:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2EQJNQ3NUVFBRABSXR6OLJNZYM.png)
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, se presentó este martes en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por, entre otros temas, el contrato que firmó el consorcio Geoservice Hidroenergía con el Estado.
El 27 de noviembre del 2019, se otorgó una buena pro de S/1 millón 557 mil al consorcio Geoservice Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura.
MIRA: Fiscalía abre investigación contra padre de ministra Alva por contratos con el Estado
Una de las empresas que conforman dicho consorcio es Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L., donde Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra, figuran como accionistas.
Esta sociedad había sido conformada por Alva Hurtado, Juan Armando Olazabal Álvarez, el hijo de este último y el hijo de Alva Hurtado. Desde el 2015, la empresa fue asumida por Olazabal Álvarez tras la renuncia del padre de la ministra al cargo de gerente técnico, pues asumió el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Durante su exposición, la ministra puntualizó que a partir de un informe del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) “queda claro” que Juan Armando Olazabal Álvarez “no debió firmar ese contrato” porque ella ya estaba en el gabinete.
Casi dos meses antes de haberse dado la buena pro, Alva Luperdi fue designada ministra de Economía. Debido a ello, Jorge Alva Hurtado se presentó también el viernes pasado ante la Comisión de Fiscalización para responder por esta contratación.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CIAOLORN3REDLA7TCQB6ZAGGOM.png)
"Sigo trabajando con el mismo compromiso hasta que el presidente de la República lo determine", dijo la ministra Alva al ser cuestionada por un congresistas. (Captura: Congreso)
La ministra Alva dijo que en este caso hay dos niveles de responsabilidades: por parte de la empresa, que tenía impedimentos para contratar con el Estado en el marco de la Ley de Contrataciones, y por parte del PSI.
“El marco legal prevé que el PSI tiene que verificar la validez de todos los documentos. Con eso, se ha puesto en conocimiento al Tribunal [de Contrataciones] del OSCE. De la misma manera, se ha puesto de conocimiento al sistema de control del PSI”, detalló Alva.
Detalló que el Tribunal de Contrataciones, donde se está investigando el caso, dará un veredicto sobre las sanciones. Y, de manera complementaria, el Sistema de Control Interno del PSI está definiendo los niveles de responsabilidades en la contratación.
La ministra Alva añadió que, debido a que el caso está siendo investigado por la Contraloría y el Ministerio Público, decidió mantenerse al margen del proceso. “Apenas se tomó información del asunto, el viceministro de Hacienda recopiló el caso”, dijo.
La Contraloría dijo a El Comercio que la información sobre este caso está siendo recopilada desde el 31 de julio. Para ello, informaron, se acreditó una comisión que está analizando la información existente. Apenas concluyan o se tenga el resultado de la misma, se darán a conocer los resultados del servicio de control realizado. No se precisó sobre un plazo para dar a conocer estos resultados.
El último viernes, fuentes de El Comercio confirmaron que se ha abierto una investigación de oficio contra Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi por presuntas irregularidades en el contrato suscrito por el consorcio y el PSI. La indagación está a cargo de la fiscal Norah Córdova Alcántara, de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. Se les acusa del presunto delito es colusión simple.
César Azabache, abogado de Jorge Alva Hurtado, dijo el viernes a El Comercio que la Fiscalía Anticorrupción ya les ha notificado sobre el inicio de esta investigación de oficio.
“La fiscalía anticorrupción nos acaba de notificar una disposición en que nos informan que han tomado nota de las respuestas públicas del ingeniero Alva sobre el contrato firmado por el señor Olazabal en diciembre del 2019, y que tomarán cuatro meses para confirmar el contenido de esas respuestas y descartar que en estos eventos se haya cometido algún delito”, dijo Azabache.
VIDEO RECOMENDADO
