Jorge Alva Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y padre de la ministra María Antonieta Alva, se presentó este viernes en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los contratos que firmó el consorcio Geoservice Hidroenergía con el Estado.
Una de las empresas que conforman el consorcio es Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L. En esta última, Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra María Antonieta Alva, figuran como accionistas.
En su presentación, Alva Hurtado dio a conocer que la fiscalía ha iniciado una indagación de este caso. “Ayer recibí una nota de la fiscalía, que está tomando acciones al respecto. Nos someteremos a las investigaciones que la fiscalía estaría haciendo”, indicó esta mañana.
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María Antonieta Alva fue designada ministra de Economía y Finanzas el 3 de octubre de 2019. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, el PSI otorgó una buena pro de S/1 millón 557 mil al Consorcio Geoservice Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura.
Fuentes de El Comercio confirmaron que se ha abierto una investigación de oficio contra Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi por presuntas irregularidades en el contrato suscrito por el consorcio y el PSI. La indagación está a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcántara, de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. Se les acusa del presunto delito es colusión simple.
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Esa sociedad había sido conformada por Alva Hurtado, Juan Armando Olazabal Álvarez, el hijo de este último y el hijo de Alva Hurtado. Desde el 2015, la empresa fue asumida por Olazabal Álvarez.
César Azabache, abogado de Jorge Alva Hurtado, dijo a El Comercio que la Fiscalía Anticorrupción ya les ha notificado sobre el inicio de esta investigación de oficio.
“La fiscalía anticorrupción nos acaba de notificar una disposición en que nos informan que han tomado nota de las respuestas públicas del ingeniero Alva sobre el contrato firmado por el señor Olazabal en diciembre del 2019, y que tomarán cuatro meses para confirmar el contenido de esas respuestas y descartar que en estos eventos se haya cometido algún delito”, dijo Azabache.
“Olazábal no debió firmar ese contrato con el Estado por las razones indicadas. Ella [María Antonieta Alva] fue designada en octubre [del 2019]. No ha debido firmar ese contrato porque hay ese impedimento. Yo desconocía [las contrataciones]”, exclamó el rector de la UNI.
Alva mantiene el 40% de las acciones
Alva Hurtado dijo que el 2015 renunció al cargo de gerente técnico de Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L., y solicitó su liquidación, así como el alejamiento de la empresa.
Sin embargo, la liquidación de sus beneficios sociales no se dio y por ello inició una demanda, en octubre del 2019, ante el 18º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, el cual sigue pendiente. La renuncia al cargo se hizo a fines del 2014, pero fueron efectivas a inicios del 2015.
“En la expresión de una disputa por medio millón de soles que se arrastra desde el alejamiento del ingeniero Alva de la empresa que maneja el señor Olazabal desde finales del 2014″, añadió el abogado Azabache.
Aunque la renuncia de Alva Hurtado fue aceptada en diciembre el 2015, en una carta notarial enviada a Olazabal en enero del 2019, solicita que se inscriba en Registros Públicos su renuncia y con ello dejar constancia de este registro ante la Sunat.
Sin embargo, a la fecha él cuenta con el 40% de las acciones de Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L. y su hijo el 10%.
“Actualmente, tengo el 40% de las acciones”, dijo este viernes. Además, comentó que en su Declaración Jurada de Intereses se ha corregido el error sobre su participación en la empresa –antes figuraba 90%– y renuncia al cargo.
Debido al litigio, Jorge Alva Luperdi tampoco ha podido desligarse del 10% de sus acciones. Actualmente, él se encuentra fuera del país debido a que labora para el Banco Mundial en Sudáfrica.
Alva Hurtado se alejó de la empresa debido a que el 2015 fue designado rector de la UNI, y señaló que no ha recibido utilidades de esta desde el 2014.
“Hice esfuerzos personales de conversación y hay cartas notariales. El problema laboral persistía desde el 2014 y no habiendo llegado a una condición amigable, recurrimos a entablar un juicio laboral. Después del juicio laboral, hay un esfuerzo de la venta de las acciones, las cuales las hemos ofrecido. El socio [Juan Armando Olazábal Álvarez] no quiso aceptar ni hubo interés en hacerlo y me dio la libertad de ofrecer las acciones a un tercero”, comentó Alva.
El abogado Azabache dijo a El Comercio que la investigación “no trata sobre la tenencia de las acciones del ingeniero Alva Hurtado ni de las de su hijo”, sino de las circunstancias en las que Olazabal firmó el contrato de diciembre del 2019.
“Como ya hemos dicho, desde nuestro punto de vista, que el señor Olazabal haya sabido, como sabía, que las acciones del ingeniero Alva y de su hijo seguían inscritas en la empresa debía ser suficiente para impedirle firmar ese contrato y sin embargo lo firmó. Eso es lo que debe investigarse”, respondió Azabache.
Debido a que no llegaron a un acuerdo, desde febrero del 2016 Alva cursó cartas notariales a Olazábal para que proceda la cancelación.
“Por desgracia, en el Perú renunciar a acciones como estas, de las que aún no he logrado deshacerme, es muy complejo. No basta con mi voluntad o la voluntad de mi hijo. Debo llegar a un acuerdo con quien fue mi socio y con el tengo ahora un juicio”, escribió Alva el 30 de julio en su cuenta de Twitter.