Excongresistas recibieron gratificación: claves de un acuerdo que fue dejado sin efecto

Mientras el nuevo Congreso de la República avanza con su labor a tres meses de haber asumido funciones, el Parlamento disuelto vuelve a aparecer en el escenario político a través de un cuestionado pago realizado a sus integrantes.

El último fin de semana, el exlegislador Richard Arce informó que desde el actual Legislativo se le depositó en su cuenta bancaria de S/5.200. Además, publicó en Twitter un documento de su “liquidación por compensación de tiempo de servicios”, correspondiente a S/1.386,13 netos.

“Nunca recibí ninguna comunicación del Congreso sobre este depósito. Inclusive recuerdo el día que me dan esta hoja de liquidación del 31/01/20, me informaron que era todo lo que nos correspondía”, aseveró.

A Arce le hicieron el depósito el 28 de mayo pasado. El 12 de junio, dijo que se había dado con la “sorpresa” respecto del pago. La Mesa Directiva, este último lunes 15, ha anunciado una investigación interna sobre el asunto y decidió dejar sin efecto la medida, aunque disponiendo que se realice un informe legal al respecto . A continuación, los puntos clave de la polémica.

1. ¿Cuál fue el origen del pago y a qué corresponde?

El 21 de febrero del 2020, en pleno interregno parlamentario, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, presidida entonces por Pedro Olaechea, acordó establecer que “los congresistas que cesen o interrumpan sus funciones congresales por cualquiera de las causales establecidas en el Reglamento del Congreso de la República, antes de la oportunidad del pago de sus gratificaciones, percibirán una gratificación proporcional a los meses calendarios completos laborados en cada período…”.

Luego, el jueves 12 de marzo, a solo cuatro días de la juramentación del nuevo Parlamento, se tomó otro acuerdo para precisar que la anterior disposición “es aplicable, asimismo, a todos los señores congresistas de la República que fueron elegidos en las elecciones generales del año 2016”.

En el documento, se reconoce que lo dispuesto inicialmente, debido a la disolución del Parlamento, solo podría ser aplicable a los miembros titulares de la Comisión Permanente, por lo que finalmente se precisó el alcance de la medida.

“Sobre el tema de las bonificaciones que viene circulando, es importante señalar que el monto indicado corresponde al pago proporcional de la bonificación de Navidad que en su oportunidad no se incluyó en la liquidación de los congresistas cesados como consecuencia de la disolución del Congreso. El Legislativo laboró hasta el 30 de setiembre de 2019. Recordemos que los congresistas están afectos a la Quinta Categoría y que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Se piensa cambiar la legislación laboral? Sería importante que lo digan”, explicó Olaechea.

2. ¿Quiénes recibieron el dinero y a cuánto asciende?

El Comercio accedió al “registro de pagos de gratificación trunca a excongresistas cesados 30.09.2019 y a los miembros de la Comisión Permanente cesados 15.03.2020”.

En el primer caso, figura el pago para 100 miembros del Congreso disuelto por un total de S/433.395 netos. Asimismo, para 26 representantes de la Permanente se depositó S/84.309,74, haciendo una suma de S/517.704,74.

En el registro aparecen los actuales legisladores Alberto de Belaunde y Gino Costa (Partido Morado), así como Gilmer Trujillo (Fuerza Popular).

3. ¿Cuál fue el pronunciamiento inicial de la actual Mesa Directiva?

En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, anunció que la Mesa Directiva que encabeza ha solicitado una “investigación profunda para ver cuál ha sido el personal que ha tenido la responsabilidad”. Señaló que se trata de “pagos ajenos a esta administración” y agregó: “Hemos sido sorprendidos”.

Merino explicó que el poco personal que ha tenido el Parlamento no permitió hacer la revisión de todos los acuerdos de la Mesa Directiva anterior, pero que esa tarea ya se ha ordenado.

En esa línea, sostuvo que de haber irregularidades, la responsabilidad deberá ser asumida por la anterior Mesa Directiva que encabezó Pedro Olaechea.

“Nosotros rechazamos que se tengan que hacer acuerdos de mesa para esta naturaleza […] Si hay responsabilidad, tendría que hacerse la denuncia. En este caso, si es una denuncia constitucional, tendrá que hacerse. Eso se va a evaluar”, advirtió.

Por su parte, Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente, indicó que también se está evaluando la constitucionalidad de los acuerdos tomados por la anterior Mesa Directiva respecto a los pagos, puesto que el anterior Legislativo ya había sido disuelto y la Comisión Permanente funcionaba con un Parlamento disminuido.

Asimismo, por la mañana informó que ha solicitado a los miembros de la actual Mesa Directiva “dejar sin efecto dichos acuerdos, porque esta situación usada por la Mesa Directiva 2019-2020, podría transcender en el tiempo”. Por la tarde, se confirmó esta decisión.

Por tanto, no descartó que se vaya a convocar a los miembros de la anterior Mesa Directiva, que también integraron Salvador Heresi, Karina Beteta y Marvin Palma.

“Si es que tendrían que devolver alguna suma de dinero los excongresistas tampoco se descarta esa situación. Primero se tiene que ver la constitucionalidad de dichos acuerdos. Para de esa manera poder determinar su los mismos podían o no surtir efecto”, refirió.

4. ¿Qué harán beneficiarios del pago?

Este Diario conversó con De Belaunde y Trujillo al respecto. “Efectivamente, el viernes con la denuncia de Richard [Arce] constaté que también me habían hecho el depósito. Ese mismo día mandé una comunicación al Congreso pidiendo más información. A raíz de la información dada el fin de semana, ayer domingo mandé otra comunicación expresando mi renuncia a dicho monto. He señalado que me lo descuenten de mi sueldo o en todo caso que me indiquen el mecanismo más rápido de devolución”, comentó el primero. Acotó que su colega Costa ha tomado la misma determinación.

Trujillo explicó que el monto que recibió corresponde a la gratificación trunca de diciembre del 2019, puesto que el Parlamento fue disuelto el 30 de setiembre y ya habían percibido la de julio.

“Lo que ha sucedido es que han depositado a las cuentas los S/5.200 que corresponden a esas gratificaciones truncas. Eso obedece a una situación normal de las remuneraciones y gratificaciones para los congresistas”, apuntó.

Indira Huilca, exlegisladora de Nuevo Perú, envió el domingo un oficio a Manuel Merino, presidente del Parlamento, señalando que el acuerdo de la anterior Mesa Directiva “no fue de conocimiento de los integrantes de la Comisión Permamente ni del resto de excongresistas”.

“Solicitamos se precise cuáles son los conceptos abonados a los excongresistas tras la disolución del Parlamento y si estos se ajustan a criterios laborales claramente establecidos en las normas vigentes. De lo contrario, estos montos tendrán que ser anulados y las decisiones que dieron lugar a ellos, investigados”, indicó.

Por su parte, el Víctor Andrés García Belaunde, exparlamentario de Acción Popular, aseguró vía Twitter: “No he recibido nada. Pero estoy ordenando que el monto que me correspondería lo entreguen a los deudos de los trabajadores del congreso fallecidos por COVID-19”.

5. ¿Es constitucional el abono?

El constitucionalista Víctor García Toma explicó que, durante un interregno parlamentario, la labor de la Comisión Permanente en lo funcional es revisar los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo y emitir un dictamen al respecto.

En lo administrativo, precisó, “es preservar la total marcha del Congreso en lo que corresponde a las labores propias de la Comisión Permanente u otras de carácter administrativo que sea conexo. Pero eso de otorgarse bonos, sueldos extras o gratificaciones, de una primera lectura, es impropio. La nueva Mesa Directiva pudo oponerse al pago y si era irregular debió anularlo”. Sin embargo, consideró que tendrían que evaluarse las posibilidades para esto último.

El constitucionalista José Naupari opinó que en un Congreso disuelto, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente está legitimada para tomar decisiones a nivel de índole administrativo respecto a los exlegisladores “solo para reconocimiento de derechos o pagos que se hubiesen generado por actividades generadas por estos hasta el 30 de setiembre”.

“Ellos no podrían generar ningún pago por alguna actividad posterior al 30 de setiembre”, precisó.

6. ¿Cuál ha sido la decisión final de la actual Mesa Directiva?

Un acuerdo tomado la tarde de este lunes determinó “dejar sin efecto” los acuerdos 120 y 122 del año 2019 de la anterior Mesa Directiva. Asimismo, “disponer que la Dirección General de Administración realice las acciones pertinentes y conducentes con el propósito de determinar la constitucionalidad y legalidad de los montos pagados como gratificación proporcional a los excongresistas de la República”.

En breve comunicación con El Comercio, Luis Valdez, primer vicepresidente de la Mesa Directiva, señaló que después del informe legal-constitucional se podría determinar la solicitud de devolución de los pagos realizados. A su juicio, “es lo que corresponde”.

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