Martín Vizcarra: estas podrían ser las consecuencias de su reunión con dos fiscales

Esta pesquisa, que trajo como consecuencia detenciones y destituciones, tuvo a la cabeza a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes coordinaban acciones para el desarrollo de las investigaciones.

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Hoy ambas fiscales se encuentran en medio del debate público y no por el avance de las pesquisas. La fiscal Sandra Castro reveló el lunes que sostuvo una reunión con Sánchez y el entonces presidente Martín Vizcarra para solicitarle protección ante el ingreso de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación. El exfiscal supremo está implicado en el caso Cuellos Blancos.

La cita ocurrió luego de que Chavarry asumió como titular del Ministerio Público, en medio de cuestionamiento por sus vínculos con la investigación que dirigían Sánchez y Castro. Según Castro, ambas temían por su seguridad y a pedido de Sánchez gestionó la reunión con el exmandatario en el edificio donde son vecinos. Ahí le solicitaron protección.

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La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso este martes, conocida la noticia de la reunión, separar a ambas fiscales del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Minutos antes de esta decisión, en declaraciones a este Diario, la fiscal Sánchez señaló que ponía su cargo a disposición y reconoció que pidieron apoyo a Vizcarra. “Yo pongo mi cargo a disposición. Yo no me aferro. Pero que tampoco se queden los fiscales que están investigando, desde el fiscal supremo [Jesús] Fernández. Y si van a reestructurar en aras de una buena investigación, que se restructure todo y se respete las decisiones del fiscal coordinador”, dijo.

¿Cuáles son las consecuencias que traerá la reunión que sostuvieron las fiscales con el expresidente Vizcarra?

Tres abogados penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que lo siguiente es iniciar un proceso interno para determinar responsabilidades y sanciones, de ser el caso. La reunión con el exjefe de Estado podría llevarlas hasta la destitución.

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Para el exprocurador Yván Montoya en el caso existe “una falta muy grave” al Código de Ética del Ministerio Público y también a la Ley Orgánica de dicha institución. Montoya explicó que debe ser la Oficina de Control Interno la encargada de iniciar un proceso y determinar la sanción que corresponde.

“Hay que investigar, someterlas a un proceso administrativo sancionador en Control Interno. Hay una falta que es comprometer la dignidad del cargo, sin ser delito compromete la dignidad del cargo. Las fiscales no pueden aceptar recomendaciones de órganos de gobierno”, apuntó, tras indicar que esta falta puede ameritar una destitución.

“Es muy probable que si ellas han aceptado eso (la reunión), van a ser sometidas un proceso administrativo sancionador”, agregó.

Si Control Interno encuentra responsabilidad en Castro y Sánchez por reunirse con Vizcarra, la Junta de Fiscales Supremos tendrá que someterlas a la Junta Nacional de Justicia, en caso se haya determinado la destitución como sanción. “En este proceso se está jugando una posible destitución”, remarcó.

Hasta este momento no se conoce si Control Interno ha iniciado un proceso contra las fiscales.

El también exprocurador Antonio Maldonado consideró que la reunión entre las fiscales y el entonces mandatario fue “totalmente irregular e innecesaria”, y que “el límite más importante que se cruzó fue el de la autonomía de la función de las fiscales”.

“Si hay una actuación lamentable que por lo menos hay que investigar. Muy mal ética, jurídica e institucionalmente, lamentable desde todo punto de vista, más allá del escenario interno, el Ministerio Público es una institución jerarquizada, lo que debieron haber hecho es plantear este tema en el canal interno, en última instancia no era un contexto controlado al 100% por la mafia, ahí estaba Pablo Sánchez. Lo mínimo es una investigación, y si son graves la destitución”, declaró.

El abogado penalista Rafael Chanjan sostuvo que, por lo menos, se quebró el principio de transparencia que todos los fiscales deben aplicar de acuerdo al Código de Ética del Ministerio Público.

“Todo fiscal tiene que cumplir con un código de ética y la Ley Orgánica del Ministerio Público, hay principios básicos que siempre debe observar todo fiscal, el principio de transparencia de todos su actos e independencia, tiene que procurar que en su caso no es inmiscuyan circunstancias que puedan incidir en su investigación con criterios subjetivos, no pueden haber otros poderes del estado que tengan incidencia o influencia en el caso que tiene ser investigado”, manifestó.

Chanjan señaló que a la luz de los hechos, “el haberse reunido de manera subrepticia con el presidente respecto de un caso tan sensible deja ahí algo de sospecha si se cumplió con el principio de transparencia. Si uno quiere salvaguardar su integridad hay vías formales donde se puede hacer ese pedido, hay oficios que se pueden haber hecho llegar, haber hecho una reunión privada. De cara a la transparencia no se ajusta”.

La responsabilidad de Vizcarra

Yván Montoya consideró que en el caso de Martín Vizcarra podría haber elementos iniciales de un presunto tráfico de influencias.

“Es lo que podría estar acá, en la que el presidente hace las veces de un sujeto que tiene influencias para que interceda por ellas y les de protección, pero a cambio de qué. No recibir necesariamente (algo), pero sí una promesa, de cualquier ventaja, si esto se entiende como un intercambio de favores para que el presidente interceda por ellas y le brinde protección. Pero falta ese elemento. Amerita una infracción a la constitución”, apuntó.

Maldonado señaló que en el caso de Vizcarra habría infracción Constitucional de su deber de respetar la autonomía del Ministerio Público, que surge del Art. 118, literal 1 de la Constitución. “Su conducta es más cercana a una obstrucción de la justicia, y aún más cercana con un abuso de poder”, dijo.

“Que el presidente intervenga en las funciones de una institución constitucionalmente autónoma me parece el non plus ultra de un acto arbitrario. No era su papel como presidente de la República”, añadió.

Chanjan coincidió en que habría una infracción a la Constitución, que podría terminar en inhabilitación.

Martín Vizcarra también ha confirmado la reunión con las fiscales, pero negó haber recibido información sobre la investigación.

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