Martín Vizcarra y su entorno bajo sospecha: claves de los cuestionamientos contra personas de su confianza

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A pocos días de dispuesto el levantamiento de la cuarentena por coronavirus (COVID-19) en la mayor parte del país, el Gobierno deberá sortear, además de las críticas que se le han efectuado por su gestión de la pandemia y el Caso Richard Swing, los recientes señalamientos contra las dos trabajadoras de la Casa de Gobierno.

Vizcarra no ha dado a conocer su posición respecto al caso de Mirian Morales, lo cual ha desplazado dicha responsabilidad al primer ministro Vicente Zeballos, quien ha intentado apaciguar las aguas indicando que entregarán toda la documentación pertinente cuando esta sea requerida.

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Esta no es la primera vez que se formulan señalamientos en contra de personas del entorno del mandatario, aunque, con los flancos abiertos por los estragos de la coyuntura sanitaria, las arremetidas de esta nueva crisis tendrán un pronóstico reservado.

El expediente Morales

Para los entendidos de los pormenores del teje y maneje en el Ejecutivo, la figura política de Mirian Morales Córdova, secretaria general de Palacio de Gobierno, no es desconocida; así como tampoco lo es la confianza del presidente en las gestiones de la abogada de 41 años.

Haciendo honor a su cercanía con el mandatario, Morales fue parte de la Dirección General de Asuntos Socioambientales cuando Vizcarra se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones. El 24 de marzo del 2018, a solo un día de la toma de mando presidencial del moqueguano, Morales fue nombrada en Palacio de Gobierno.

Pero, así como la notoriedad empodera, también expone. En noviembre del 2019 se conoció que su hermano mayor, Juan Morales Córdova, había sido seleccionado como asesor de la Sunarp en julio de ese año, lo cual dirigió suspicacias contra la funcionaria.

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Pese a que no hubo pruebas sobre una presunta influencia suya para la contratación de su hermano, la ola de cuestionamientos finalizó con la renuncia de Juan Morales, quien argumentó que su dimisión se efectuaba para evitar que “personas malintencionadas” dañen a su familia o al Poder Ejecutivo.

Una nueva sindicación sí le resultó ineludible. Richard Cisneros, conocido también como Richard Swing, suscribió entre el 2018 y el 2020 hasta nueve contratos con el Ministerio de Cultura por aproximadamente S/175.000.

El Comercio reveló que Cisneros se reunió el 28 de junio del 2018 con Mirian Morales en Palacio de Gobierno; el 12 de octubre del 2018 con la asistente presidencial Karem Roca en la misma locación; el 14 de setiembre del 2018 con Patricia Balbuena en las oficinas del Ministerio de Cultura; y el 28 de setiembre del 2017 con el extitular de Cultura Salvador del Solar.

Por este motivo, el pasado 1 de junio, un equipo fiscal acudió a las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno como parte de las diligencias de recojo de documentos para la investigación preliminar a las presuntas irregularidades en los contratos de Cisneros. A su vez, Morales se vio obligada a acudir al Congreso para rendir su manifestación sobre su vinculación con el cantante. “No me une ningún grado de parentesco ni afinidad con Richard Cisneros”, dijo ante los legisladores.

El último domingo, el programa de TV “Panorama” aumentó la intensidad de los señalamientos cuando difundió que la funcionaria contrató a la tía de su hija para que trabajara directamente con ella cuando era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Claudia Teresa Mere Vidal, hermana de su expareja y padre de su hija, Jorge Mere Vidal, registró una primera orden de servicio con un sueldo de S/4.500 para realizar encuestas por 45 días. En ese entonces, Claudia Mere no contaba con título profesional y se había registrado como proveedora del Estado 21 días antes. El contrato fue suscrito el 20 de setiembre del 2017 en la Dirección General de Asuntos Socioambientales del MTC, a cargo de Morales.

Con el nombramiento de Morales en Palacio de Gobierno, los contratos para Claudia Mere, joven ingeniera industrial, aumentaron tanto en cantidad como en montos. En 2018, se emitió una segunda orden de servicios por S/22.500 por tres meses de “servicios profesionales” en el propio MTC. A su vez, en 2019 la cartera le pagó S/6.750 por brindar capacitaciones y charlas informativas en Piura por 27 días. También se registran otras órdenes de servicios por S/25.500 por 88 días.

Jorge Mere, expareja de Mirian Morales, presta servicios al Estado desde el 2009, época en la que su sueldo mensual ascendía a S/2.000, pero los tiempos también mejoraron para él, pues según “Panorama” registra pagos de entre S/15.000 y S/20.000 por órdenes de servicio por tres meses en el Programa Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía de dicho portafolio.

Actualmente Mere es funcionario CAS en el área de comunicaciones del Programa de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, tras postular en el 2019 en un proceso de contratación en dicho sector.

Ni Morales ni el despacho presidencial han emitido comunicado alguno respecto al tema. Eso no ha sido impedimento para que la contraloría inicie una indagación sobre los contratos de Claudia Mere, mientras que la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a la funcionaria.

Pero, por mucho, el golpe más duro ha sido el que ha asestado la fiscalía este jueves, cuando tocó la puerta de Palacio de Gobierno por segunda vez en menos de un mes para verificar si la excuñada y la expareja de la secretaria general del despacho presidencial visitaron la sede del Ejecutivo.

Se sabe que Morales deberá presentarse ante el fiscal Reynaldo Abia el próximo 7 de julio en pos de responder sobre los contratos con el Estado de sus allegados.

Antiguos y nuevos contratos del entorno de Roca

El caudal no solo ha arreciado contra el Gobierno por el expediente de Morales. La asesora presidencial Karem Roca Luque, quien también se reunió con Richard Cisneros en Palacio de Gobierno, tiene una relación con Martín Vizcarra incluso más longeva que la que ostenta Morales.

Roca ha acompañado a Vizcarra durante amplio trayecto de su historial político: fue su asistente en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014); también en la campaña a la vicepresidencia del país (2016); laboró con él cuando este fue titular del MTC (2016-2017); lo acompañó durante su vicepresidencia bajo la modalidad de CAS; y en el 2018, a través de una resolución, ingresó a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, El Comercio reveló este viernes que Roca también podría verse perjudicada por contratos con el Estado. ¿De qué trata la historia? Karem Roca, junto a su padre Máximo Roca Vargas, fundaron en 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, compañía de la que la asistente presidencial fue subgerenta hasta febrero del 2020.

Entre el 2013 y 2014, cuando ella trabajaba en el Gobierno Regional de Moquegua, la empresa suscribió un contrato con la sede central de dicho gobierno regional fijado en S/46.000. Por dichos tiempos, Edgar Iván Zapata Yactayo, arquitecto de profesión y cónyuge de Roca, también contrató con el gobierno regional por un monto de S/19.800.

Al igual que él, Danny Alejandro Roca Luque, hermano de la ahora funcionaria de Palacio de Gobierno, suscribió un contrato por temas administrativos por S/10.598,10. Todo esto durante el mandato de Martín Vizcarra como máxima autoridad del Gobierno Regional de Moquegua.

En diálogo con El Comercio, la asistente presidencial ha negado favorecimientos para su familia por su relación con Vizcarra. “Nunca le he pedido al señor [Vizcarra] que me ayude para algún trabajo para mis hermanos. [...] Yo siempre voy a decir la verdad, pero ¿por el hecho de trabajar con el señor Vizcarra soy culpable? Yo no me corro, no voy a renunciar, no he cometido nada ilícito”, asegura.

Tal como en el caso de Morales, fuentes de Palacio de Gobierno han señalado que ni el despacho del mandatario ni el jefe del Estado efectuarán pronunciamientos sobre el tema.

Trujillo y el hospital

Edmer Trujillo, ingeniero sanitario natural de Amazonas, también tiene una relación de larga data con Martín Vizcarra, y como referencia de ello recordaremos que se desempeñó como gerente general del Gobierno Regional de Moquegua cuando el ahora mandatario fungía de autoridad regional.

Su caso es llamativo, pues renunció al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en dos oportunidades y en menos de un año. En la primera ocasión, se vio forzado a dejar el cargo en abril del 2019 a pocas semanas de ocurrida la tragedia en el terminal de Fiori, en San Martín de Porres, en la que 17 personas murieron en el incendio de un bus. Este diario dio cuenta de serias negligencias cometidas por su cartera respecto al Caso Fiori. Un ejemplo de ello es que la gestión de Trujillo autorizó el funcionamiento del terminar terrestre, y otras cien estaciones de buses, pese a que estos no contaban con las mínimas condiciones de seguridad requeridas.

Luego de la disolución del Congreso, ocurrida el 30 de setiembre del 2019, Trujillo retornó al MTC, pero la reanudación de una investigación fiscal motivó una nueva dimisión que tuvo como fecha febrero del 2020.

A finales del año pasado, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua dispuso reabrir una investigación preliminar tras la aparición de nuevos elementos de convicción en torno al caso del hospital regional de Moquegua, elementos que forman parte de un nuevo informe de la contraloría. El documento cuestiona la autorización que dio Edmer Trujillo, cuando era gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, para el pago de S/41′869.086 al consorcio encargado de la construcción del hospital.

El desembolso se efectuó en menos de 24 horas, entre el 30 y 31 de diciembre del 2014, cuando culminaba la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua. Aunque Trujillo ha asegurado que no hubo irregularidades en ese pago, para la contraloría se realizaron pagos adelantados a la empresa a cargo de la construcción del hospital sin que se te tuviera el sustento adecuado.

“El presidente Vizcarra no emitió ningún documento, ninguna disposición que diga haz tal o cual cosa, salvo la decisión de llevar adelante este proceso importante para Moquegua. Él no conocía de los trámites que realizamos para ejecutar los recursos que disponía el gobierno regional en favor de este proyecto”, defiende Trujillo, quien actualmente continúa investigado por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Villanueva en su hora más dura

En marzo del 2018, el entonces parlamentario César Villanueva era el rostro más visible de quienes solicitaban la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por la presunta relación de su empresa Westfield Capital con la empresa brasileña Odebrecht.

La salida del economista se dio, aunque no por la vacancia, pues renunció a la Presidencia de la República el 21 de marzo del 2018 a través de un mensaje a la nación. Días después, Villanueva sería nombrado primer ministro por el sucesor de Kuczynski: Martín Vizcarra. A pocas semanas de cumplir un año en el cargo, Villanueva, quien también había sido gobernador regional de San Martín, dimitió, siendo nombrado en su reemplazo Salvador del Solar.

En julio del 2019, la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto formalizó investigación preparatoria a 16 exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín y exejecutivos de Odebrecht. ¿El motivo? Presuntos pagos que habría realizado Odebrecht a César Villanueva en 2008 a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, varios de ellos corroborados por exdirectivos de la empresa brasileña.

"Descarto haberme reunido con directivos de Odebrecht para coordinar alguna obra. Yo no participo absolutamente en nada, ni en la convocatoria, ni en el comité, ni en las decisiones internas de lo que es el proyecto. No se va a encontrar una participación mía porque se trata de un ente jurídico autónomo y ellos hacen sus propios procesos", dijo en su defensa el ex primer ministro.

La hora más dura devino en noviembre del 2019. Villanueva fue detenido en Los Olivos cuando sostenía una reunión con los fiscales Alberto Rossel Alvarado y Ronald Chafloque Chávez, una cita en la que habría intentado obtener información sobre su caso. “Los motivos que justifican la investigación del expremier son de hechos muy anteriores precisamente a su función que tuvo en este Gobierno, estamos hablando de muchos años antes, obviamente eso nadie conocía”, remarcó Vizcarra por ese entonces.

En diciembre a Villanueva se le conminó a prisión preventiva; sin embargo, en abril último la orden le fue variada por una detención domiciliaria, así como el pago de una caución de S/100 mil, a causa de su precario estado de salud y el riesgo de un eventual contagio de coronavirus (COVID-19). A la fecha, Villanueva continúa investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.

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