Michael Urtecho: las claves del caso y el impacto de su condena frente a los actuales congresistas ‘mochasueldos’

Luego de un largo proceso judicial, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado, condenó a 22 años de prisión al excongresista Michael Urtecho y a 28 años de cárcel a su esposa, Claudia González, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y concusión.

LEE TAMBIÉN | Vladimir Cerrón también busca prescripción del pago de la reparación civil: los detalles del caso

Han pasado casi diez años desde que el exlegislador fue denunciado por siete trabajadores de su despacho por el presunto recorte de sus salarios y el caso recién tendrá un desenlace. El Ministerio Público había pedido 24 años de prisión para Urtecho, mientras que para su cónyuge solicitó 22 años.

Es importante mencionar que Urtecho obtuvo una curul en el 2006 con Unidad Nacional y fue reelecto en el 2011 con Alianza Solidaridad Nacional, en ambas ocasiones representando a La Libertad.

El 14 de septiembre de 2013, “Cuarto Poder” dio a conocer el testimonio de tres ex trabajadores de Urtecho, quienes lo acusaron de recortar y quedarse con gran parte de sus sueldos. Por ejemplo, su ex asesora Evelyn Goicochea Miranda contó que le correspondía una remuneración mensual de S/. 3.000, pero solamente recibía S/. 2.000. El restante era retirado por allegados al solidario, entre ellos su esposa Claudia Gonzales.

De otro lado, Jorge Luis Huiman afirmó al programa dominical que fue contratado en el 2007 por el entonces congresista de Solidaridad Nacional para ser coordinador de su despacho. Por haber realizado esa labor, a Huiman le correspondía un sueldo de S/. 1.100, de los cuales, según denunció, solo se le pagaba S/. 200.

Una situación similar enfrentó Elvia Azucena Urbina, esposa de Jorge Huiman y trabajadora del hogar. Ella fue contratada como asesora del congresista. Según su boleta, su remuneración era de S/. 4.000, de los cuales solo percibía S/. 400.

Días después, salió a la luz otra denuncia contra el legislador. El mismo programa dominical difundió el testimonio de Teresa Chávez, quien afirmó que fue contratada como asesora del despacho de Urtecho por un sueldo de S/. 4.627, de los cuales solo percibía S/. 800.

Urtecho también fue denunciado por no dar cuenta de la entrega de 621 sillas de ruedas para discapacitados con bajos recursos, mientras presidia la Comisión Especial de Discapacidad en el Congreso. Al parlamentario se le entregaron 1.014 sillas de ruedas, pero solo demostró la entrega de 393. La Contraloría y la Presidencia del Consejo de Ministros condenaron el hecho.

En octubre de 2013, más denuncias complicaron la situación del congresista. Una de ellas fue por haber presentado boletas de empresas fantasma por la suma de S/. 42.490. A este caso se sumaron tres nuevas acusaciones de recortes de salarios.

Según informe de América Noticias, una de las afectadas es Carla Paredes Vera, quien aseguró que recibía S/. 2.000 como remuneración; sin embargo, en planilla figuraba con un salario de S/.7.000.

La misma modalidad ocurrió con Estela Bocanegra Alayo y Gladis Flores Gálvez, que percibían S/.2.500, cuando les correspondía S/. 8000.

Ese mismo mes, la Comisión de Ética decidió investigar a Urtecho. El caso avanzó rápidamente y la recomendación de suspensión por 120 días y acusación constitucional contra el congresista se elevó al pleno el 17 de octubre. La representación nacional dio luz verde a la sanción con 98 votos a favor.

Días después de haber sido denunciado, Urtecho admitió, en entrevista con “Punto Final”, que se apropió de los sueldos de sus ex trabajadores. No obstante, descartó estar comprometido en el resto de acusaciones.

“El ser humano comete muchos errores y muchas equivocaciones, graves o de cualquier índole. Lo más difícil es reconocer que se cometió un error, por miedo, por susto o cualquier cosa. Quiero pedir disculpas. Hasta el viernes que me grabaron en una entrevista, yo mantenía una posición, pero no decía la verdad. Como cristiano he permitido durante varios días que se mancille el nombre de Dios, por miedo, por cobardía y he caído en mentira y en hipocresía. Ya no puedo aguantar esto, no quiero tener esto como carga. Me siento mal, muy mal”, expresó.

El Ministerio Público ya había iniciado una investigación contra él y su esposa por enriquecimiento ilícito y concusión. En ese entonces, los congresistas aún tenían inmunidad parlamentaria.

El caso también llegó en octubre a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe del grupo de trabajo llegó al pleno del Congreso en diciembre de 2013.

La representación nacional aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de Michael Urtecho. Asimismo, el pleno respaldó el pedido hecho por la SAC para que sea denunciando ante la fiscalía por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

LEE TAMBIÉN | Alejandro Soto investigado: ¿Cuánto gastó en publicidad para sus redes sociales?

Enero de 2014, el Ministerio Público formalizó ante el Poder Judicial la investigación a Urtecho y su esposa. En octubre de ese mismo año, el PJ acogió la solicitud de la fiscalía y ordenó el impedimento de salida del país del excongresista.

Posteriormente, el juez supremo de investigación preparatoria, Luis Alberto Cevallos Vegas, ordenó el arresto domiciliario para el exlegislador, quien afrontaba el proceso en libertad. En el caso de su cónyuge, el magistrado dispuso la comparecencia restringida.

LEE TAMBIÉN | Soto ataca a la prensa: “Poco o nada me interesa lo que digan, los periodistas no votan en el Congreso”

En febrero de 2015, el Poder Judicial amplió por cuatro meses el plazo de impedimento de salida del país del desaforado excongresista Urtecho. En junio 2017, la medida volvió a ampliarse.

En noviembre de ese año, se inició juicio oral contra excongresista. El Ministerio Público solicitó contra Urtecho 24 años de prisión y para su cónyuge, 22 años.

El impedimento de salida de Urtecho volvió a extenderse entre 2018 y 2021. Como parte del proceso judicial, en febrero de 2022, el Ministerio Público continuó con el interrogatorio de dos testigos en el juicio oral contra el excongresista Michael Urtecho y su esposa, Claudia Gonzales.

En la sesión, la testigo Elvia Urbina indicó que los acusados le pagaban S/. 400 por tareas domésticas. Incluso, ellos manejaban su tarjeta electrónica con la cual el Congreso le pagaba sus remuneraciones.

Elvia Urbina relató que se enteró de su salario real cuando el banco -que manejaba su cuenta sueldo- le ofreció un préstamo alto. Añadió que se sorprendió porque con su haber de S/. 400 era imposible cancelar el crédito; sin embargo, el banco le informó que ganaba S/. 4000 mensuales.

La abogada Jessica Flórez, otra testigo en el juicio oral contra Urtecho y Gonzales, por presunto delito de concusión, dijo que tenía intención de apoyar casos sociales con dinero de su sueldo. Urtecho le pidió que lo deposite a su cuenta para ayudar a personas necesitadas.

Flórez indicó que solo le constan los agradecimientos que llegaban al despacho del exlegislador sin mencionar el tipo de ayuda que habrían recibido, ya sea en forma monetaria o de otro tipo. Negó que el dinero que aportó fue dádiva para Urtecho ni para aumentar su patrimonio.

El representante del Ministerio Público añadió que Urtecho Medina tuvo un desbalance patrimonial de 1.800.000 soles. Por ello, reiteró el pedido de 24 años de pena privativa de la libertad contra el exparlamentario.

LEE TAMBIÉN | Patricia Benavides anuncia fortalecimiento de fiscalías anticorrupción e implementación de las de DD.HH e interculturalidad

En diálogo con El Comercio, antes de conocerse la sentencia, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía y los exprocuradores Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia señalaron que una condena al exparlamentario Michael Urtecho será un precedente importante de cara a las recientes denuncias contra diversos congresistas por recortes de salarios.

Gilmar Andía afirmó que es “bastante importante” poder conocer “una sentencia condenatoria” en este caso porque, en la actualidad, hemos visto muchos denuncias sobre recortes de salarios que “ni siquiera han sido sancionadas por la Comisión de Ética”.

“Se ha convertido en una práctica común del Congreso, que se conoce a puertas cerradas, pero al día de hoy no ha habido una sanción. Es un caso importante porque posiblemente tenga una condena alta, de más de 20 años”, añadió antes de conocerse la sentencia a 22 años de prisión contra Urtecho.

El exviceministro consideró también de suma importancia que la condena provenga de una sala penal suprema porque “el nivel de análisis y fundamentación” será alto. A Urtecho le correspondía esta instancia porque era un funcionario aforado.

Para Andía este será un antecedente fundamental porque marca una política clara de “lucha contra la criminalidad en espacios de poder como el Congreso” y cómo el Poder Judicial debe evaluar este tipo de casos “frente a las actuales denuncias”.

A juicio del exviceministro, “sería absurdo que - con una sentencia de este tipo, con argumentación fuerte- la Fiscalía de la Nación no iniciara con mayor fuerza la investigación de los casos actuales”.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte no acude a citaciones fiscales en investigación por presunto plagio de libro

Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado aseveró que una condena por este caso será de “enorme importancia” para “dar un ejemplo a los demás congresistas de que si incurren en estos delitos, podrían ser sentenciados”.

“También tiene una enorme importancia porque revela la existencia de un patrón criminal en el Congreso, que no se limita al presente Parlamento y revela la vulnerabilidad en la arquitectura de las normas del Legislativo, que permiten que este tipo de conductas delictivas ocurran con impunidad”, dijo.

Maldonado subrayó que es importante que los congresistas tengan claro que el robo de salarios es un fenómeno criminal, “no político, ni ético”.

Asimismo, opinó que “una condena ejemplar sería relevante para prevenir el delito en los funcionarios públicos, en especial los congresistas”.

El exprocurador también consideró que dentro del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder “debería haber una división que investigue” este “fenómeno delictivo” de recorte de salarios. Según indicó, estas acusaciones “exigen unos instrumentos complejos de investigación”. Indicó, además, que el trabajo del Ministerio Público, incluye enfrentar la impunidad de normas aprobadas por los parlamentarios, como la ley que reduce la prescripción de diversos delitos.

LEE TAMBIÉN | Alejandro Soto: claves de la denuncia de la procuraduría por presunto delito de concusión

En tanto, Luis Vargas Valdivia afirmó que una condena contra Michael Urtecho “marcará precedente” debido que es el primer caso de un congresista denunciado por recorte de salarios.

De acuerdo con el exprocurador, este antecedente “hará reflexionar” a los actuales congresistas, “quienes - a diferencia de Urtecho - no tienen inmunidad”.

“Marcará un hito respecto a la conducta de los parlamentarios que tienen la costumbre de recibir aportes de los trabajadores, incluso el mismo presidente del Congreso, que alega aportes voluntarios a su favor”, manifestó.

Vargas Valdivia remarcó que “los congresistas tienen que entender que no puede pedir, ni recibir aportes de ‘manera voluntaria’ de sus trabajadores”. “Eso está prohibido. Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto recurrente”, añadió.

El exprocurador cuestionó que la fiscalía no haya abierto investigación por todos los casos recientemente denunciados. Además, indicó que debe tomarse en cuenta que la llamada “ley impunidad” podría representar un peligro frente a las pesquisas.

“La fiscalía debe iniciar la investigación preliminar [de todos las denuncias], luego formalizar la investigación preparatoria, formalizar la acusación y que se inicie el juicio oral”, expresó.