemos considerado que esa información es relevante y sí hemos solicitado formalmente que se nos pueda dar una respuesta.

— Pero se tomaron acciones sobre ese punto…

Al margen de que ellos tengan un privilegio de no responder, es un asunto de interés público, de poder indagar sobre esto porque queremos saber si ciudadanos peruanos, funcionarios y servidores fueron o no vacunados con ese lote.

— Y eso mismo podría hacer el gobierno de Francisco Sagasti, ¿Verdad? Algo de gobierno a gobierno...

Sí, es una posibilidad. Bueno, nosotros hemos actuado de acuerdo a nuestras funciones en defensa de los intereses del Estado y la decisión de gobierno es una decisión que ellos toman de manera autónoma.

— ¿Cómo evalúa el caso de las dos fiscales que descubrieron el caso Cuellos Blancos y que se reunieron con el expresidente Martín Vizcarra de manera privada?

Los funcionarios públicos en general estamos sometidos a los principios y uno de ellos es la transparencia. Entonces ese tipo de citaciones debe darse de manera transparente y dentro del ejercicio propio de cada funcionario.

— Pero que se haya reunido de manera reservada, oculta ¿genera suspicacia?

Ha sido una forma incorrecta entre funcionarios públicos. Y como le digo eso esta vinculado a la transparencia, en tener clara esas pautas en el actuar de las personas que sirven al estado.

— Sobre el caso Odebrecht ¿Cómo analiza que aún no tenemos condenas? Más allá de la pandemia, hay casos que ya tiene cuatro cinco años...

Como le dije anteriormente las investigaciones, los enjuiciamientos tienen que embarcase dentro de los plazo razonables. No pueden investigaciones eternas sino que tienen que darse en un plazo razonable- obviamente hace daño al sistema de justicia que hayan demoras injustificadas. Todo operador del sistema de justicia tiene que tener claro que la necesidad de un plazo razonable es imperativa, sobre todo cuando estamos ante casos emblemáticos.

— ¿Qué es lo que viene en la Procuraduría General, además del proceso de selección?

Tenemos la obligación de un plan de implementación que consiste en incorporar paulatinamente a todas las procuradurías de las entidades públicas a la Procuraduría General del Estado. Es una tarea que no es inmediata. Para comprender le planteo el símil de la Contraloría, que desde el 2017 está incorporando administrativamente a la Contraloría, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con las procuradurías públicas. Ello implicaría que podamos apoyar a todas las procuradurías subnacionales, regionales, municipales, que en muchos casos les falta personal y recursos. Muchas veces comparte computadoras o no tienen impresoras.

Otro aspecto importante es que tenemos una Dirección de Formación y Capacitación donde ya hemos designado al directos que está desarrollando un plan de capacitación para que los procuradores sean capacitados en temas de arbitraje, medidas cautelares, de cálculo de reparación civil, que son temas del día a día de los procuradores. Queremos tener abogados y abogadas del Estado competentes, que el Estado ganen sus procesos, que el Estado recupere el dinero perdido de la corrupción u otros delitos, es un objetivo que tenemos a mediano plazo.

VIDEO RECOMENDADO