El Ministerio del Interior oficializó la salida de 24 prefectos regionales, tal y como fue acordado en un reciente Consejo de Ministros. La decisión de remover a dichas autoridades políticas nombradas por el Gobierno de Pedro Castillo se dio teniendo en cuenta su papel en las violentas protestas tras la vacancia presidencial.
El miércoles, tras conocerse la decisión del Gobierno, El Comercio informó que un documento de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) menciona a 11 subprefectos y un prefecto –de distintas zonas del país y todos nombrados durante el gobierno de Pedro Castillo– que firmaron los planillones que el Movadef presentó en el 2013 cuando intentó inscribirse como partido político. Algunos de los que aparecen en la lista también militan en Perú Libre.
Justamente, entre los ahora ex prefectos se encuentra el de Apurímac, Eliseo Huamaní Curihuamaní, quien es integrante del Fenate, sindicato de maestros fundado por Pedro Castillo, quien acumula doce denuncias fiscales en su contra desde el 2012. La más reciente, del 2021, por el presunto delito de usurpación de un inmueble.
Además, El Comercio ya había informado en octubre que el 42% de prefectos y subprefectos nombrados por Castillo eran militantes de Perú Libre.
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La resolución suprema 286-2022-IN, publicada este jueves 15 de diciembre en el boletín de normas legales de El Peruano, lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, César Cervantes.
Ahí, se detalla que la Dirección General de Gobierno Interior propuso ante el Viceministerio de Orden Interno que se acepten las renuncias (9) y se den por concluidas las designaciones (15) de los servidores designados como prefectos regionales en las jurisdicciones a nivel nacional.
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En total, se aceptan las cartas de renuncia de nueve prefectos, y se dio por concluida la designación de otros quince funcionarios en este mismo rango.
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Salida de prefectos regionales
La renuncia y destitución de los 24 prefectos regionales se lleva a cabo luego de que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, adelantara que el Ejecutivo tomaría esta decisión por acuerdo del Consejo de Ministros.
“Hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y la representación locales en donde se mueven estos prefectos [...] Lo que nosotros queremos son funcionarios probos, funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que (alteren) el orden público”, indicó en declaraciones a RPP.
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