Martín Vizcarra y Carlos Morán: todas las veces que el presidente dejó sin piso a sus ministros

En sus casi dos años de gobierno, el presidente de la República Martín Vizcarra ha cuestionado públicamente –en varias oportunidades– declaraciones, propuestas y opiniones de sus ministros. El último jalón de alfombra se lo ha dado al titular del Interior, Carlos Morán, quien había anunciado –como una decisión tomada– que los congresistas ya no tendrían seguridad policial.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa, el presidente Martín Vizcarra le ha bajado considerablemente el tono a esta afirmación y ha dicho que se trata solo de una propuesta, que también incluiría a los ministros y otras autoridades.

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A continuación, El Comercio reseña otras cuatro veces en las que Vizcarra dejó sin piso a los miembros de su gabinete.

–"Si afecta al pueblo..."–

Vizcarra tenía poco más de dos meses al frente del gobierno cuando David Tuesta presentó su renuncia al Ministerio de Economía (MEF). En ese corto periodo de tiempo, el presidente lo había desautorizado. “Como ustedes saben y lo hemos dicho, somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo. Y si vemos que alguna medida [lo] afecta, haremos cualquier ajuste”, fueron las palabras que dieron pie a la renuncia.

El presidente las dijo en mayo del 2018, justo después de anunciar que el reciente aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel –una de las primeras decisiones tomadas por Tuesta al frente del MEF–había entrado en revisión. Además del combustible, se había aumentado el ISC a las gaseosas, las bebidas alcohólicas, los cigarros y los autos nuevos.

El aumento de la carga tributaria sobre el diésel había desatado una huelga nacional de transportistas, que era especialmente fuerte en Cusco. Desde esa región, en medio de la huelga, Vizcarra dijo que el aumento del ISC al combustible estaba siendo evaluado “Le hemos encargado al MEF y el propio INEI está evaluando cuál es la fluctuación de precios”, afirmó.

Luego intentó aclarar: “no anuncio un retroceso, anuncio una evaluación”. Esto porque días antes, Tuesta había asegurado a El Comercio que el gobierno no iba a retroceder con el ISC. “Esta no fue una decisión del MEF, sino del gobierno. Estamos comprometidos como gobierno, porque se requieren recursos. entonces, si somos consistentes con que necesitamos recursos, esta medida se tiene que mantener”, había dicho.

Pero Vizcarra fue consistente con sus declaraciones. El aumento del ISC al diésel entró en revisión y, para que suspendieran la huelga, se acordó con los transportistas que se les devolvería el impuesto. Tuesta renunció. En noviembre del 2019, el exministro de Transportes Edmer Trujillo firmó un decreto de urgencia que establece finalmente la devolución del 53% del ISC al diésel a los transportistas.

–¿Estado empresario?–

En junio del año pasado, el hoy primer ministro Vicente Zeballos estaba a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Entonces, se presentó en Canal N y dijo que no había que tenerle miedo al Estado empresario. También aseguró, sobre las empresas públicas, que existe “experiencias gratas que generan recursos al país" y que el Estado podría plantearse tener una línea aérea de bandera.

“En el tema de las líneas aéreas, cuántas se están instalando en el país. Si hay una presencia masiva, ¿no despierta inquietud? Es decir, por qué no tener nuestra línea aérea propia? [...] Primero, hay demanda. Segundo, nos daría sostenibilidad, pero ahí surge la duda de que el Estado tiene un rol secundario, no puede entrar a competir donde el privado está participando. Pero revisemos desde un punto de vista estratégico", declaró.

Desde Tacna, Vizcarra respondió. “La política económica de nuestro país está claramente definida y, como gobierno, no hemos tomado ninguna decisión al respecto", declaró. Y luego dijo que Zeballos había dado apenas una “opinión de carácter personal" y dijo que él solo tenía a su cargo “el tema legal y en eso sí el Ministerio de Justicia representa la posición del gobierno peruano”.

–La suspensión de Tía María–

Más allá de la evaluación sobre si fue correcta la suspensión de la licencia al proyecto minero Tía María, esta acción también constituyó una contradicción del presidente con lo dicho previamente por uno de sus ministros. En junio del 2019, el exministro de Economía Carlos Oliva dijo en RPP que al Estado le correspondía dar la licencia “porque la empresa cumplió con todos los pasos”.

“Debemos entender que en un estado de derecho debemos cumplir con las normas. En el sector minero hay una serie de normas para dar una licencia de construcción y le corresponde al Estado otorgar dicha licencia”, dijo nuevamente a principios de julio, también en RPP. Y luego recalcó: "Están dadas las condiciones para dar la licencia de construcción al proyecto”. A los pocos días, la licencia fue entregada a la minera Southern Perú.

Pero al mes siguiente, en agosto, la licencia fue suspendida por el gobierno. Pocos días antes, el presidente había dado pistas de que ello ocurriría. “Sobre ese tema, lo hemos dicho y ratificado. El proyecto Tía María, si no tiene el consenso, la aprobación de la población, de los agricultores, de las autoridades; no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto. Estamos de acuerdo”, había asegurado.

Oliva había dicho que, aunque se le otorgara la licencia, la minera tendría que ganarse el favor de al población para desarrollarla; pero igual había hecho énfasis en que correspondía otorgarla. En cambio, en conversación con autoridades locales, Vizcarra dijo que necesitaba tiempo para “preparar el argumento” de cara a una cancelación o suspensión.

"Yo no podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo, hemos llegado a esta situación fruto de un proceso largo”, se escucha decir al presidente en el audio que fue filtrado a la prensa. Entre ese y otro audio difundido en agosto, el presidente deja entrever que buscaría darle sustento técnico a la suspensión del proyecto.

–Declaraciones inaceptables–

El 24 de diciembre del año pasado, una ministra cometió un error político grave. A su salida de una misa en la Catedral de Lima, la extitular de Justicia Ana Tresa Revilla fue consultada por las cámaras de Canal N sobre si el gobierno estaba intentando cubrir con cortinas de humo el feminicidio de Jesica Tejeda en El Agustino.

Este crimen era especialmente doloroso pues la policía no había acudido a ayudar a la víctima, pese a que había una comisaría a pocos metros de distancia. Sin embargo, la exministra sonrió ante la pregunta, mientras buscaba cómo librarse de las cámaras. Y luego, al no poder hacerlo, respondió: “Ay, lamento fastidiarlo pero en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no”.

Vizcarra le respondió desde Moquegua. "Todo acto se tiene que evaluar [...] Estoy retornando a Lima y vamos a ver el tema específico de estas declaraciones, que obviamente nosotros no las aceptamos”, dijo desde Moquegua. La ministra tomó el mensaje y dijo en entrevista con El Comercio que ella tampoco respaldaba sus declaraciones. Pidió perdón y atribuyó su respuesta al desconcierto.

Un último ejemplo de cómo el presidente –en algunos casos acertadamente y en otros no– alinea a sus ministros dándoles la contra públicamente.