Montenegro pide prohibir que congresistas incluyan obras en la Ley de Presupuesto

A inicios de esta semana, una respuesta a un tuit que hablaba acerca de un nota de este diario respecto al Anexo 5 de la Ley de Presupuesto llamó nuestra atención.

Se trataba de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien escribió "caliente, caliente". En referencia al juego infantil de frío o caliente, cuando uno se acerca a algo que está buscando.

Este diario reveló que, en los últimos tres años, el Congreso de la República había incluido más de 900 proyectos de obras por un valor superior a los S/ 2 mil millones. El llamado "bolsón congresal". A simple vista, la inclusión de estas obras pasa desapercibida porque el monto representa menos del 1% del presupuesto anual. Además, las modificaciones realizadas no se transparentan, pues no existe registro oficial de las obras añadidas en las actas de la Comisión de Presupuesto.

Así las cosas, contactamos a la ministra para que conteste algunas preguntas a este diario y ella accedió amablemente.

—Ministra, usted también es congresista y ha sido accesitaria de la Comisión de Presupuesto. ¿En algún momento escuchó sobre las prácticas que llevan a cabo sus colegas para introducir proyectos de obras en la Ley de Presupuesto?
Conforme se desprende de diversas publicaciones, entre ellas las tuyas, siempre se ha escuchado este tipo de especulaciones de incorporaciones en el Anexo 5 de la Ley de Presupuesto de cada año.

—¿Qué buscan los congresistas al introducir proyectos de obras en la Ley de Presupuesto? ¿Cuál es el beneficio de esa gestión?
Los congresistas cumplimos la función de representación, por mandato constitucional, en ese sentido se realizan coordinaciones de manera transparente para el beneficio de sus regiones, tocan el tema todo el año, en el pleno, en las comisiones y con cada Ministerio.
Claro que podrían existir otros intereses y direccionamientos, lo que ameritaría una exhaustiva investigación a fin de determinar qué solicitudes fueron atendidas con mucha preferencia, qué jurisdicciones fueron priorizadas, qué contratistas fueron los ejecutores de esos proyectos y en qué condiciones, entre otros datos, que la Contraloría bien podría determinar.

—Ahora que tiene el cargo de ministra, ¿algún congresista se le ha acercado para pedir incluir alguna obra relacionada a su sector? Según nuestra revisión, en los años 2017 y 2018 se incluyeron 4 proyectos en el pliego que usted lidera.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es una cartera que presta servicios netamente sociales a las poblaciones más vulnerables en un 98% y somos el penúltimo [sector] en la asignación de presupuesto. En mi gestión nadie me ha solicitado nada al respecto y si lo hicieran ya saben la respuesta.

—¿Considera que es un tema que debería investigar? ¿A qué entidad le corresponde ver este caso?
Por respeto al país, por supuesto que debe investigarse toda incorporación de proyectos de obras públicas en el anexo 5, en el debate y aprobación en la Comisión de Presupuesto y en el Pleno. Además, debe investigarse qué empresas hicieron las obras, en qué lugar y la calidad de las mismas. La investigación debería realizarse – como ya lo señalé - por la Contraloría General de la República.

—¿Para usted existen indicios de ilegalidad en esta práctica que se ha normalizado en el Congreso?
Hablar de ilegalidad resultaría subjetivo, puesto que, dentro de la labor de representación, los congresistas tenemos la facultad de coordinar y evidenciar la necesidad de incorporar proyectos de obras que las autoridades de nuestras regiones demandan. Por otro lado, muchas veces tal facultad se ve distorsionada por intereses subalternos, los cuales insisto, deben ser exhaustivamente investigados

—¿Cabe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo revise lo aprobado por el Congreso antes de promulgar la ley de presupuesto del 2020?
El Ejecutivo, en cuanto a la Ley del Presupuesto, actúa en tres momentos: al presentar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento público y de equilibrio financiero; al sustentar dichos proyectos en el Congreso (comisiones y Pleno) y en la promulgación de la autógrafa de la ley que remite el Congreso al Ejecutivo.

—De encontrarse que se ha continuado con esta práctica de introducir proyectos para el presupuesto 2020, ¿el presidente Martín Vizcarra debería observar la ley de presupuesto?
Lamentablemente, ni se ha investigado ni se ha probado estas prácticas, por lo tanto, no sería posible manifestarse a priori.

—¿Algún alcalde se le acercó a pedirle llevar a cabo esta práctica cuando usted estaba en el Congreso? APP es el partido con la mayor cantidad de alcaldes en el país.
He recibido y recibo un sinnúmero de autoridades de diferentes gobiernos locales, sin distingo de camisetas partidarias, a todos atiendo, pero nadie me ha solicitado algo indebido ni lo permitiría.

—¿Qué mecanismos se deberían adoptar para que los congresistas ya no puedan realizar esta práctica de introducir obras en la Ley de Presupuesto?
De todas formas, se debe reglamentar, tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso, la imposibilidad de que en la Comisión de Presupuesto o en el pleno se incorporen proyectos de obras en el anexo 5 [de la Ley de Presupuesto]. Estos proyectos deben gestionarse directamente por los alcaldes ante los ministerios, quienes realizarán la calificación social, técnica y financiera.

—Un informe de la Contraloría revela que no hay registro del pedido de congresistas para introducir obras en las actas de la Comisión de Presupuesto. ¿A qué se debe tanto secretismo?
Las grabaciones de las sesiones de la Comisión de Presupuesto y otras, deben constar en los archivos del Congreso, en la investigación que corresponda realizar por parte de Contraloría, esta debe remitirse a dichas grabaciones y no únicamente a las transcripciones de las actas, para así poder determinar el origen de los pedidos y las decisiones adoptadas en la Comisión.

—¿Han hablado en los últimos Consejo de Ministros sobre este tema?
En el Consejo de Ministros se evalúa periódicamente la ejecución presupuestal de todo el sector público y los incrementos para el próximo periodo, de manera específica este punto que es de entera responsabilidad del Congreso, no se ha tocado.

—¿Cómo evalúa el proceso de selección del TC en el Parlamento, donde ya tienen 11 candidatos?
En medio de esta turbulencia política, ni hablar. Necesitamos profesionales de primer nivel que defiendan las causas constitucionales y no intereses personales ni partidarios por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales, hay que revalorar el rol de éste importantísimo órgano jurisdiccional.