Mirtha Vásquez: “El Congreso ha sido visto como una agencia de empleos”

En entrevista con El Comercio, Vásquez detalla sobre los polémicos pedidos de viajes hechos por sus colegas de bancadas mayoritarias, las presiones que pasó durante su gestión con temas como la devolución de fondos de la ONP, así como una autocrítica a los ascensos que había aprobado recientemente. Una decisión sobre la cual reculó la tarde del martes.

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Además, comenta cómo se realizará la transferencia de su cargo y sugiere algunos pendientes al nuevo Congreso. Entre ellos, la reforma de la vacancia presidencial.

—Hemos vivido años de fuerte enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Cuando usted asume la Presidencia del Congreso, da la impresión de que el problema se traslada a la interna del Legislativo, ¿esto ocurrió cuando usted asumió la Mesa Directiva?

Cuando asumo como presidenta mi intención fue seguir ejerciendo el control político, de fiscalización, pero eso no debe suponer que estamos enfrentados de manera constante. He sido crítica con el Ejecutivo, pero hay que encontrar puntos de convivencia porque eso supone la gobernabilidad en el país. [...] Creo que hay dos factores que generan mucha resistencia a mi presidencia. Uno es que provengo y llego a la presidencia por un proceso de cuestionamiento social. Quienes me eligen en realidad no votaron por mí porque se sintieran representados, sino porque se ven forzados por la opinión pública a hacerlo. Lo segundo, los colegas se dan cuenta de que hay una forma de ejercer la gestión como presidenta del Congreso que difiere de los periodos pasados. Intento hacer una gestión diferente, en la que me aparto de varios procesos que históricamente se habían hecho así. Por ejemplo, cómo se contrataba al personal o cómo se gestionaban pedidos.

—¿Ha identificado a estos grupos que tenían la animadversión?

Es conocido, no puedo tampoco señalar bancadas completas. Hemos tenido 11 bancadas, cada una impresionantemente heterogénea, no con una sola posición definida.

—Se han visto ataques de ciertos congresistas de Podemos Perú, APP, Acción Popular. Cuando recibe estos cuestionamientos, ¿por qué nacen?

Hay personas dentro de estos grupos políticos que, primero, algunos tienen intereses particulares y por eso hay una animadversión hacia mí por mis posturas. Segundo, también el tema de género jugó mucho. Son cosas que han ido generando, en determinados congresistas, una revancha muy dura. Desde que me senté como presidenta del Congreso no hubo día que no reciba un ataque, me amenacen con una censura o me pidan una renuncia.

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—¿Qué presiones ha tenido en el Congreso respecto a proyectos o iniciativas específicas?

Hemos tenido varias presiones respecto a temas cuestionados porque eran propuestas no viables y eran populistas, hacia las cuales marqué mi posición.

—¿Cuáles, por ejemplo?

[La devolución de fondos de la] ONP era un claro ejemplo de que era una propuesta no viable, que iba a impactar en varios grupos que están sosteniéndose con esos fondos. Había un trasfondo político, populista. Había una presión impresionante, no solo de parte de parlamentarios. Se armaron supuestos grupos de interés que venían, se pusieron en huelga de hambre. Veíamos que eran unos muchachos de 17, 18 años que no podían ser aportantes. Da la impresión de que se armó una red para generar un aparente soporte de esta propuesta. Se atrevieron a amenazarnos hasta de muerte si no lo poníamos en debate. Hay una denuncia interpuesta porque llegaban amenazas espantosas. Todo lo he reportado. Representan una práctica peligrosa, lo he llamado “sicariato político”, que se estaba instalando en el Congreso.

—Reveló que otra de las presiones fue por parte de congresistas que pedían viajar a Estados Unidos. ¿Quienes acudieron lograron viajar?

Hubo muchos pedidos desde que iniciamos la gestión porque hay una práctica aquí, supongo que así siempre ha sido como nos decían los funcionarios. Los parlamentarios piden autorizaciones para viajar. Algunos, los viajes que solicitan hacer, son justificados. Pero los últimos meses empezaron a llegar solicitudes para viajar a Estados Unidos.

—¿De diferentes bancadas?

Sí, pero principalmente las más grandes.

—Es decir, ¿Acción Popular y Alianza para el Progreso?

Acción Popular, Alianza para el Progreso, que son las más numerosas. Desde mi punto de vista no se justificaban. Les expliqué transparentemente que estábamos a un mes de irnos, si el Estado invierte tanto dinero...porque no es solo los pasajes lo que piden: son los viáticos, y cada viaje nos cuesta entre 15 mil a 20 mil soles.

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—¿Eso le pedían a usted, entre 15 mil y 20 mil soles?

Claro, eso es lo que se calcula porque cuando hacen la solicitud aquí tenemos varios departamentos. Economía emite un informe de lo que costaría eso, según los días y pasajes, y todo ese informe se adjunte. Para invertir 15 mil a 20 mil soles el Estado, ¿cómo se retribuye eso? Tiene que ser una inversión. Si se va a aprender a legislar o aprender labor de fiscalización en Estados Unidos, ¿cómo lo retribuye si estamos de salida?

—¿Ese dinero era por congresista?

Por congresista.

—¿Cuántos congresistas pedían esto?

Sí, hubo siete u ocho casos que se llegaron a formalizar. Eso creo generó incomodidad para los parlamentarios. Ellos llegaban incluso a averiguar si el Congreso tiene presupuesto. Me decían: pero sí hay presupuesto, por qué hablas de austeridad. Yo también coloqué que estamos en una etapa de austeridad. A veces he tenido que decirles que crucen la reja para que vean que hay gente que se muere de hambre. Creo que eso tiene que ver con los hechos que vinieron después, las censuras revanchistas.

—Pero hubo un grupo que sí viajó a Utah, ¿cómo se aprobó eso?

Ahí hubo una invitación y me enteré que incluso se estaba haciendo un informe positivo. Llamé al colega encargado y le dije que no iba a autorizar esos viajes.

—¿Qué colega fue?

Habían pedido varios irse, estaban Leslye Lazo y varios de Acción Popular. Resulta que, al final, tuvieron un informe positivo. Cuando viajaron, llamé a la oficina encargada y pregunté cómo viajaron. Me dijeron que como no firmé ningún acuerdo de mesa, ellos tienen la autorización como oficial, pero no se fueron pagados por el Congreso. Fueron con su dinero. Figuran como que sí se autorizó, pero la autorización no implicó recursos.

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—¿Alguien transparentó al Congreso si se vacunaron en Estados Unidos?

No, nadie lo hizo. Curiosamente, los que más han viajado fueron congresistas de Acción Popular, que fueron los que propusieron la moción para hacernos una prueba e identificar quiénes se habían vacunado.

—¿Una pérdida de tiempo esa sesión para aprobar la moción de peritaje para conocer quiénes se vacunaron?

Sí, y una moción sin sentido que no quise poner a debate. Aún desconociendo los procedimientos médicos, por información sabía que esas pruebas no existen.

—El congresista Franco Salinas dijo el martes, en la Comisión Permanente, que se había ascendido a su entorno de manera unilateral. ¿Por qué realizó estos aumentos?

Quiero partir diciendo que todas las mesas directivas han tenido una práctica que yo creo que no es la correcta. Al final de las gestiones, lo que hacían es ponerse de acuerdo con todas las bancadas y cada una daba una cuota de trabajadores para nombramientos, no ascensos, sino que se nombre a tal. Ha sido una práctica rechazada por los propios sindicatos aquí porque se promovía el nombramiento de gente nueva. Tenía la lógica de la repartija: cuántos te toca a ti. Hace un mes, varios se acercaron a decirme: ¿cómo va a ser esta vez?, ¿cuántos tenemos que poner? Yo les dije que no iba a haber ningún nombramiento porque me parece una mala práctica, no está sustentado en nada. Es verdad que las mesas directivas firmaban un acuerdo y con eso se sustentaba. Incluso por eso estaba denunciado el excongresista Luis Galarreta cuando nombraron a 17 personas. Me negué a hacer eso y, en su lugar, sí tenía pensado promover a algunos trabajadores que están cumpliendo labores esenciales o no se les ha reconocido por años la categoría real.

Tenemos una trabajadora que empezó desde limpieza y ahora hace servicio en el hemiciclo. Es un grupo de personas que hacen un trabajo esforzado aunque la gente lo menosprecie. Son encargados de la logística. Es un trabajo cansado porque tenemos la mala concepción de que el parlamentario por su investidura no hace nada, no quieren ni enchufarse el teléfono. Eran un grupo de trabajadores que tienen el mismo nivel, menos una, que trabaja 21 años y no se le puso al mismo nivel que sus compañeros. Es una de la lista, Carmen Lévano Sánchez, ni siquiera lo pidió o hablamos con ella.

Cuando dije no voy a promover nombramientos, pero sí ascensos a personas. Dijimos quién, los asesores decían a Carmen Lévano. Mil disculpas a ellos porque los he expuesto. Sobre Marisol Rebata, es funcionaria de carrera, cuando quisimos cambiar al jefe la promovimos a ella y hace un trabajo valioso.

Estábamos [el martes] en la Comisión Permanente donde Franco Salinas, Ricardo Burga, estaban buscando votos para blindar a Luis Galarreta por haber nombrado a personas sin requisitos, y a la vez me denunciaban por haber promovido ascensos que, además, es prerrogativa de la Presidencia.

—Pero, ¿lo decidió de manera unilateral?

No, luego de informes, lo tengo sustentado, pedí informes de los equipos. Está respaldado con dos acuerdos de mesa donde nos dan esa posibilidad. No hay absolutamente nada ilegal.

Asumo una autocrítica, nosotros decidimos promover estos ascensos para estas personas que particularmente conocíamos su situación. Pero tenemos casi 2.500 trabajadores en este Parlamento y creo que, efectivamente, puede haber situaciones tan injustas como la de ellos en todo lado. Pero claro, no las puedo ver y resolver en este momento. Entonces, los sindicatos han reaccionado, han dicho que hay más casos, entonces aunque sea legal y justo, en términos generales no lo es tanto porque tendríamos que promover a los que están en las mismas circunstancias y entonces reflexionamos eso. Los trabajadores también decidieron que demos marcha atrás. Me he resistido y dije que iba a defender mi decisión, pero también tengo que empatizar con lo que la mayoría piensa y por eso di marcha atrás, pero no porque sea una decisión ilegal. Ayer mandé un documento a la Contraloría para que fiscalicen.

—Es una decisión que puede asumir como presidenta de Congreso, pero de todas formas, ¿por qué no consultó sobre los nombres con sus pares en la mesa?

Respeto a mis colegas, pero creo que hay atribuciones que me corresponden como presienta. Si tomo la decisión, soy quien asume la responsabilidad.

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—Pero para no exponer a estas personas, ¿por qué no consideró que pudo haber hecho una consulta, por lo menos para que no parezca unilateral?

No lo considero unilateral. Las decisiones que me corresponden como presidenta son las que puedo asumir.

—¿Hace cuánto pensaba realizar estos ascensos?

Eso ha venido al último, cuando empecé a ver que había presiones sobre los nombramientos y dije no. Hace un mes, más o menos, pedí que evalúen. No son personas de mi entorno.

—¿Por qué hacerlo hacia los últimos días de su gestión?

Porque creo que al final te permite evaluar. No puedo hacerlo a la mitad del periodo cuando todavía estoy viendo su desempeño. Eso también nos llevaría a generar la suspicacia de que se está queriendo hacer un favor político. ¿En qué me podría beneficiar? Nadie me podría cuestionar por eso.

—Aunque, ¿no genera mayor suspicacia que lo haya hecho a puertas de salir?

Considero que no. Hubiese generado suspicacia si hacía como las otras mesas directivas, dejando gente nueva, nombrada y sin hacerse responsable. No estoy dejando gente nueva, sino promoviendo a trabajadores de la institución.

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—Los ascensos se dejaron sin efecto, ¿fue por un error de parte de usted o por la presión que recibió?

Se dejaron sin efecto por una situación práctica, que es el pedido de los propios trabajadores. Incluso piensan interponer una acción contra los congresistas que han tocado sus nombres. Esa situación de presión de ellos sí hay que considerarla. No es que nos equivocamos, pero sí creo que hay que tener en cuenta las sensaciones que los trabajadores tienen.

—¿Por qué considera que esto fue una “represalia política” de parte de sus detractores?

Yo sé que ellos tenían esta información porque me venían amenazando.

-—¿Hace cuánto?

Hubo pasquines hace meses atrás, el mes pasado también circulaban. Pero ayer, cuando hice la revelación, yo salí a denunciar las presiones que hubo, una de ellas los viajes, pero otra ha sido el tema del personal. El Congreso, tradicionalmente, ha sido visto como una agencia de empleos. Decidí transparentar esa información y a partir de eso se identificó que aquí está lleno de gente de partidos políticos que han llegado por temas presuntamente clientelares. Creo que cuando se ven tan expuestos, ellos reaccionan, quieren exponer y decir que esta gestión está manchada supuestamente de corrupción. Puedo probar que mi decisión no implica eso.

—¿Qué leyes importantes han sido logradas a partir de su gestión?

Uno de los aspectos importantes que teníamos que abordar es la crisis sanitaria, ahí hemos tenido la capacidad de sacar leyes que apoyan la seguridad alimentaria, que abordan temas de salud como la doble contratación que solucionó la falta de médicos. Leyes de vivienda social, la ley antimonopolio. Temas históricos como la eliminación del CAS, estamos decididos a defenderla. Eliminamos leyes que precarizaban el trabajo en la agroexportación. Normas que tienen que ver con género, la ley del acoso político, las casas refugio. En corrupción, empujamos denuncias constitucionales y pudimos desaforar a Edgar Alarcón, inhabilitar a Martín Vizcarra, los exCNM, aprobamos denuncias que tienen que ver con la mafia de Los Cuellos Blancos.

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—Se pudo desaforar a Alarcón, pero no se pudo hacer lo mismo con Humberto Acuña.

Sí, y ahí me quedé frustrada porque no fue un tema que dependa del Congreso. Una de mis primeras acciones fue llamar a la Consejo Directivo porque ya nos habían notificado con la sentencia en segunda instancia. Resolvimos que íbamos a darle curso en el pleno. Pero habiendo resuelto eso, extrañamente el Poder Judicial en Chiclayo expidió una resolución que decía que la sentencia en segunda instancia no es cosa juzgada si es que existe un recurso de casación pendiente, que Acuña había interpuesto. Ese no era un argumento válido porque es un recurso extraordinario, pero qué hacemos frente a una sentencia del Poder Judicial. No es un tema que dependió del Parlamento. La mayoría de colegas estaba dispuesto al desafuero.

—¿Qué autocrítica considera pertinente? En su gestión hubo también complicaciones: la creación de la cuarta legislatura, la elección frustrada del Tribunal Constitucional...

Probablemente no logramos hacer el suficiente trabajo de incidencia con nuestros propios colegas para hacer que comprendan que estas eran medidas contrarias, que deslegitimaban más al Parlamento. La cuarta legislatura la debatimos, pero me hubiese gustado hacer un trabajo más cercano con cada parlamentario para explicar. Creo que estaba decidida esa postura. Luego, cuando no pudimos frenar el avance desmesurado que tenía la Comisión especial del TC, no pude llegar a convencer a mis colegas. Sentí que hubo buena intención al inicio, pero en el camino se fue desfigurando.

—¿Cómo espera que concluya la investigación del Ministerio Público a los congresistas que decidieron continuar con la elección del TC?

Tengo la esperanza de que haya filtros que impidan que los congresistas sean pasibles de una sentencia. Porque luego de la investigación preliminar seguro tendrá que pasar esto por el Parlamento, por el antejuicio, supongo que habrá un espacio en el que el Congreso pueda defender este fuero. De todo esto, lo que esperamos es que la pauta quede clara. Las sentencias no se pueden incumplir y espero que eso se tenga claro para cualquier poder del Estado.

—¿Cómo será la transferencia de su cargo?

Estoy trabajando esta semana, de manera administrativa, para dejar todo claro. El 23 dejaré esta oficina y el lunes, que se elige a la nueva Mesa Directiva, vendré a hacer nuestra entrega de cargo y comentaré cuáles son los avances y pendientes.

—Sobre esos pendientes, ¿qué le entregará a la nueva gestión?

Lo aprobado por este Congreso y no sabemos qué va a pasar, si el Ejecutivo los observará o no, hay leyes que nos interesa se tomen en cuenta. Leyes, por ejemplo, de la Contraloría, que defendemos que se tienen que aprobar, el Ejecutivo las acaba de observar.

—¿Algo de reforma política que esté quedando?

No pendientes, pero que sí quisiéramos que se sigan trabajando. Por ejemplo, temas tan controversiales como la Constituyente, con una composición más inclusiva del Parlamento, normas que tienen que ver con partidos políticos. Este Congreso que viene sí tendrá tiempo de discutir la reforma de cuestión de confianza y vacancia presidencial. Bicameralidad se queda en el tintero y el nuevo Congreso tiene que revisarlo, es importante para mejorar la calidad legislativa. Reforma de pensiones se ha quedado a mitad de camino también.

—¿Las comisiones le han entregado informes para saber qué queda pendiente?

No me ha llegado nada, esperaría que me lleguen dos cosas: los informes de las comisiones y resultados de comisiones que se formaron y no sé en qué quedaron.

—La de dióxido de cloro vimos que quedó en nada, pero este Congreso tampoco ha sancionado a ningún congresista en ética.

Hace falta la reforma de la comisión de ética en el Parlamento. Tal como la tenemos ahora, habiendo sido vicepresidenta, no funciona. Nadie ha sido sancionado. Los últimos días el presidente de la comisión me pasó un par de casos, pero cuándo ejecutamos esa sanción.

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