Ministro del Interior insiste en defender nombramiento de prefectos pese a cuestionamientos: “Ninguno de los designados tiene sentencia”

El ministro del Interior, Avelino Guillén, señaló que los prefectos nombrados durante su gestión no tienen ninguna sentencia ni una investigación en curso por algún delito.

En declaraciones a la prensa desde Mesa Redonda, el ministro dijo que los prefectos son nombrados por sugerencia del presidente, pero que los nombres propuestos fueron cruzados con la base de datos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para garantizar su idoneidad.

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“La designación de prefectos es un proceso largo, son a propuesta del presidente y se evalúa en el viceministerio de orden interno y también interviene la Dircote. Ninguno de los designados tiene sentencia ni proceso en trámite por ningún delito, los que tienen cuestionamientos judiciales han sido rechazados, no se ha designado gente vinculada al terrorismo”, aseveró.

“Si alguien no cumple con los requisitos no se les nombra, y si ya se les nombró, entonces se deja sin efecto. Los prefectos tienen que guardar absoluta neutralidad en el proceso electoral. Hemos tenido especial cuidado para que estas personas cumplan con los perfiles”, agregó.

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Sus declaraciones se dan frente a los cuestionamientos que hay el nombramiento de dos prefectos regionales supuestamente involucrados con Movadef, organización fachada de Sendero Luminoso.

En la Resolución Suprema N° 257-2021-IN se nombró al docente Eliseo Huamani Curihuamani en el cargo de prefecto regional de Apurímac. Huamaní Curihuamani es docente natural de la provincia de Aymaraes (Apurímac) y figura como firmante del Movadef, según señaló Perú21. Además integra la Fenate Perú, sindicado fundado por el presidente Pedro Castillo.

Mientras que en la Resolución Suprema N° 258-2021-IN se designó Cinthya Karina Lindo Espinoza por la región Piura. La también excandidata al Congreso por Perú Libre es investigada por la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo-PNP) por su participación en las actividades para la recolección de firmas a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

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