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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, afirmó que será el Poder Judicial el que decida si los pedidos de los investigados bajo prisión preventiva son atendidos y se ordena su arresto domiciliario debido al estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.
“En estos casos, no es la regla internacional ni nacional. El que decide la variación de la libertad o la situación jurídica de una persona en un establecimiento penitenciario mientras es procesada o que tenga una medida preventiva es el Poder Judicial. Es él el que tiene que establecer, como ha sucedido con otros poderes judiciales [...] cuáles son las circunstancias que ameritan o no que la persona abandone la prisión con determinado tipo de medidas intensas o menos intensas”, indicó en declaraciones a Exitosa.
Castañeda respondió esto cuando fue consultado sobre los pedidos de los abogados de diversos investigados por el caso Lava Jato, como Susana Villarán, César Villanueva y Jaime Yoshiyama, para que la prisión preventiva sea revocada por un arresto domiciliario por temor a un posible contagio de coronavirus dentro de sus respectivos penales.
“Es el Poder Judicial, un poder autónomo, el que tendrá que evaluar los pedidos que las defensas respectivas realicen [...] Coincido en que no debe haber discriminación”, añadió.
El titular del Minjus aseguró también que el Gobierno está evaluando medidas para atender a las poblaciones más vulnerables dentro de los penales, incluyendo la aplicación de medidas alternativas a las penas privativas de libertad (Decreto Legislativo 1300), o la aplicación estricta de gracias humanitarias.
“La aplicación de gracias humanitarias tiene criterios respectivos. Cuando era viceministro, me desempeñaba como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y conozco al detalle los criterios, procedimientos y precauciones que se tienen que tener en cuenta para poder certificar que la persona esté en la situación que dicen las normas”, manifestó.
Nueva jefatura del INPE
Fernando Castañeda comentó que se procedió a renovar la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para poder tomar medidas trasversales que permitan evitar motines, como el que ocurrió en el penal de Piura que dejó dos muertos y decenas de heridos, y el monitoreo del estado de salud de los adultos mayores, entre otras acciones en medio de la emergencia por los casos de coronavirus a nivel nacional.
“La medida que se ha tomado de renovar el Consejo Penitenciario apunta a ello. Agradecemos al anterior consejo, pero requerimos mayor toma de decisiones a nivel integral para poder (atender) estos tema que requieren un trabajo simultáneo”, indicó.
El Minjus publicó este martes tres cambios en el Consejo Nacional Penitenciario, incluyendo al nuevo presidente del INPE, Gerson David Villar Sandy, quien en el 2019 fue nombrado como Director Ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles. Él entra en reemplazo de César Cárdenas Lizarbe.
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INPE cuenta con nuevos directivos desde hoy.
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