El presidente Martín Vizcarra afronta este lunes la segunda moción de vacancia presentada en su contra por permanente incapacidad moral. Así se inicia un nuevo capítulo de la ya alargada confrontación entre el Gobierno y el Congreso.
Todo ello en medio de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. Asimismo, a cinco meses de las elecciones generales del 2021 —en donde los partidos representados en el Parlamento participan— y a casi 9 meses de que Vizcarra deje el cargo.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: Los mensajes de WhatsApp del Caso Vizcarra
El antecedente
El nuevo proceso de vacancia llega a solo mes y medio de que el jefe de Estado superara un primer pedido de destitución. Este vino a raíz de la difusión de audios del presidente y exfuncionarios de su entorno respecto de las visitas, a Palacio de Gobierno, del cantante Richard Cisneros o Richard Swing, actualmente investigado por los cuestionados contratos que obtuvo con el Ministerio de Cultura entre el 2028 y 2020.
“Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto. Todo tiene que ser absolutamente transparente hacia el interior”, se le escuchó decir a Vizcarra en uno de los audios.
ESPECIALES EL COMERCIO: Los mensajes de WhatsApp del Caso Vizcarra / Unidad de Investigación
La moción llevó las firmas de congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú. Se acusó que Vizcarra “sí tuvo injerencia en el caso ‘Richard Swing’ y que incluso instruye a sus asesoras para obstruir las investigaciones al respecto”. También se le imputó una “falsedad reiterada” al haber negado en reiteradas oportunidades su vinculación con los hechos.
Vizcarra Cornejo acudió al hemiciclo el 18 de setiembre y ofreció disculpas por lo que consideró un acto motivado por una persona cercana a su entorno, en referencia a su ex asistenta administrativa Karem Roca: “Pregunto yo: ¿Cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información, y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”.
Luego de una sesión de casi 12 horas, el resultado fue: 32 votos a favor de la vacancia, 78 en contra y 15 abstenciones. Es decir, no se alcanzaron los 87 votos requeridos para lograr la destitución del jefe de Estado.
Aquí la defensa completa del presidente Martín Vizcarra ante el primer pedido de vacancia:
Además, para entonces, el respaldo a la moción había pedido fuerza a través de distintos hechos. Entre ellos el discurso de “conspiración”, pues Vizcarra cuestionó que Manuel Merino de Lama (Acción Popular), presidente del Parlamento, se haya comunicado con el comandante general de la Marina e intentado hacer lo mismo con otros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Señaló también a Edgar Alarcón (UPP), quien difundió los audios, como parte de un presunto “complot”. En tanto, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos personas cercanas a Acción Popular se comunicaron con él y le señalaron su presencia en un “gabinete de transición”.
En medio de ello, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), arguyendo que el Congreso hace “uso indebido” de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral y que, de tal forma, se estaban menoscabando las competencias del presidente de la República para dirigir la política general del Gobierno durante el período de cinco años.
Este proceso aún está en curso y el Parlamento tiene hasta el 11 de noviembre para responder, a fin de que luego el TC programe una vista de causa y, finalmente, emita sentencia. Marianella Ledesma, titular del organismo constitucional, estimó en Canal N el último miércoles que en los primeros días de diciembre se conocerá la decisión.
Las razones del segundo pedido
Cuatro aspirantes a colaboradores eficaces han declarado ante el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato que, cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), el presidente Martín Vizcarra recibió sobornos por S/2′300.000 por dos obras en dicha región, presuntos pagos de empresas vinculadas al denominado ‘club de la construcción’.
El equipo especial ya investiga preliminarmente el caso referido a la obra Lomas de Ilo y ha incluido a Vizcarra y otros en dicha pesquisa. En tanto, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios también ha iniciado una pesquisa contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública – colusión, en agravio del Estado.
Pese a ello, el 20 de octubre se presentó una segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Fue promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP), pero también llevó firmas de legisladores de Podemos Perú, Frente Amplio, de un no agrupado (César Gonzales Tuanama, ex Somos Perú), y de dos integrantes de Acción Popular, Orlando Arapa y Rosario Paredes Eyzaguirre.
El documento, precisamente, se basa en gran parte en las declaraciones de los aspirantes a colaboradores y una secuencia de hechos relatados por ellos. Además, retoma brevemente el motivo del anterior proceso de vacancia para aseverar que Vizcarra trató de “dirigir las declaraciones de exfuncionarias de su confianza”. Ese y otros hechos, según el texto, “ponen en tela de juicio la idoneidad moral del ciudadano Martín Vizcarra Cornejo como mandatario, por lo que no garantiza la transparencia de las futuras Elecciones Generales del 2021”.
Asimismo, se sostiene que “de manera reiterada y permanente ha faltado a la verdad al país, lo cual vulnera los principios y derechos constitucionales de lucha contra la corrupción, derecho a la verdad, buena administración y justicia presupuestaria; por lo cual, deviene en una persona incapaz moralmente para representar a la Nación y dirigir con probidad, idoneidad, veracidad, transparencia y honestidad el destino de la República del Perú, así como para garantizar el bienestar general de la población”.
La controversia por la citación
El último lunes, durante una actividad en Lambayeque, el presidente Martín Vizcarra se dirigió desde el estrado principal a los asistentes al evento. Ahí, afirmó que el nuevo proceso de vacancia lo distrae de su intención de “trabajar al 100% hasta la entrega de mi mandato en el 2021” y genera “inestabilidad, incertidumbre”.
Fue también en esa actividad cuando, públicamente, Vizcarra planteó su intención de presentarse ante el Parlamento esta semana y no esperar hasta el lunes, día en el que ha sido citado tras la admisión de la moción.
Posteriormente, mediante un documento firmado por Vizcarra y el primer ministro Walter Martos e ingresado a las 10:31 a.m. al Parlamento, el mandatario oficializó su requerimiento. Propuso reconsiderar la fecha de la citación y planteó que sea este viernes, a fin de “no sumir al país en una situación de inestabilidad por un mayor período”.
“Asimismo, el tener permanentemente vacancias presidenciales en trámite no contribuye con la estabilidad política y económica de país, tiene la potencialidad de afectar las inversiones y el desarrollo de país, además de que no coadyuva a nuestro rol en la comunidad internacional y en la interacción con los diversos estados”, añade el escrito.
Consultados por este Diario el miércoles, el ex oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, y Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, explicaron que técnicamente sí se podía cambiar la fecha de la citación, pero precisaron que dependía de la voluntad política de la Mesa Directiva y de las bancadas, y que debía concretarse a través de un pleno.
Sin embargo, portavoces de cinco de las nueve bancadas del Congreso se expresaron contrarios al pedido de Vizcarra, según consultas realizadas por este Diario.
Finalmente, la respuesta oficial del Congreso vino, ocho horas después, la tarde del miércoles. Encabezados por Manuel Merino de Lama (Acción Popular), los miembros de la Mesa Directiva rechazaron el pedido de Martín Vizcarra.
Argumentaron que el artículo 58 del Reglamento del Congreso determina que las reconsideraciones de los acuerdos del pleno deben ser requeridas por los congresistas luego de una votación. Agregaron que “no se pueden presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o la dispensa de dicha aprobación”.
Por esas y otras razones, la Mesa Directiva informó al mandatario “la imposibilidad” de atender su pedido. “Respetamos las decisiones soberanas que tiene el Parlamento y si el día de ayer la Mesa Directiva del Parlamento nos ha contestado que no es factible adelantar esta fecha, aceptamos esta fecha y el señor estará asistiendo el lunes”, comentó Martos a la prensa este jueves. Así, en solo horas se volteó la página de este capítulo previo al día del debate y votación.
La jornada del pleno
La moción invoca la causal de vacancia presidencial contemplada en el inciso 2, del artículo 113 de la Constitución Política del Perú: la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso.
El Reglamento del Parlamento establece un procedimiento para abordar el asunto. La jornada será este lunes a partir de las 10 a.m.
De acuerdo a dicha norma, Vizcarra podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado hasta por 60 minutos. El desarrollo de la jornada sería similar a la del 18 de setiembre.
Aquel día, el presidente Vizcarra llegó al Parlamento y fue recibido por una comisión, integrada entonces por Luis Valdez y Guillermo Aliaga, primer y segundo vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva. El mandatario tomó la palabra por unos 14 minutos, se retiró y dejó en uso de la palabra a su abogado Roberto Pereira.
El debate general fue programado para 4 horas, cuyos minutos fueron distribuidos proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, según anunció ese día Merino: Acción Popular (47), Alianza para el Progreso (41), Frepap (28), Unión por el Perú (24), Podemos Perú (21), Somos Perú (19), Partido Morado (17) y Frente Amplio (15). Además, se dio 12 minutos a los respectivos portavoces.
Acabado el debate, los parlamentarios deben ejercer su voto.
Un antecedente similar se dio con la discusión de la moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017, cuando el tiempo otorgado para las exposiciones fue de 4 horas y media.
Los escenarios
El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso, según señala el reglamento.
Es decir, se requieren 87 votos para aprobar la vacancia del mandatario. De darse ese escenario, debe emitirse una resolución declarando la medida y publicarse en el diario oficial “El Peruano” dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del documento remitido por el Parlamento.
“En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar”, añade el reglamento.
Precisa, además, que la resolución que declarar la vacancia rige desde que se comunica al presidente de la República, al titular del Consejo de Ministros, desde que se efectúa su publicación o “lo que ocurra primero”.
El otro escenario es que el Congreso no alcance los 87 votos, como ya ocurrió en setiembre. Con ello, el mandatario podrá seguir ejerciendo sus funciones.
Este es el texto completo de la segunda moción de vacancia:
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