La secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, habría incurrido en el delito de negociación incompatible por haber contratado, cuando era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a la tía de su hija para realizar encuestas por 45 días con un salario de S/4.500, según coincidieron los abogados penalistas Romy Chang y Enrique Ghersi.
El contrato a favor de Claudia Teresa Mere Vidal data del 20 de setiembre de 2017, fecha en la que Morales estaba a cargo de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC. En ese momento, la ingeniera industrial no contaba un título profesional y se había registrado como proveedora del Estado tres semanas antes, de acuerdo a un informe de “Panorama”.
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La penalista Romy Chang explicó a El Comercio que el Código Penal no sanciona el nepotismo, que es una falta administrativa, pero sí remarcó que castiga a los funcionarios públicos que favorezcan la contratación de un familiar o un tercero. Agregó que la conducta de la ahora secretaria general de la Casa de Pizarro podría enmarcarse en el artículo 399.
La negociación incompatible o el aprovechamiento indebido del cargo se da, refirió, cuando un servidor público indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, “en provecho propio o de un tercero”, de cualquier contrato u operación en el que interviene “en razón de su cargo”. Este delito tiene una pena de entre cuatro y seis años de prisión.
“La situación de esta señora es complicada, se tiene que verificar si fue ella la que ordenó o la que recomendó a esta persona [Mere Vidal]. También si el trabajo de las encuestas se realizó y si era necesario en ese momento. Por ahí debe girar la investigación penal sin perjuicio a una sanción administrativa”, subrayó Chang.
El abogado penalista Enrique Ghersi coincidió con Chang, en el sentido, de que Morales habría incurrido en negociación incompatible. También afirmó que el Ministerio Público puede iniciar pesquisa contra la alta funcionaria del Ejecutivo por otros presuntos ilícitos, como nombramiento o aceptación ilegal de un cargo (artículo 381 CP) y colusión (artículo 384).
“Se debe determinar si la persona que contrató cumplía con los requisitos, aunque este delito se castiga con días multa, el más grave es el de colusión, que tiene una pena de hasta 15 años”, manifestó.
Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, discrepó con Chang y Ghersi al sostener que a Morales solo se le debe investigar por el artículo 381 del Código Penal.
“Hay una norma expresa para sancionar un nombramiento ilegal, cuando se designa a una persona que no tiene los méritos ni las condiciones para ejercer una función, lo otro, para mí no aplica”, expresó.
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En la mira del Parlamento
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgard Alarcón (UPP), adelantó a este Diario que, durante la sesión de este martes, solicitará abrir una investigación a Morales por la contratación de Mere Vidal en el MTC. Agregó que también propondrá revisar los servicios que ha brindado Jorge Mere Vidal, expareja y padre de la hija de la secretaria general de Palacio de Gobierno, al Estado en los últimos años.
“Ella estuvo en la comisión el último viernes, estuvo bajo juramento, y se le preguntó si había ayudado o facilitado el ingreso de algún familiar al sector público, respondió que no. Le ha mentido al Parlamento, por los hechos revelados vamos a plantear que se comience una investigación a Morales”, dijo en una breve comunicación.
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Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que Morales continúa trabajando con normalidad. Agregaron que, como Despacho Presidencial, no emitirán ningún pronunciamiento sobre la denuncia hecha en “Panorama”.
“Ella está acudiendo a responder a las consultas de diversa índole que le están haciendo las instituciones competentes y es lo que corresponde, además, como funcionaria pública. Siempre estamos sujetos a cualquier tipo de investigación y participamos con la mayor responsabilidad y respeto”, señalaron.
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Ghersi afirmó que la contraloría podría abrir, por su lado, un proceso administrativo por presunto nepotismo a Morales. Agregó que esta falta se castiga con hasta cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los contratos de Claudia Teresa Mere Vidal con el MTC continuaron en el 2018 y 2019. Ella cobró S/22.500 y S/6.750 por dos nuevas órdenes de “servicios profesionales” en el MTC.
Jorge Mere Vidal registra un pago de S/20.000 por servicios prestados en el Programa Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía en junio de 2019.
El Gobierno designó, en noviembre del año pasado, a Juan Alarico Morales como asesor de la gerencia de la Sunarp, a pesar de que hasta la fecha solo tenía experiencia en derecho deportivo. El hermano de Mirian Morales renunció a los pocos días ante las críticas a su nombramiento.
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